Mientras el nuevo gobierno ofreció cambiar la estrategia contra el crimen, es urgente que el debate sobre la Policía Nacional deje de centrarse en una sola persona. La continuidad del general Óscar Arriola al frente de la institución, a pesar de los severos cuestionamientos públicos, no limpiará un sistema afectado por redes de corrupción y posibles conexiones con mafias millonarias. Poco se desea ver esta realidad, algo que el gabinete Galarreta ignoró al irse por las ramas. El Perú necesita un Sistema Nacional de Integridad Policial que someta a todo el cuerpo a evaluaciones periódicas aleatorias mediante sorteos públicos por grados y regiones. Nadie sabría anticipadamente quién será examinado, evitando así persecuciones dirigidas. Cada evaluación debe comprender evolución patrimonial, declaraciones de bienes e intereses, trayectoria disciplinaria, destinos ocupados, denuncias reiteradas y vínculos incompatibles con la función. La información se cruzaría, dentro del marco legal, con la Contraloría, la UIF, la Sunat y el Ministerio Público. Es vital que la Inspectoría deje de ser juez único de su propia institución. Todo policía examinado conserva su derecho de defensa, presunción de licitud y apelación. La depuración debe proteger a la mayoría honesta y separar, con pruebas sólidas, la complicidad criminal. Sin una limpieza sistemática y permanente de quienes deben defender al Estado, todo plan contra la extorsión, el sicariato y la criminalidad tendrá bases inciertas y frágiles. El nuevo gobierno tiene el momento para hacerlo. Sin integridad policial, el Estado no puede garantizar nuestro derecho a la vida ni nuestra tranquilidad pública. Cambiar o ratificar cúpula es insuficiente si no se aborda la raíz del problema desde un enfoque estructural que priorice la evaluación real sobre las apariencias políticas.

Leer artículo completo en diariocorreo.pe →