El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció ante la Cámara de Diputados indicando que el Ejecutivo no puede apartar al comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola Delgado, antes de que cumpla dos años en funciones. «No voy a firmar ningún documento que vaya contra una ley», aseguró ante los parlamentarios, quienes esperan la salida de Arriola por su gestión paupérrima en el cargo, que a la fecha arrastra más de 1,800 homicidios.

La Comandancia General de la Policía registra ocho relevos desde la llegada del golpista Pedro Castillo, quien inició su gobierno con César Cervantes Cárdenas ya en el puesto desde noviembre de 2020. No fue hasta el 2 de septiembre de ese año que Castillo decidió dar por concluida su designación con el aval del entonces titular del Mininter, Juan Carrasco Millones.

Según versiones periodísticas, la salida de Cervantes ocurrió porque él no comunicó la ejecución del allanamiento en las sedes de Perú Libre ni en las propiedades de su líder Vladimir Cerrón por el caso «Los Dinámicos del Centro», a fines de agosto. Cervantes permaneció 282 días en el mando y durante su gestión ocurrieron 1,011 homicidios, un promedio de 3.59 asesinatos diarios.

En su reemplazo se designó a Javier Gallardo Mendoza. Sin embargo, ejerció el cargo solo 150 días y, en ese lapso, se registraron 663 homicidios, con una tasa diaria de 4.42 muertes. Gallardo dejó el puesto en medio de un conflicto con la cabeza del Mininter, Avelino Guillén, quien cuestionó decisiones relacionadas con los ascensos de generales y la distribución de puestos dentro de la PNP.

La tensión terminó con la salida de Gallardo y su pase al retiro el 30 de enero de 2022. Este escenario de alta rotabilidad ha generado un clima de incertidumbre en las filas policiales, donde cada nuevo comandante enfrenta un legado de violencia extrema que se acumula año tras año. La presión sobre la institución es evidente, dado que los índices de homicidios no solo mantienen cifras alarmantes, sino que parecen aumentar con la frecuencia de los cambios de mando.

Fue el 2 de febrero de 2022 cuando Castillo designó a Vicente Tiburcio Orbezo como jefe de la PNP, pero su gestión fue efímera: apenas permaneció 110 días en el puesto. Esto ocurrió tras la llegada de Dimitri Senmache al Mininter, aunque se señala que la salida de Orbezo habría sido consecuencia de su insistencia en capturar a varios prófugos del caso Puente Tarata III, específicamente los sobrinos de Castillo —Fray y Yoni Vásquez Castillo, y Gian Marco Castillo Gómez— junto con el exsecretario Bruno Pacheco.

Durante ese corto periodo de Tiburcio, la violencia se cobró 475 homicidios, lo que representa una tasa alarmante de 4.32 muertes violentas por día. Al relevarlo, Luis Alberto Vera Llerena asumió la Comandancia General el 23 de mayo de 2022 y permaneció solo 95 días en el cargo; en ese lapso se registraron 424 homicidios, equivalentes a 4.46 casos diarios.

"Es una ofensa y un atropello (su salida) porque se retrasa la institución que tiene planes", declaró Vera tras dejar el cargo el 26 de agosto de ese año. Añadió: "En estos tres meses he avanzado planes para fortalecer mi institución y se frustra, entonces, la institución no crece y está cada día más debilitada". Más adelante, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso unicameral, Vera denunció que fue "víctima" de presión política, amenazas hasta chantajes en el gobierno de Castillo.

Su reemplazo lo tuvo Raúl Alfaro Alvarado, quien permaneció 206 días hasta marzo de 2023. En su gestión se registraron 802 homicidios con una tasa de 3.89 casos diarios. Su mandato combinó el tramo final del gobierno de Castillo con el inicio de la administración de Dina Boluarte, que asumió tras el autogolpe del 7 de diciembre de 2022.

Aunque Alfaro no quiso irse pese a los cuestionamientos sobre él —era investigado por su presunta vinculación con una red de espionaje atribuida a Jorge Hernández, alias "El Español", además de enfrentar acusaciones de corrupción y supuesto cobro de sobornos—, la presión fue ineludible. Así concluye esta parte de la lista de los ocho jefes que ha tenido la PNP en los últimos cinco años.

Víctor Zanabria Angulo asumió la Comandancia General de la PNP el 22 de enero de 2024, tras un contexto inusual que marcó la salida del anterior titular. Durante una actividad oficial en Ayacucho, el 21 de enero de ese año, la exmandataria Dina Boluarte fue agredida y insultada por familiares de víctimas de las protestas de diciembre de 2022. Ruth Bárcena, viuda de una fallecida, logró jalarle el cabello a la entonces presidente mientras asistentes gritaban frases como “Dina asesina” y “Ayacucho te repudia”. Esa agresión sirvió de detonante para que el Gobierno decidiera retirar al anterior comandante del cargo alegando que “se han evidenciado negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial” por parte de Jorge Angulo Tejada. A su vez, Angulo presentó una demanda de amparo contra el Mininter y la Presidencia del Consejo de Ministros tras su destitución.

La salida de Angulo también tuvo antecedentes legales previos; incluso, la Fiscalía allanó su vivienda el 20 de marzo de 2023 como parte de las pesquisas. Debido a ello, el Estado sustentó su salida a un “conflicto de intereses e incompatibilidad” para ejercer el cargo ese mismo día, lo que permitió colocar a Angulo en la Comandancia hasta enero de 2024.

Su gestión duró 308 días bajo Boluarte, donde se contabilizaron 1,324 homicidios con una tasa de 4.3 por día. Empero, el intervalo de Zanabria fue más crítico: permaneció 617 días en el mando y en ese lapso se concentró el mayor número de homicidios (3,688) con un promedio de 5.98 casos diarios, la cifra más elevada entre los ocho comandantes en los últimos cinco años.

Aunque la salida de Zanabria tuvo un contexto distinto al de Angulo, dado que él anunció su pase a retiro voluntario. Según la resolución suprema del Mininter, el oficial cumpliría 40 años de tiempo de servicios reales y efectivos el 1 de enero de 2026.

Candado

Por ello, la Policía le otorgó un periodo de adaptación a la vida civil de tres meses, entre octubre y diciembre de 2025. Sin embargo, la norma ahora restringe el cese anticipado y establece que el comandante general puede ser cesado antes de concluir sus dos años únicamente por muerte, solicitud propia de pase al retiro, incapacidad física permanente declarada por una junta médica, falta muy grave conforme al régimen disciplinario, delito doloso declarado mediante sentencia firme o delito flagrante.

Asimismo, también exige que el Presidente comunique personalmente el motivo del cese y entregue un documento escrito que sustente la causal. Antes de la Ley N.° 31570, el Gobierno tenía mayor margen para cambiar al comandante general de la Policía, lo que permitió una alta rotación en el cargo.

Su periodo acumula 324 días y 1,888 homicidios hasta el 20 de agosto de 2026, con una tasa de 5.83 muertes violentas por día. A diferencia de sus antecesores, Arriola permanece en el cargo pese a los cuestionamientos de diversos sectores.

De esta forma, el Ejecutivo designó a Óscar Manuel Arriola Delgado el 30 de septiembre de 2025, quien trabajó para 3 presidentes distintos (Boluarte, José Jerí y José María Balcázar) y, hasta ahora, en el actual mandato de Keiko Fujimori.

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