La Corte Suprema reactivó la orden de ubicación y captura nacional e internacional contra la exministra Betssy Chávez. Esta medida se suma al contexto en el que ella permanece en México desde el 7 de agosto, fecha en que recibió asilo del país vecino.

Renovación de la orden

La resolución N.° 1, emitida el 14 de agosto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, dispuso continuar con la ejecución provisional de la sentencia condenatoria contra Chávez y otros procesados.

Para ello, se ordenó remitir los oficios correspondientes tanto a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima como a la Oficina Central Nacional de Interpol en Lima. Cabe precisar que esta orden ya había sido emitida originalmente el 19 de mayo por la Policía Judicial.

No obstante, ahora el juzgado estableció que dicha medida sea renovada periódicamente mientras continúe vigente la ejecución provisional de la condena.

Como se recuerda, Chávez fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva. Esta pena le corresponde como coautora del delito de conspiración para la rebelión vinculado a los hechos del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La sentencia también contempla dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 12 millones de soles. Este monto deberá ser pagado de manera solidaria junto con Pedro Castillo, Aníbal Torres y Willy Huerta.

Al respecto, Raúl Noblecilla, abogado defensor de Chávez, cuestionó la decisión del juez Checkley. El profesional sostuvo que la orden no tendrá eficacia en México debido al asilo concedido a su representada.

"Betssy es una asilada, está bajo la protección de un Estado", afirmó a Correo. Asimismo, negó que reciba asistencia económica del Gobierno mexicano y aseguró que buscará trabajo en ese país.

"Ella va a hacer la vida como una ciudadana más en México, una ciudadana que vive de su esfuerzo", sostuvo el abogado.

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