Mientras el MEF define el Proyecto de Presupuesto 2027, los ministerios sostienen sus pedidos bajo las reglas fiscales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya está trabajando en el proyecto del Presupuesto 2027. Sin embargo, mientras los sectores presentan sus requerimientos, emergen presiones significativas para seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño. Estas demandas se suman a las tradicionales áreas de salud, educación y programas sociales, todo ello bajo la estricta vigencia de las reglas fiscales que debe respetar el Gobierno.

Aunque el monto definitivo del próximo año aún no ha sido presentado oficialmente, existe una referencia clave: la Ley N.° 32513 aprobó para este 2026 un presupuesto de S/257.561 millones. Si el Ejecutivo propone un monto mayor al aprobado este año, el Presupuesto Público 2027 podría superar los S/257.000 millones. No obstante, la cifra final dependerá de las proyecciones de ingresos y crecimiento económico.

La definición del gasto entra en una fase decisiva desde el pasado 17 de agosto. Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, viene sosteniendo reuniones con los titulares y equipos técnicos para revisar sus demandas presupuestales. El objetivo es determinar qué requerimientos pueden incorporarse al proyecto que el Ejecutivo debe remitir al Congreso antes del 30 de agosto.

El dato crucial será el crecimiento nominal del presupuesto respecto a 2026, pero un aumento en cifras no garantiza dinero para nuevas políticas. Una parte importante de los recursos ya está comprometida con remuneraciones, pensiones, transferencias, bienes y servicios, servicio de la deuda e inversiones que cuentan con programación previa.

Por ello, el margen efectivo para crear partidas nuevas puede ser considerablemente menor al incremento nominal del presupuesto. La estructura actual permite dimensionar el tamaño de los recursos que administra el Estado: S/257.561 millones es el total que incluye asignaciones al Gobierno Nacional, gobiernos regionales y locales.

Frente a este escenario, la discusión se centra en qué tan grande puede ser la diferencia entre el aumento nominal y el dinero real disponible para nuevas necesidades del país. El Ministerio de Economía evalúa estos requerimientos para equilibrar las presiones de gasto con la necesidad imperativa de priorizar la reducción del déficit fiscal.

Cada sector libra su batalla por recursos, pero el techo impuesto por la ley y las proyecciones económicas marcará el límite final. La estructura presupuestal ya define qué tan grande es el Estado en términos de administración de recursos, dejando poco espacio para sorpresas si se respetan los parámetros de ingresos proyectados.

Aunque el presupuesto proyectado para 2027 superaría los S/257.000 millones, la verdadera restricción no radica en el monto total, sino en cómo se distribuyen esos recursos y qué porcentaje queda comprometido con obligaciones previas. Si una mayor proporción del nuevo dinero se destina a gastos permanentes, el espacio para nuevas inversiones o programas será menor. Esto es crítico frente a dos grandes desafíos: la seguridad ciudadana y la preparación ante El Niño, ambos que exigen financiamiento sostenido.

La lucha contra la delincuencia ha sido colocada por el Gobierno de Keiko Fujimori entre sus principales líneas de acción, generando altas expectativas en materia presupuestal. El primer ministro Luis Galarreta presentó ante el Congreso medidas concretas que incluyen la construcción o ampliación de infraestructura penitenciaria de alta seguridad y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas específicas. Además, se contemplan gastos por equipamiento policial, adquisición de vehículos y tecnología, incremento de capacidades operativas y contratación de personal.

No obstante, esto plantea una diferencia sustancial frente a un gasto temporal: una inversión inicial en infraestructura puede convertirse posteriormente en mayores costos de operación, mantenimiento y personal. Por ello, el MEF deberá considerar esa continuidad financiera cuando evalúe los pedidos de Interior, Justicia y Defensa. El costo fiscal final dependerá estrictamente de cuáles de estas iniciativas sean aprobadas y ejecutadas.

Por otro lado, la preparación ante el fenómeno El Niño representa una segunda fuente de presión significativa sobre las cuentas públicas. En este caso, el desafío no se limita a financiar la atención de una emergencia; también abarca las obras y acciones preventivas necesarias para reducir sus efectos devastadores. El fenómeno puede afectar carreteras, puentes, infraestructura de agua y saneamiento, así como agricultura y servicios públicos, generando requerimientos adicionales durante el año.

Si las condiciones climáticas empeoran, el Estado podría verse obligado a realizar modificaciones presupuestarias urgentes para atender daños que no hayan sido contemplados inicialmente. Así, tanto la seguridad como la adaptación al clima compiten por recursos en un escenario donde la gestión de gastos permanentes definirá la capacidad del país para responder eficazmente a estas prioridades nacionales.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha alertado que el fenómeno climático El Niño debe ser un factor central en la planificación fiscal del próximo ejercicio. En julio, Rodolfo Acuña, quien entonces ocupaba la cartera de Economía, indicó que la ley de crédito suplementario habilita reorientar cerca de S/3.000 millones para acciones vinculadas al fenómeno El Niño. Esta disponibilidad presupuestaria dependerá estrictamente de las necesidades emergentes y del estado actual de las finanzas públicas. La incorporación de partidas específicas para la prevención en el Presupuesto 2027 permitiría, en principio, anticipar parte de esos gastos necesarios. Sin embargo, esta medida también conlleva un riesgo financiero: podría significar que recursos destinados originalmente a nuevas inversiones tengan que reservarse exclusivamente para infraestructura crítica y respuesta ante emergencias climáticas.

Esta competencia por fondos no se limita únicamente a la seguridad nacional y la prevención de desastres. Sectores como Salud, educación y protección social también reclaman su parte del pastel presupuestario. Los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo e Inclusión Social ya participan activamente en el proceso de formulación, sumándose a ellos Transporte, Vivienda, Producción, Trabajo, Ambiente, Cultura, Mujer, Agricultura, Energía y Minas, entre otras entidades.

Cada cartera gubernamental llega con sus propios proyectos, programas y necesidades específicas. El desafío para el MEF radica en que el presupuesto estatal no crece necesariamente al mismo ritmo que las demandas acumuladas de estas entidades públicas. Esta disparidad obliga a establecer una estricta jerarquía en el gasto. Una partida adicional destinada a seguridad nacional, por ejemplo, compite directamente con la posibilidad de ampliar recursos para infraestructura educativa, establecimientos de salud, obras viales o programas sociales si los ingresos públicos no crecen lo suficiente para financiar todos los requerimientos simultáneamente.

Otro factor determinante que condicionará el Presupuesto 2027 es la trayectoria del déficit fiscal. Las reglas vigentes contemplan una reducción progresiva del déficit a 1,4% del PBI en 2027, tras un límite de 1,8% para este año actual y antes de alcanzar el objetivo del 1% desde 2028. A junio de 2026, el déficit fiscal anualizado se ubicó en 1,3% del PBI, según información oficial del MEF. Este resultado se encontraba por debajo del límite establecido para el presente año, aunque ello no implica que ese espacio financiero pueda trasladarse automáticamente a un mayor gasto público sin comprometer la estabilidad macroeconómica futura.

El Ministerio de Economía y Finanzas debe finalizar esta semana la evaluación de los pedidos sectoriales, involucrando a casi todo el gabinete para preparar el proyecto que llegará al Congreso. Sin embargo, el Gobierno deberá considerar también la evolución de la recaudación tributaria, el crecimiento económico y las obligaciones financieras del Estado. Si estos ingresos no alcanzan las previsiones, el margen para ampliar el gasto será menor.

El debate sobre el presupuesto 2027 no se reduce a determinar si superará los S/257.561 millones de 2026. La pregunta clave será cuánto de ese aumento podrá utilizarse para nuevas políticas y cuánto deberá cubrir compromisos que ya existen, como remuneraciones, transferencias, obligaciones permanentes y deuda.

Una vez presentado el proyecto, el Congreso discutirá la distribución planteada por el Ejecutivo. En esa etapa pueden aparecer nuevas presiones de gasto desde las regiones, municipalidades y bancadas parlamentarias, particularmente en inversión pública y obras de infraestructura. El resultado final permitirá conocer si el incremento presupuestal será suficiente para financiar simultáneamente las nuevas prioridades del Gobierno.

La cifra global será el primer dato a mirar, pero no el único. Si el presupuesto de 2027 supera los S/257.561 millones, habrá que revisar cuánto de ese incremento termina en seguridad, prevención ante El Niño e inversión y cuánto se absorbe por remuneraciones, transferencias, obligaciones permanentes y deuda. Esa composición mostrará cuánto margen real tendrá el Gobierno para ejecutar nuevas políticas durante su primer año completo de gestión. Si los ingresos no alcanzan las previsiones, el margen para ampliar el gasto será menor.

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