Rubén Rocha Moya retoma su cargo tras una licencia de 112 días, en medio de acusaciones de narcotráfico en EE.UU. y deslindes federales
La Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aclaró que el retorno del exgobernador no fue una decisión conjunta con la administración federal, sino que respondió "exclusivamente a una determinación de carácter personal". Rubén Rocha Moya asumió nuevamente la gubernatura de Sinaloa tras estar alejado del poder por 112 días. Su regreso ocurre en un contexto delicado: mientras se desarrollan investigaciones abiertas en México, Estados Unidos lo acusa presuntamente de vínculos con una red de narcotráfico vinculada a Los Chapitos.
Rocha Moya defendió su inocencia en redes sociales tras el anuncio. "Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República (FGR) lo ha informado ya, (…) no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país", escribió el cuestionado funcionario.
En otro mensaje dirigido a sus seguidores, la autoridad afirmó: "Regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado". También sostuvo que es "ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra". La autoridad federal, por su parte, se deslindó rápidamente del proceso, indicando que el regreso fue un acto autónomo.
Las investigaciones continúan abiertas pese a la declaración del exgobernador. El caso genera tensión política y diplomática, especialmente debido a las acusaciones internacionales. Morena y el Gobierno de Claudia Sheinbaum enfatizaron que no participaron en la decisión de retorno. La narrativa de Rocha Moya se centra en su inocencia frente a lo que califica como "patrañas", mientras la Fiscalía mantiene su postura sobre la falta de pruebas suficientes para sustentar cargos penales contra él.
El conflicto político tiene como origen una acusación presentada en Estados Unidos el pasado 29 de abril contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, entre autoridades y exautoridades de Sinaloa. El frente estadounidense los señaló por presuntos vínculos con una estructura del Cartel de Sinaloa, particularmente con Los Chapitos, la facción asociada a los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán.
Además, la actual administración recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con las acusaciones estadounidenses y que corresponde a esa institución informar sobre sus avances. También insistió en que Washington debe entregar las pruebas que sustenten los señalamientos contra el gobernador y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
El partido oficialista Morena adoptó la misma posición. La dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, aseguró que no fue informada previamente de la decisión. "Se deslinda de esta decisión", afirmó el partido. El pronunciamiento fue respaldado por distintas figuras del oficialismo.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sugirió que Rocha reconsiderara su regreso y mantuviera la licencia mientras continúan las investigaciones. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, cuestionó además el fuero constitucional que protege al gobernador.
La presidenta Claudia Sheinbaum no se pronunció sobre el regreso de Rocha Moya. La noticia coincidió con el anuncio de que la mandataria se encontraba enferma y había delegado su conferencia matutina. 
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y figura clave del partido Morena —cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador— regresó a su cargo tras enfrentar acusaciones en Estados Unidos. La FGR mantiene abierta una investigación propia mientras el político cuestiona que el Gobierno de Donald Trump no haya entregado las pruebas que respaldan la imputación contra él. Según la denuncia, se le atribuye proteger operaciones del crimen organizado y facilitar el traslado de drogas hacia Washington, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. Rocha Moya niega rotundamente estas señalamientos.
No obstante, su vuelta ha sido recibida con críticas por la oposición en México. El PAN cuestionó la permanencia del mandatario; Jorge Romero, dirigente nacional, volvió a plantear la desaparición de poderes en Sinaloa. Legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano y el mismo PAN calificaron el regreso como una muestra de impunidad. Jorge Álvarez Máynez, líder de Morena Ciudadano, denominó la jornada un "día de vergüenza nacional" al señalar que las acusaciones estadounidenses no han sido esclarecidas.
Desde otras bancadas, Alejandro Moreno (PRI) acusó a Rocha de contar con protección política. La senadora Lilly Téllez fue más directa, calificándolo de "narcopartido". Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, del partido Somos México, sostuvo que el regreso responde a un pacto de impunidad. Así, la controversia se intensifica mientras Rocha Moya asume sus funciones con las acusaciones en pie.
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