El Flaubert arequipeño

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Por Julio Aguilar

Eusebio Quiroz Paz Soldán suele afirmar que Arequipa no es solamente una ciudad de singular arquitectura; es, ante todo, un espacio donde lo indígena y lo hispano convergen en una síntesis cultural única que, con el paso de los siglos, forjó las tradiciones de nuestra tierra y la convirtió en uno de los principales focos intelectuales del Perú. En ese escenario, a finales del siglo XIX, comenzó a escribirse la vida de uno de los más destacados representantes de nuestra literatura. Augusto Aguirre Morales ocupa un lugar privilegiado entre los escritores arequipeños de inicios del siglo XX.

Fue el 24 de abril de 1888 cuando Oswaldo Aguirre y María Morales le dieron la bienvenida al mundo. Desde muy temprana edad mostró un profundo interés por la literatura y la historia. Esa inclinación se vio favorecida por un entorno familiar estrechamente vinculado con la tradición cultural andina y por el constante contacto con los libros, circunstancias que terminarían marcando el rumbo de su vocación intelectual. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de San Agustín, donde se especializó en Jurisprudencia. Sin embargo, aunque la formación jurídica ocupó una parte importante de su vida académica, pronto descubrió que su verdadera vocación se encontraba en la docencia, el periodismo y la creación literaria.

En 1922 inició su labor como preceptor en la Escuela de Varones del distrito de Tingo y posteriormente en la Escuela N.° 9515. Aquellas primeras experiencias docentes dejaron una profunda huella en su pensamiento. Poco después decidió trasladarse a Lima, donde ejerció como profesor de Arte Incaico en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esa etapa no solo consolidó su vocación pedagógica, sino que amplió sus horizontes intelectuales y fortaleció su interés por el estudio del pasado prehispánico.

Su fascinación por la historia del Perú se alimentó también de una constante dedicación a la lectura. Desde muy joven tuvo acceso a numerosas obras históricas y, especialmente, a las crónicas de los primeros cronistas de Indias, cuyas descripciones del antiguo Perú despertaron en él una profunda admiración. Entre los autores que más influyeron en su formación destaca Pedro Cieza de León. La lectura de sus crónicas terminó de convencerlo de que la literatura podía convertirse en un medio privilegiado para reconstruir el pasado sin renunciar al rigor documental.

Con el paso de los años estrechó una sólida amistad con Abraham Valdelomar, autor de «El caballero Carmelo". Gracias a ese vínculo se incorporó al movimiento Colónida, el influyente círculo intelectual reunido en torno a la revista del mismo nombre, que congregó a algunos de los escritores más importantes del país. El interés por el mundo indígena y por el incaísmo constituyó uno de los rasgos característicos de aquel grupo.

Sin embargo, la propuesta literaria de Aguirre Morales difería considerablemente de la de muchos de sus contemporáneos. Mientras varios escritores contemplaban el mundo andino desde una perspectiva marcadamente romántica e idealizada, él hizo de la rigurosidad histórica el rasgo distintivo de toda su producción narrativa.

Esa concepción encontraba afinidades con las reflexiones historiográficas de José de la Riva-Agüero, particularmente en la necesidad de comprender el pasado peruano desde el estudio crítico de las fuentes y no desde una idealización del mundo prehispánico. Aguirre Morales trasladó esa convicción a su literatura. Allí donde otros autores veían el Tahuantinsuyo como un paraíso perdido, él prefirió reconstruirlo a partir de las crónicas, los documentos históricos y las investigaciones arqueológicas, convencido de que la imaginación literaria alcanzaba mayor fuerza cuando se sustentaba en una investigación rigurosa.

Esa postura terminó por convertirlo en una figura singular dentro de la narrativa peruana de su generación. Su propósito nunca fue idealizar el pasado ni construir una visión mítica del Imperio incaico, sino comprenderlo en toda su complejidad histórica. Para Aguirre Morales, la novela histórica debía tender un puente entre la creación artística y la investigación, permitiendo al lector aproximarse al pasado con el mayor grado de verosimilitud posible. Esa búsqueda permanente de equilibrio entre ficción e historia constituye, quizá, el rasgo más representativo de toda su obra.

Aguirre Morales falleció el 2 de junio de 1957 en Lima, a los 69 años. Con su partida desapareció una de las voces más singulares de la literatura arequipeña; sin embargo, su obra continúa recordándonos que la historia y la ficción no son caminos opuestos, sino formas complementarias de comprender el pasado. En esa convicción perdura también una parte esencial del legado cultural que Arequipa ha ofrecido a la literatura peruana.

Antes de consolidarse como uno de los grandes novelistas históricos del Perú, ya había dado muestras de su talento en Flor de ensueño (1906) y Devocionario (1913). Estas primeras publicaciones revelan una notable preocupación por el estilo y una prosa cuidadosamente elaborada, en la que conviven el lirismo, ciertos rasgos románticos y una marcada sensibilidad espiritual. Más adelante apareció La Medusa (1916), novela influida por el decadentismo europeo que confirmó su permanente búsqueda de nuevas formas de expresión.

No obstante, fue con La justicia de Huayna Cápac (1918) cuando comenzó a delinear con mayor claridad la concepción histórica que caracterizaría toda su narrativa. Aquella obra representó su primer gran acercamiento al mundo incaico desde una perspectiva sustentada en la investigación documental y preparó el camino para El pueblo del Sol, publicada en 1924 y ampliada en su edición definitiva de 1927.

Con esta novela alcanzó la madurez de su producción literaria. A diferencia de otros escritores que idealizaban el Tahuantinsuyo, Aguirre Morales reconstruyó el Imperio incaico apoyándose en las crónicas españolas y en los estudios arqueológicos disponibles en su época. El resultado fue una narración donde la ficción y la historia conviven con un equilibrio poco frecuente, mostrando una sociedad compleja, atravesada por relaciones de poder, conflictos, pasiones y contradicciones profundamente humanas. Esa meticulosa reconstrucción histórica llevó a la crítica a establecer un paralelo entre El pueblo del Sol y Salambó, de Gustave Flaubert, comparación de la que surgió el apelativo con el que hoy suele recordársele: el Flaubert arequipeño.

Aunque su nombre no alcanzó la difusión de otros escritores peruanos de su generación, Augusto Aguirre Morales dejó una huella decisiva en la novela histórica nacional. Su obra demostró que la creación literaria podía sostenerse sobre una investigación rigurosa y un profundo respeto por las fuentes históricas, sin sacrificar la imaginación ni la calidad estética. Esa manera de entender la literatura constituye uno de sus mayores aportes y explica la vigencia de su legado dentro de las letras peruanas.

Trabajo libre y capitalismo popular: romper las cadenas de la informalidad en el Perú y América Latina

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Lee la columna de Raúl Allain

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Hay una escena que se repite todos los días en el Perú y que, a veces, dice más sobre nuestra realidad que cualquier discurso parlamentario. Una persona abre temprano su pequeño negocio, levanta la puerta metálica, acomoda sus productos y empieza a trabajar. No está pensando en Marx, Hayek ni en ninguna teoría económica. Está pensando en pagar el alquiler, alimentar a sus hijos y, si el día acompaña, guardar algo para mañana.

Ese ciudadano también forma parte de la economía. Y quizá deberíamos escucharlo mucho más.

Durante décadas, buena parte de la izquierda latinoamericana ha explicado la sociedad mediante una narrativa sencilla: trabajadores contra empresarios, explotados contra explotadores, pueblo contra capital. La llamada lucha de clases se convirtió así en una especie de lente obligatorio para interpretar prácticamente cualquier conflicto social. El problema es que la realidad contemporánea es bastante más compleja.

Un trabajador puede convertirse en emprendedor. Un pequeño comerciante puede contratar a otra persona. Un obrero puede ahorrar para comprar una vivienda. Una familia puede adquirir un terreno y convertirlo, con los años, en patrimonio. El trabajador y el empresario no tienen por qué ser enemigos irreconciliables. Pueden formar parte de una misma cadena de creación de riqueza.

Desde mi perspectiva como periodista y sociólogo, ahí existe una discusión que el Perú necesita recuperar: el trabajo libre no solamente debe ser protegido; debe ser facilitado.

La Constitución peruana reconoce la libertad de trabajo y de empresa. No es un detalle menor. Significa que la persona no debería necesitar autorización permanente de una burocracia para desarrollar legítimamente sus capacidades productivas.

Sin embargo, existe una enorme distancia entre el derecho escrito y la realidad. Los datos son contundentes: según el INEI, durante 2025 el 70,2 % de los trabajadores peruanos tenía empleo informal. La situación se agrava aún más entre los jóvenes; en el periodo abril de 2025-marzo de 2026, la informalidad alcanzó el 84,8 % entre los ocupados de 14 a 24 años.

Entonces cabe hacerse una pregunta bastante incómoda: si las reglas laborales existentes fueran suficientes para incorporar a los ciudadanos a la formalidad, ¿por qué siete de cada diez trabajadores continúan fuera de ella? No creo que la respuesta sea que los peruanos no quieren derechos. Tampoco que todos los pequeños empresarios sean explotadores. El problema es mucho más concreto: formalizar puede resultar demasiado costoso y complicado para una economía donde millones de personas tienen ingresos bajos e inestables.

El propio Banco Mundial ha advertido que el Perú presenta una de las cargas de costos no salariales más elevadas de América Latina, asociada en buena medida a rigideces de la regulación laboral. Su análisis encuentra además una relación positiva entre el costo de formalizarse y la informalidad, particularmente entre trabajadores de menores ingresos.

Aquí es donde la discusión política suele desviarse. Cuando se propone simplificar regulaciones, reducir costos laborales no salariales o disminuir obstáculos tributarios, inmediatamente aparecen voces que denuncian una supuesta ofensiva contra los trabajadores. Pero ¿qué ocurre con el trabajador que nunca consigue un contrato formal? Tiene menos protección, menos seguridad social, menos estabilidad y, muchas veces, menores posibilidades de acceder al crédito.

No estoy planteando eliminar los derechos laborales. Sería absurdo. Un trabajador merece condiciones dignas, seguridad, remuneración justa y protección frente a abusos. Lo que cuestiono es la idea de que más regulación equivale automáticamente a más bienestar. No siempre. Una norma puede ser impecable sobre el papel y contraproducente en la realidad.

Si una pequeña empresa no puede asumir los costos de contratar formalmente a su primer trabajador, probablemente no contratará. Y si el emprendedor percibe que cada nuevo empleado significa una carga administrativa y económica difícil de sostener, buscará mantenerse pequeño o, peor todavía, operar en la informalidad. Eso no beneficia al trabajador. Tampoco beneficia al Estado. Y mucho menos beneficia al país.

La Organización Internacional del Trabajo calcula que la informalidad laboral en América Latina y el Caribe alcanzó el 47,6 % en 2024. Casi la mitad de los trabajadores de la región se encontraba, por tanto, en empleos informales, con ingresos inestables y menor acceso a protección social. Estamos hablando de cientos de millones de historias personales. No de una abstracción estadística.

Por eso me parece necesario cuestionar la vieja idea de que el Estado debe resolver todos los problemas económicos mediante leyes, controles y nuevas instituciones. El Estado tiene una función indispensable, pero no puede producir por decreto la prosperidad de una sociedad. La riqueza se crea cuando alguien produce algo que otra persona valora. Ese principio es elemental, pero se olvida con facilidad.

Una panadería crea riqueza cuando produce pan y genera puestos de trabajo. Un taller mecánico crea riqueza cuando ofrece un servicio que alguien necesita. Una empresa tecnológica crea riqueza cuando desarrolla una solución útil. Un agricultor crea riqueza cuando produce alimentos. Un trabajador también crea riqueza cuando utiliza sus conocimientos y capacidades para generar bienes o servicios.

El capitalismo popular empieza allí: en la posibilidad de que millones de personas participen directamente en la creación y acumulación de riqueza. No se trata solamente de Wall Street ni de grandes multinacionales. En América Latina, el capitalismo cotidiano está en las bodegas, mercados, talleres, restaurantes, peluquerías, pequeñas industrias, comercios digitales y emprendimientos familiares.

La izquierda suele hablar de concentración de riqueza, y la preocupación puede ser legítima. Pero la solución no debería consistir en impedir que más personas acumulen patrimonio. Al contrario: deberíamos preguntarnos cómo hacer que más ciudadanos puedan ser propietarios. Una sociedad con mayor autonomía es, fundamentalmente, aquella donde los propietarios tienen el control. Poseer una vivienda otorga una base patrimonial sólida; tener un pequeño negocio crea una fuente potencial de ingresos; ahorrar e invertir permite construir un futuro menos dependiente. Al conseguir acciones, herramientas, maquinaria o tierra productiva, se está acumulando capital real. Todo esto constituye la esencia de la movilidad social. Sin embargo, aquí surge otro asunto incómodo: los impuestos. Pagarlos es necesario para financiar las funciones esenciales del Estado, pero una estructura tributaria excesivamente compleja o costosa puede convertirse en una barrera de entrada, especialmente para el pequeño empresario. Reducir impuestos, simplificar obligaciones y facilitar la formalización no significa necesariamente "regalar dinero a los ricos". Puede significar dejar más recursos en manos de quienes producen, contratan e invierten. Por supuesto, cualquier reducción tributaria debe ser responsable. El Estado necesita ingresos para financiar justicia, seguridad, infraestructura, educación y salud. Pero también debemos preguntarnos cuánto crecimiento estamos sacrificando cuando convertir una actividad económica en formal resulta demasiado caro. En ocasiones, bajar una tasa puede ampliar la base de contribuyentes. Simplificar puede aumentar el cumplimiento. Facilitar la creación de empresas puede generar nuevos empleos. No existe una fórmula automática, pero sí existe una evidencia que merece ser considerada: la formalización necesita incentivos, no solamente sanciones. Lo mismo ocurre con la libertad de empresa. Una economía libre no es una jungla. Necesita reglas, competencia y jueces que hagan respetar contratos, así como autoridades que combatan el fraude y la corrupción. Pero también necesita límites al intervencionismo. El Estado debe garantizar el terreno de juego; no necesariamente jugar todos los partidos. Esta distinción es fundamental. Cuando una autoridad decide arbitrariamente quién puede ingresar a un mercado, qué actividad puede crecer o qué empresa merece sobrevivir, se reduce la competencia y aumenta el poder discrecional de la burocracia. Allí aparece otro problema latinoamericano de larga data: la corrupción. Cuantas más decisiones económicas dependen de permisos, autorizaciones y excepciones, mayores son los incentivos para buscar influencias políticas. La libertad económica, bien entendida, también puede ser una herramienta anticorrupción. Menos trámites innecesarios significan menos oportunidades para el funcionario que exige favores. Reglas claras significan menos espacio para decisiones arbitrarias. Procesos digitales y transparentes reducen la discrecionalidad. No se trata de destruir al Estado. Se trata de hacerlo más eficiente. También debemos hablar del sindicalismo. Los sindicatos tienen una función legítima: representar intereses laborales y defender derechos colectivos. El problema comienza cuando la representación sindical se transforma en una plataforma partidaria o cuando determinados dirigentes convierten la defensa del trabajador en una lucha permanente contra la empresa privada. Un sindicalismo responsable puede contribuir al diálogo social, mientras que un sindicalismo politizado puede terminar bloqueándolo. El empresario no debería ser visto automáticamente como enemigo del trabajador. Una empresa cerrada no genera puestos de trabajo. Una inversión que nunca llega tampoco crea salarios. Una fábrica que deja de operar porque los costos son insostenibles no protege a sus trabajadores: los deja sin empleo. Esto debería ser sentido común.

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