Una grave situación financiera y operativa se ha encendido en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del ministro Ernesto Álvarez. CARETAS pudo conocer que, aunque la Oficina de Abastecimiento aprobó formalmente la convocatoria pública para supervisar y rehabilitar el establecimiento penitenciario de Pucallpa, la Oficina de Inversiones solicitó verbalmente —sin sustento técnico— retrotraer todo el proceso de selección. Esta medida interna y arbitraria amenaza con paralizar definitivamente un proyecto carcelario clave que ya acumula complicaciones técnicas y retrasos históricos. Precisamente, mediante un documento al que accedió la revista, el Consorcio Penal Pucallpa anunció formalmente encontrarse ante un impedimento normativo insalvable para continuar los trabajos de rehabilitación y ampliación integral del penal. Mediante la carta N° 97-2026-CPP, el consorcio dirigió un apercibimiento final de 24 horas al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES), entidad adscrita al sector. El escrito exige la inmediata incorporación de una empresa supervisora o la formalización de la suspensión de la obra por causas exclusivamente imputables al Estado. Si bien el proyecto busca modernizar las instalaciones, estas discrepancias internas generan un riesgo latente de parálisis total. En tal escenario, la entidad estatal podría enfrentar pérdidas millonarias y una crisis de gestión que afecte directamente a la seguridad penitenciaria en la selva peruana. La falta de claridad entre oficinas del mismo ministerio pone en jaque un esfuerzo de infraestructura necesario para el sistema de justicia local, dejando a los reclusos en una situación incierta mientras se resuelven conflictos administrativos que deberían estar fuera del ámbito operativo. El consorcio responsable de la remodelación del penal de Pucallpa ha emitido un requerimiento formal al Estado, advirtiendo que la paralización material de las obras generará millonarios sobrecostos. Según el documento firmado por Iván A. Villacorta Borges, representante común del grupo, la valorización acumulada ya superó el límite legal de S/ 4,300 000.00 establecido en el artículo 14 de la Ley N° 32513 para el año fiscal 2026. Bajo este escenario técnico-económico, las normas prohíben que las obras sigan siendo controladas por inspectores provisionales de la entidad misma; se exige obligatoriamente una supervisión especializada e independiente. "Pretender que el contratista continúe ejecutando, asumiendo por su cuenta el riesgo de construir sin control suficiente y sin pronunciamientos técnicos oportunos, es inadmisible", señala el requerimiento. Esto implica que no se ejecutarán partidas que luego puedan quedar ocultas o ser rechazadas por falta de un órgano de control formal. El consorcio denunció además que la entidad estatal incumplió el compromiso asumido el pasado lunes 17 de agosto de 2026 en Lima, donde acordaron elaborar un acta para suspender temporalmente el plazo contractual a partir del viernes 21 de agosto. Sin embargo, PRONAPRES optó por el silencio, omitiendo responder comunicaciones y evitando firmar el documento de suspensión. Solo por concepto de gastos generales variables, el impacto diario estimado asciende a S/ 14,803.72. El consorcio advirtió que estos sobrecostos serán reservados y reclamados mediante los canales legales del contrato N° 016-2025-INPE-OIP.

A esto se suman gastos directos por maquinaria, personal inmovilizado, custodia de frentes, preservación de estructuras frente a las lluvias de la Amazonía y desmovilización con extensión de seguros. Finalmente, el documento ha sido puesto en conocimiento del Órgano de Control Institucional (OCI), la Contraloría General de la República y la Procuraduría Pública correspondiente.

El abogado penalista Humberto Abanto señaló en diálogo con CARETAS que tras la decisión de la empresa de paralizar la obra por falta de una supervisora, las consecuencias penales recaerían en funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según el letrado, los responsables habrían cometido los presuntos delitos de omisión de acto funcional y falta grave en lo administrativo disciplinario.

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