por Julio Cisneros
Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, cuestionó la decisión emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley al sostener que la captura de su patrocinada no será posible, ya que se encuentra bajo asilo diplomático en México.
El Poder Judicial renovó las órdenes de captura a nivel nacional e internacional que se dictaron en contra de la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, para que cumpla la condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión que se le impuso por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Esta medida fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley al ejecutar lo establecido en la sentencia que emitió la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el 4 de diciembre del 2025.
En dicha resolución, dispuso la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de Chávez Chino para que cumpla con la pena que le impuso dicho tribunal supremo al condenarla como coautora del delito de conspiración para una rebelión en agravio del Estado a raíz de este caso. Mediante una resolución emitida el último 14 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado dispuso que se cumpla con la renovación periódica de las órdenes de ubicación y captura contra Betssy Chávez.
Adicionalmente, ordenó comunicar esta decisión a la Oficina de Requisitorias Distrital de Lima de la Policía Nacional y a la Oficina Central Nacional de Interpol Lima para los fines pertinentes. En el mismo documento, el juez supremo Checkley Soria da cuenta que el último 19 de mayo se cursó un oficio a la Policía Judicial mediante el cual se dispuso la inmediata ubicación y captura de Betssy Chávez a nivel nacional e internacional.
A pesar de estas órdenes judiciales renovadas, su representación legal ha planteado obstáculos legales significativos. El abogado Raúl Noblecilla cuestionó la viabilidad de la medida, argumentando que la condición de asilo diplomático en México imposibilita físicamente la ejecución de las órdenes de captura nacionales e internacionales por parte del Estado peruano.
Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez, cuestionó vía redes sociales que la captura sea inviable al sostener su patrocinada se encuentra bajo asilo diplomático en México. El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenó tal medida, pero la sentencia también impone a Chávez Chino dos años de inhabilitación para cargos públicos y el pago solidario de 12 millones de soles por reparación civil al estado peruano. La suma se debe conjuntamente con los expresidente Pedro Castillo, el exministro del Interior Willy Huerta y el exasesor Aníbal Torres, quienes también fueron condenados en este proceso penal.
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