En su participación en el programa «Enfoque de los Sábados», el diputado José Baella (Renovación Popular) criticó la estrategia que está impulsando el Ejecutivo para combatir la criminalidad. Consideró que si se va a incluir a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en dicha iniciativa, debe haber una diferenciación clara porque, hasta el momento, «es más de lo mismo». Baella Malca señaló que durante el tiempo se han presentado varias estrategias, pero las actuales parecen ser meras repeticiones del estado de emergencia. «Nosotros queremos que haya una diferenciación», destacó en entrevista con RPP. El legislador advirtió que la realidad es distinta a los datos oficiales y que la población peruana ya está cansada de ver cómo todos los días sigue muriendo gente, por lo cual se tiene que poner un freno inmediato a esta situación lamentable. En ese sentido, el político subrayó que si vamos a utilizar la fuerza armada tenemos que darle el marco legal adecuado para realizar esa tarea, porque no tiene el soporte jurídico necesario para hacer ese tipo de actividades. Además, se les debe dotar de tecnología. «Ahora, ya, los mandamos, pero si no tienen tecnología, si no pueden estar bloqueando las señales de teléfono o las señales que salen de los penales, ¿para qué los mando?». Según Baella, no basta con enviarlos a los alrededores y decir que lo he hecho; la operación debe ser efectiva. El diputado también mencionó que es necesario brindarles herramientas tecnológicas para cumplir su labor juntamente con la PNP. Si no se toman estas medidas, el despliegue militar podría resultar inútil frente al crimen organizado. La falta de un marco legal claro y de tecnología avanzada son los principales obstáculos que, según él, impiden una respuesta contundente del Estado. El contexto de esta declaración surge en medio del aumento de casos de extorsión y la exigencia de recuperar el control territorial de las zonas rojas por parte de generales retirados. Baella insiste en que sin estos cambios estructurales, la seguridad ciudadana no mejorará significativamente. Su postura refleja un llamado a la responsabilidad gubernamental para evitar medidas repetitivas que no logran detener la violencia. Luis Rodriguez J.

"Hay que aplicar tecnología, hay que asumir una estrategia que tenga, digamos, presión especialmente en las zonas donde están viviendo estos delincuentes en los penales, porque de ahí es donde sale la información. De ahí, ellos conocen todo lo que pasa fuera del penal, porque tienen comunicación permanente. Si se va a establecer una estrategia respecto a utilizar la fuerza armada, se debe utilizar, pero con tecnología, dotarlos de la tecnología necesaria y darles el marco legal suficiente", recalcó.

Sobre salida de Óscar Arriola: "Yo creo que esto merece un tema ya político"

El diputado de Renovación Popular recordó que la norma que establece que el cargo del comandante general de la Policía es por dos años se impulsó desde el Congreso, para evitar que el gobierno de Pedro Castillo "manipulara" dicho nombramiento. En esa época, tres o cuatro comandantes generales se los cambiaba como cambiar pañuelos. Fue justamente para que no sea manipulado el comandante general, que no sea manipulado políticamente, y eso es lo que en la ley está vigente.

No obstante, señaló que, para que Óscar Arriola salga de dicho cargo, el tema debería ser abordado a nivel político. "Hay que analizar el escenario en el que se dio una ley para que el comandante general no sea manoseado", sostuvo. Ahora, se habla mucho de la polémica de que debería salir el comandante general, debería pasar al retiro, pero el general Astudillo lo ha manifestado ya claramente, que él no va a violar la ley; y que, si se tiene que cambiar al comandante general, al cual lo protege esta ley, tendría que cambiarse la ley.

"Yo creo que esto merece un tema ya político por parte de la presidenta de la república y por parte del general Astudillo para que tomen su decisión", remarcó. La postura es clara: si el mandato legal vigente impide una remoción simple, cualquier cambio en esa dirección requiere un debate legislativo o político profundo. El legislador enfatizó que no se puede ignorar el contexto histórico de la norma, creada específicamente para blindar al mando policial de presiones externas y cambios arbitrios. Sin embargo, ante las demandas actuales por la salida del actual jefe de policía, la balanza se inclina hacia una solución que involucre a los más altos niveles de decisión, tanto ejecutivos como legislativos, para resolver una crisis que trasciende lo administrativo.

Baella anunció haber presentado un proyecto de ley que propone cadena perpetua para "los violadores de niños, para los extorsionadores, los sicarios y los funcionarios públicos corruptos".

Leer artículo completo en rpp.pe →