Gustavo Alexander Segura Figueroa, diputado de Renovación Popular, impulsó un proyecto enviado a la Cámara de Diputados para crear un régimen penitenciario cerrado especial de seguridad extrema. Según el documento que tiene RPP, esta iniciativa apunta a internos condenados por delitos de extrema violencia y considerados de alta peligrosidad. La finalidad declarada es neutralizar su capacidad para coordinar y dirigir actividades ilícitas desde adentro de las cárceles, activándose ante crímenes como homicidio calificado, sicariato, secuestro, contra la libertad sexual o vínculos con organizaciones criminales.
Bajo este nuevo esquema, los internos no podrán acceder a beneficios penitenciarios, lo que implica anular la redención de la pena por trabajo o educación, además de prohibir solicitar libertad condicional o permisos de salida. La normativa de orden personal impone el uso obligatorio de un uniforme diferenciado y restringe al máximo los objetos personales. Asimismo, se exige mantener un corte de cabello tipo militar que no debe superar un centímetro de longitud.
La rutina diaria propuesta para estos reclusos se fundamenta en un estricto aislamiento preventivo dentro de pabellones exclusivos. Los condenados permanecerían confinados en celdas individuales durante 23 horas al día, disponiendo de una sola hora de patio diaria. 
Este enfoque busca contener la peligrosidad extrema dentro del sistema carcelario mediante medidas severas y controladas.
El proyecto presentado por Renovación Popular establece que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) debe adecuar establecimientos específicos para garantizar la viabilidad operativa del nuevo sistema. La norma busca neutralizar la capacidad de los sentenciados para coordinar y dirigir actividades ilícitas desde el interior de las cárceles, evitando que condenadas continúen dirigiendo operaciones criminales mientras cumplen su pena.
Evitar que condenadas continúen dirigiendo actividades criminales desde la cárcel
Para lograr este control exhaustivo sobre los vínculos externos de los reclusos, las comunicaciones con el mundo exterior estarían sujetas a severas restricciones. En relación con el uso de telefonía, el proyecto fija un límite máximo de 10 minutos mensuales. Asimismo, las visitas se limitarían exclusivamente a familiares directos, permitiendo una frecuencia de una vez al mes y realizadas obligatoriamente a través de un locutorio que garantice la separación física total.
El régimen se activaría ante la comisión de delitos específicos ya tipificados en el Código Penal, tales como homicidio calificado, sicariato, secuestro, delitos contra la libertad sexual y determinados vínculos con organizaciones criminales. Debido a la gravedad de los ilícitos mencionados, la propuesta señala que este régimen se aplicaría prioritariamente durante la totalidad de la condena impuesta.
Existe un procedimiento estrictamente excepcional para transitar hacia un régimen ordinario, el cual solo podría iniciarse tras haber cumplido 35 años de pena efectiva. Esta medida busca ejercer una contención absoluta sobre los criminales de alta peligrosidad dentro del sistema penitenciario peruano.
Garantizando un control riguroso sobre el tratamiento penitenciario, la propuesta exige evaluaciones psicológicas favorables durante cinco años consecutivos previos a la decisión judicial. Este cambio requeriría una resolución debidamente motivada para implementar el régimen de seguridad extrema.
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