Más de 340,000 armas sin registro circulan en el país

Arsenales ocultos: el factor estructural del crimen

La circulación de armamento ilegal se posiciona como la variable más determinante dentro de la crisis de seguridad que vive Perú. Los datos estadísticos confirman esta tendencia, según afirman expertos consultados por La República.. De los 1.267 homicidios registrados en el primer semestre del presente año, 997 se consumaron mediante disparos. Esto revela que los perpetradores tienen un acceso fácil a pistolas y revólveres, ya sea en mercados ilegales de Tacora y Las Malvinas o en sitios clandestinos de la web donde son ofrecidos al mejor postor.

Para terminar con el crimen, primero se debe acabar con este negocio. El uso de armas ilegales ya no es un elemento periférico del delito, sino que constituye el eje central de la violencia letal. "Si nosotros decimos que la cifra está en seis casos de homicidios diarios, la mayoría cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de contrabando de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural", sostiene el exjefe de la División Antisecuestros, coronel PNP (r), Jorge Mejía Asanza.

"El mercado negro de armas siempre ha existido, y, lamentablemente, hay muchos malos militares y policías que facilitan a las bandas criminales", indica Mejía con marcada preocupación. Este tráfico se mueve en distintos puntos del país y en Lima, siendo zonas como Las Malvinas y Tacora lugares clave donde operan de una manera muy reservada. Estas mafias cuentan con un compartimentaje muy bien estructurado para evitar que las autoridades lleguen a los cabecillas. Según Sucamec, hasta enero de 2026 han sido canceladas más de 21 mil licencias de armas de fuego, lo que evidencia la magnitud del problema.

"Si nosotros decimos que la cifra está en seis casos de homicidios diarios, la mayoría cometidos por arma de fuego, nos revela que el delito de contrabando de armas no es una cuestión ni una causa periférica, sino al contrario, se trata de un factor estructural", sostiene Mejía. El acceso a estas armas en los mercados ilegales de Tacora y Las Malvinas permite que el crimen organizado continúe operando con impunidad. Para terminar con la violencia, es imperativo atacar este núcleo del problema.

"El mercado negro de armas siempre ha existido, y, lamentablemente, hay muchos malos militares y policías que facilitan a las bandas criminales", indica Mejía con marcada preocupación. Este tráfico se mueve en distintos puntos del país y en Lima, siendo zonas como Las Malvinas y Tacora lugares clave donde operan de una manera muy reservada.

En el Perú, se calcula que más de 340.000 armas de fuego sin registro oficial circulan activamente en el mercado negro o se encuentran en situación de ilegalidad. Esta alarmante cifra, que se ha incrementado de forma sostenida frente a estimaciones de años anteriores, evidencia los graves problemas de control y el desvío de armamento hacia organizaciones criminales. A esta descripción se debe agregar la falta de fiscalización en las divisiones de control de armamento en fuerzas armadas y policiales. No solo de armas sino de explosivos, como granadas de guerra, apunta el especialista.

El exjefe antisecuestros a La República indica que el aprovisionamiento de las estructuras criminales combina la vulnerabilidad de las fronteras físicas con la inyección de armamento industrial e internacional. Esto habilita otros negocios violentos, fortalece a las bandas de crimen organizado, aumenta su poder de fuego y su capacidad de enfrentar al Estado. Con las armas, las organizaciones imponen el control territorial, cometen asesinatos selectivos y desafían al Estado.

Las cifras son muy alarmantes. Una es apelar a los datos ya verificados de esta tragedia: desde el primero de enero de 2017, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la guerra criminal ha costado al país más de 13.875 vidas.

Durante la gestión de Keiko Fujimori (del 28 de julio al 16 de agosto) se registraron 110 asesinatos, de los cuales 84 fueron causados por bala. Con la actual mandataria el promedio de homicidios subió a seis diarios. Esta alta cifra refleja el impacto continuo del sicariato, la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos agravados en el país.

Una de las víctimas fue el mayor PNP Felipe Andrade Arroyo, quien fue asesinado el primero de marzo de 2017 con un balazo en la cabeza en el mercado Las Mercedarias, en Barrios Altos (Cercado de Lima), mientras perseguía a un delincuente prófugo.

Dina Boluarte, José Jerí, Manuel Merino y Pedro Castillo. La estadística criminal muestra que el miedo se ha intensificado en cada gestión. Durante el gobierno de Dina Boluarte fallecieron por bala 3.657 personas (67,1%), cifra superior a los 5.452 homicidios totales. En la administración de José Jerí, de los 753 crímenes investigados, 537 (71,3%) fueron cometidos con arma de fuego. Este patrón de violencia continuó bajo Manuel Merino, donde se registraron 16 asesinatos y 6 (37,5%) por disparos. En la gestión de Francisco Sagasti murieron 537 personas por bala de los 915 casos totales. Durante el régimen de Pedro Castillo, fueron 1.216 las víctimas de arma de fuego de las 2.091 asesinadas.

El dato histórico es alarmante. En el periodo de Kuczynski, las armas causaron 379 (45,1%) homicidios de los 841 registrados. Mientras que en la gestión de Martín Vizcarra ocasionaron el deceso de 1.349 personas (48,8%) de las 2.762 víctimas totales. En tanto que durante el gobierno de José María Balcazar, 672 personas (71,3%), de los 943 casos registrados por el Sinadef, dejaron de existir por proyectiles.

¿Por qué no frenan los asesinatos? La pregunta clave es si el incremento de homicidios está asociado al crecimiento del uso de armas. ¿Por qué no se detiene la proliferación ilegal de armas, muchas de alto calibre, en manos de asaltantes, secuestradores y sicarios? El disparo fatal que marcó un episodio reciente fue efectuado por Paulo Sinchi Galarreta, alias El Mudo, integrante de la banda 'Los Malditos de Barrios Altos'. Su víctima era conocido como El Cazador o El Sabueso por su destacada trayectoria en la División de Homicidios y como jefe de investigación criminal en San Andrés.

Ante este escenario, surge la interrogante sobre cuántas armas de fuego poseen los civiles. La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) cuenta con un registro histórico de unas 390.157 armas de fuego civiles en el Perú. Estas armas son principalmente usadas por organizaciones criminales para ejecutar delitos graves.

Sin embargo, la Sucamec recuperó e ingresó a sus almacenes 5.290 armas de fuego irregulares o vinculadas a delitos solo entre enero y julio de 2026. La situación pone a prueba la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad, pero también exige de una respuesta de la Sucamec en el ámbito de fiscalización e identificación temprana de adquisiciones anómalas.

De este total, mantiene un padrón activo y regularizado de aproximadamente 182.047 armas con licencia vigente, tras haber cancelado más de 200.000 licencias por motivos como decesos, falta de renovación o procesos judiciales. Son más de 182.995 registros dados de baja por no regularizar licencias y miles más por fallecimiento o reclusión de sus dueños.

Cabe destacar que las armas más usadas son las pistolas Glock y CZ, revólveres Taurus y Smith Wesson, fusiles, carabinas, así como 'hechizas' y 'tramperas'. Además, canceló 21.801 licencias para el porte y uso de armas de fuego de uso civil entre 2025 y enero de 2026, como parte de las acciones de control.

Fusiles AR-15 son desviados a la minería ilegal y a Ecuador. Tienen presencia en la minería ilegal y son contrabandeadas hacia las organizaciones criminales en Ecuador. Solo en el caso de los fusiles AR-15 la importación pasó de unas cuantas decenas a casi 2.000 desde 2021 “para uso deportivo”.

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