La Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara cuestionan la constitucionalidad del DU 010-2025, mientras Fenpetrol busca frenar en el Poder Judicial las medidas de reorganización que podrían afectar a la petrolera y sus trabajadores.

Este martes 25 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) evaluará las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto de Urgencia 010-2025. Esta norma establece las bases para la reestructuración de Petroperú. La audiencia se realizará de manera acumulada, debido a que ambas demandas cuestionan el mismo dispositivo legal.

Los procesos fueron promovidos por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara, quienes critican tanto el uso de un decreto de urgencia para modificar el régimen petrolero como algunas medidas específicas de su reorganización. En paralelo, avanza en el Poder Judicial un proceso de amparo presentado por Fenpetrol —la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros— contra la aplicación del decreto y sus posibles efectos sobre los trabajadores de la estatal.

El cuestionamiento surge por el alcance de los cambios que el Ejecutivo introdujo en la empresa estatal. El DU 010-2025 fue publicado el 31 de diciembre de 2025 y plantea una reorganización patrimonial integral. Entre sus medidas contempla modificaciones en la estructura organizacional, disposiciones sobre el personal y, crucialmente, una mayor participación de ProInversión en la definición y promoción de bloques patrimoniales. La decisión del TC se producirá mientras avanza este conflicto judicial paralelo.

Petroperú llega al TC: ¿qué cuestionan las demandas contra el decreto?

El debate que llegará a la Corte Constitucional no se limita a la situación financiera de Petroperú, sino que toca el núcleo del poder ejecutivo. El tribunal deberá determinar si el Ejecutivo podía utilizar un decreto de urgencia para establecer modificaciones que afectan el régimen y la estructura de una empresa estatal. La Defensoría del Pueblo sostiene que el DU 010-2025 no reúne las condiciones constitucionales para justificar un decreto de urgencia, pues introduce cambios estructurales en Petroperú sin una situación extraordinaria e imprevisible que los sustente. También cuestiona que la norma incorpore a la petrolera al régimen de promoción de la inversión privada del Decreto Legislativo 674, pese a que la Ley 28244 la excluía expresamente de este esquema.

La Municipalidad Provincial de Talara, por su parte, observa las disposiciones vinculadas con la reorganización de Petroperú y sus trabajadores. Entre ellas figura la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, que contempla medidas de reconversión y reducción de personal, así como cambios en la estructura orgánica de la empresa. El cuestionamiento de Talara tiene además un componente económico. La actividad petrolera mantiene una relación directa con la provincia, por lo que una reducción de personal o una modificación importante de las operaciones de Petroperú podría repercutir en el empleo y en la actividad económica local.

Fenpetrol lleva al Poder Judicial la disputa por la reestructuración de Petroperú

Mientras el TC revisará la constitucionalidad del decreto, Fenpetrol abrió otro frente en el Poder Judicial. La organización presentó una demanda de amparo ante el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, ProInversión y Petroperú.

A diferencia de las demandas que verá el TC, este proceso busca proteger derechos constitucionales frente a la aplicación de una norma. Por eso, ambos procesos pueden avanzar de manera paralela: mientras el TC analiza si el decreto es compatible con la Constitución, el Poder Judicial evaluará los efectos que su aplicación podría generar sobre los trabajadores.

Fenpetrol cuestiona las medidas vinculadas con la reducción de personal, los ceses colectivos y los cambios que podría generar la reorganización de la empresa. El gremio también advierte que la reorganización podría terminar afectando el control estatal sobre determinadas unidades de negocio de Petroperú.

Entre sus cuestionamientos específicos está el papel asignado a ProInversión dentro del proceso, lo cual preocupa al sector empresarial.

El proceso, identificado con el expediente N.° 00216-2026-0-1801-JR-DC-05, fue admitido a trámite y tiene una audiencia única programada para el próximo 5 de octubre de 2026.

Fenpetrol busca que el DU 010-2025 no sea aplicado en los aspectos que, según sostiene, afectan los derechos de los trabajadores. La organización considera que la intervención del Estado y las nuevas reglas del juego están poniendo en riesgo la estabilidad laboral de su gremio.

Esta acción judicial complementa el análisis del Tribunal Constitucional sobre la legalidad formal del decreto, pero se enfoca directamente en los impactos prácticos para el personal. Así, Fenpetrol intenta frenar la implementación inmediata de las medidas más duras mientras se espera una sentencia final sobre la base jurídica.

ProInversión y el futuro de Petroperú: trabajadores cuestionan el nuevo esquema

El punto central del conflicto es qué ocurrirá con el control de la empresa estatal. Para Fenpetrol, las medidas previstas podrían abrir el camino a la privatización de determinadas unidades o activos de Petroperú, una posibilidad que el gremio rechaza por el papel de la petrolera en el abastecimiento nacional de combustibles y la seguridad energética.

Esa preocupación se ve agravada por la participación de ProInversión, entidad vinculada a la promoción de la inversión privada. Su rol en la reorganización genera reparos entre los trabajadores, quienes temen que el esquema facilite la entrada del capital privado en unidades específicas del negocio petrolero.

Más allá de lo económico, expertos jurídicos y técnicos también han cuestionado el enfoque del DU 010-2025. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) advierten sobre los riesgos de modificar la estructura sin una evaluación previa suficiente. Ambos colegios sostienen que alterar la organización de Petroperú requiere un respaldo técnico y legal robusto para evitar impactos negativos en la operatividad.

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