El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, aclaró el revuelo generado tras hacerse pública una carta ciudadana que proponía cambios en la administración del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM).
Días atrás, dicha misiva sugería que la cartera de Justicia asumiera la gestión del museo, desplazando al Ministerio de Cultura, actualmente liderado por el ministro Alberto Beingolea. Álvarez Miranda dialogó con Correo al respecto para reiterar sus observaciones sobre el LUM –cuestionada constantemente por su “parcialización” al relatar la época terrorista que vivió el país– y destacó que hace falta “reorganizarlo todo” debido a que transmite una “postura que no coincide con la realidad”.
En respuesta a si existe alguna gestión en curso sobre el posible traslado del LUM, el funcionario dejó claro: No, ninguna. Yo no participé ni en la iniciativa, ni en la redacción, ni en el recuento de firmas de esa carta, ni como alguien dijo: que yo había “presionado” a la presidenta. Esa carta la hicieron personas –que conozco por mi profesión, por cierto– sin haber coordinado previamente conmigo, porque tampoco tenían por qué hacerlo.
Sobre si compartió la iniciativa en redes sociales, el ministro respondió Sí, cuando enviaron la carta la retuiteé (en la red social X) porque era una muestra de apoyo a una iniciativa, pero a una respuesta que yo había dado antes, que en realidad tampoco se refería a eso. Un tema como ese (la administración del LUM), tan sensible, debería estar, a mi juicio, en (el sector de) derechos humanos. Pero, obviamente, no es una prioridad del gobierno ni nada por el estilo.
Finalmente, al preguntarle qué observaciones tiene para respaldar dicha iniciativa, Álvarez Miranda señaló que, en principio, hay mucha gente que se siente afectada por la perspectiva con la que el LUM enfoca el fenómeno terrorista de los 80 y 90. Hay mucha gente que considera que no refleja la realidad.
Y ante eso, el sector de izquierda que hizo el LUM responde de una manera dogmática: “Tienes que creer en lo que hemos hecho o, si no, no eres demócrata”. Y esa es una postura cuasi religiosa. Es una postura en la que hay que tener fe, es decir, en lo que ellos han concebido; y no atreverse ni siquiera a ponerlo en discusión.
Esa postura, sin embargo, carece de validez dentro de un Estado de Derecho. Si bien los jueces tienen competencia para evaluar la constitucionalidad de las leyes del Congreso, los ciudadanos no podemos objetar el LUM. En este momento ni siquiera podríamos impugnar las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, lo cual sería una decisión profundamente antidemocrática.
¿Por qué cree que ese sector que menciona no se siente representado?
La respuesta radica en cómo se transmite la historia oficial. El LUM actual sugiere que hubo una guerra entre grupos subversivos y militares, presentando al pueblo peruano como el único perjudicado por esa lucha ajena. Esta narrativa choca frontalmente con la realidad histórica conocida por todos los peruanos.
Nosotros, quienes vivimos esa época, sabemos perfectamente que todo comenzó con la decisión de un grupúsculo marxista de levantarse en armas motivado por ideología y no por necesidad política. Desde el inicio, estos actores comenzaron a matar policías y bodegueros del interior del país, calificándolos simplemente como "capitalistas".
A medida que la refriega se extendió durante dos décadas, las Fuerzas Armadas fueron aprendiendo sobre la marcha cómo combatir eficazmente este fenómeno. Su estrategia exigía ocultarse entre la población civil. Es así como la responsabilidad del terrorismo recae propiamente en los terroristas, en los medios de comunicación que los toleraron y justificaron, y en parte de una izquierda que, cada vez que se atrapaba a uno de los líderes, corría firmas para que los liberaran. De eso hay varios ejemplos.
Obviamente, también existe cierta responsabilidad en algunos militares y policías. Otros, por ignorancia sobre cómo combatir realmente el terrorismo, cometieron excesos y barbaridades. Esos hechos han sido juzgados en el Poder Judicial; muchos de ellos están pagando condenas a pesar de su edad avanzada. También a pesar de alguna polémica jurídica porque si bien es cierto algunos hechos constituyen actos de lesa humanidad, otros no.
¿Qué cambios hacen falta, en este caso? ¿Cuáles serían los primeros pasos hacia un cambio?
Básicamente, hay que reorganizarlo todo, desde el inicio hasta el final; desde un aspecto técnico, por cierto. Hay que evaluar cómo es que se va a mostrar la historia reciente del terrorismo a los escolares, a las nuevas generaciones que no lo han vivido y que, por cierto, lo han estudiado muy poco en el colegio.
Miles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas dejaron sus vidas o quedaron con graves problemas de movilidad durante el combate en defensa de la sociedad. Sin embargo, estos héroes no fueron escuchados, ni tampoco lo fueron sus familiares, víctimas tanto del MRTA como de Sendero Luminoso. Lo que realmente ocurrió fue un ocultamiento deliberado dentro de los planes de estudio, ejecutado de manera maliciosa e interesada para que la mayoría desconozca lo sucedido.
Por ello, es imperativo evaluar desde la concepción misma cómo debe presentarse el terrorismo, evitando fraccionar la historia en pisos o espacios determinados. La lucha contra el terrorista es extremadamente dura porque este se oculta de manera cobarde entre la población civil para atacar desde allí, lo que dificulta tener precisión sobre quién combatir y a quién no.
Aunque existieron actos de barbarie cometidos por uniformados —episodios que sí fueron condenados por la justicia peruana—, el enfoque actual resalta casi exclusivamente estos casos. Es fundamental recordar que también hubo actos de barbarie en Vietnam o en el combate contra cualquier terrorismo mundial.
Para ilustrar este punto, recuerden cómo todavía se discute en Alemania cómo combatió a la Rote Armee Fraktion o cómo Italia enfrentó a las Brigadas Rojas. La narrativa actual ignora que la inclusión social es un tema políticamente respondido por una tendencia ideológica específica.
Bajo esta óptica, la inclusión no debe mezclarse con la explicación del terrorismo. La inclusión es transversal en todas las políticas públicas, pero no estoy seguro de si tiene lugar en un museo diseñado específicamente para contar un episodio histórico cruel y sanguinario.
Dicho episodio fue motivado por el marxismo-leninismo, una realidad que exige ser tratada con la debida precisión histórica y sin distorsiones. En el LUM se debe reorganizarlo todo, del inicio al final, para garantizar que los hechos sean presentados con integridad.
Es necesario que la memoria colectiva no sea manipulada mediante omisiones selectivas que favorecen una visión parcial de la historia nacional.
Tampoco se pueden ignorar problemas de infraestructura, marginación social y racial en un museo con un propósito definido, que debe desarrollarse técnicamente y estrictamente apegado a los hechos. Respecto al diálogo con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, la respuesta es sí, pero no hubo ningún debate real. Hemos conversado de ocasión, precisamente en la presentación del Gabinete. Coincidimos en que primero no hemos peleado ni discutido; ni siquiera habíamos tocado el tema antes. Mi comentario fue una respuesta a una pregunta en una entrevista, y lo suyo también respondió a otra donde dijo: «Bueno, la verdad es que no hay nada». Hasta el momento no existe ningún pedido, ninguna solicitud de evaluar el tema. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en lo prioritario: seguridad, legislación delegada y preparación para el fenómeno El Niño (…). No hubo conexión absoluta entre el ministro, el ministerio de Justicia y el grupo ciudadano que produjo este comunicado; he leído ya con detenimiento el texto, bastante moderado, por cierto. Sobre la predisposición del ministro Beingolea para aceptar contribuciones sobre el LUM, tenemos que sentarnos a conversar sobre eso posiblemente a fin de año. El objetivo es cuando ya estemos enfrentando, ojalá con éxito, el Fenómeno El Niño (…). Ahora estamos en otros asuntos, pero cuando tengamos espacio para ello (lo haremos). La reorganización del LUM requiere un enfoque técnico y estricto, alejado de la improvisación. Es fundamental priorizar los temas urgentes antes de abordar la evaluación integral del museo. El silencio actual responde a una gestión enfocada en desafíos inmediatos como las medidas de seguridad pública y la preparación climática. La falta de contacto directo entre las instituciones involucradas explica la ausencia de solicitudes formales hasta ahora. Sin embargo, la puerta no está cerrada; la voluntad existe para dialogar en el futuro cercano, siempre que se cumplan los plazos establecidos por las emergencias nacionales.
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