El primer encuentro del Primer Ministro Luis Galarreta con el Congreso se centró en cinco ejes estratégicos: seguridad ciudadana, gestión de desastres por El Niño, servicios básicos, empleo formal y gobernabilidad democrática. Uno de los puntos clave para impulsar la productividad nacional es la reforma tributaria, minero y energético. Sobre este último tema, Galarreta advirtió que el crecimiento sostenido del país se ve amenazado si las empresas sienten que formalizarse "la castiga". Además, criticó la lentitud en la inversión causada por trámites superpuestos y la falta de conectividad infraestructural.
Para resolver esto, el titular de PCM propuso una "agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad, no generar más incertidumbre". Es importante recordar que, aunque ya existe un borrador del texto final ante el Parlamento, aún no se ha elevado oficialmente. El proyecto incluirá delegación facultades para agilizar procesos.
Galarreta detalló que la medida contemplará simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, "reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas".
No obstante, esta reforma debe cumplir dos condiciones fundamentales. Primero, los regímenes deben ser "simple y predecibles" para el contribuyente. Segundo, se garantizará que sean fiscalmente responsables y amplíen la formalidad de la base tributaria.
En un paso más, el premier indicó que "se aprovechará la oportunidad para 'evaluar algunas' exoneraciones tributarias vigentes". Aclaró que no se trata de regalar beneficios ni debilitar la recaudación fiscal. El objetivo es construir una ruta clara: permitir que una empresa pequeña crezca hasta convertirse en mediana o grande, sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse.
Asimismo, se priorizará intervenciones en 536 puntos críticos debido al fenómeno de El Niño y desastres naturales. En materia de seguridad ciudadana, la propuesta incluye más inteligencia, tecnología estricta y un control reforzado de las cárceles para garantizar el Estado de derecho.
Finalmente, se busca fortalecer la inversión y la productividad a través de una integración económica del territorio, asegurando que los servicios básicos lleguen a toda la población.

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