César Holguín, diputado de Ahora Nación, presentó un proyecto para derogar la Ley Chlimper 2.0

La norma beneficiaba a las grandes agroexportadoras al reducir el Impuesto a la Renta del 29,5% al 15% por diez años, hasta 2035. Este régimen especial generará un costo fiscal de 20.000 millones de soles para el Estado peruano. César Holguín, vocero parlamentario del grupo Ahora Nación, cuestionó la vigencia de esta medida. "¡Basta de beneficios tributarios al gran empresariado!", escribió en redes sociales al anunciar su iniciativa.

El legislador añadió que su objetivo es suprimir los privilegios económicos otorgados a estas corporaciones y recuperar recursos para el fisco nacional. "Cumpliendo nuestro compromiso con el país, hoy presentamos un nuevo proyecto de ley para derogar los beneficios tributarios", indicó Holguín en la presentación formal del texto.

Según su postura, el Estado peruano aún presenta deficiencias en diversos sectores fundamentales debido a estas exenciones. El congresista argumentó que dejar de percibir montos millonarios impide al gobierno disminuir las brechas sociales existentes. Mediante esta ley, se busca eliminar un mecanismo que favorece exclusivamente al sector agroindustrial mientras deja de recaudar fondos esenciales para la inversión pública y el bienestar ciudadano en todo el territorio nacional.

"No es posible que, mientras al Estado le faltan recursos para atender la salud, la educación, la seguridad y las obras que el país necesita, se mantengan privilegios que permiten que la gran agroindustria deje de aportar S/1.170 millones al año", argumentó César Holguín, diputado de Ahora Nación. Este legislador impulsó un proyecto de ley para derogar la Ley Chlimper 2.0, una norma que se hizo oficial en septiembre del 2025 durante el gobierno de Dina Boluarte. La nueva Ley Agraria establece que las grandes empresas agroexportadoras pagarán solo el 15% de Impuesto a la Renta entre los años 2026 y 2035; pasado ese tiempo, a partir del 2036, volverán a pagar la tasa normal del 29,5% como cualquier otro negocio. Además de pagar menos impuestos, la ley permite que estas empresas recuperen más rápido el dinero que invierten mediante una rebaja anual del 20% en las obras de riego y agua que construyan o compren para sus cultivos durante el mismo periodo fiscal. La norma también incluye un incentivo para las compañías que compran productos a los pequeños agricultores registrados: en esos casos, pueden descontar un 25% extra del valor de esas compras, pero ese descuento no puede pasar del 10% del total de los gastos registrados en su contabilidad. Holguín considera que estos beneficios fiscales son inaceptables cuando la nación carece de fondos para cubrir necesidades básicas. El diputado propone eliminar este esquema especial para garantizar equidad fiscal y asegurar que el Estado reciba los ingresos necesarios para financiar servicios públicos esenciales sin depender exclusivamente de recursos limitados, priorizando así el bienestar colectivo sobre intereses privados que han estado exentos de cargas tributarias justas durante casi una década.

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