La norma que blinda a Arriola fue aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo con el respaldo de congresistas fujimoristas que hoy integran el Legislativo bajo la gestión de Keiko Fujimori.

César Astudillo, ministro del Interior al mando de la administración de Keiko Fujimori, confirmó que no procederá a remover a Óscar Arrriola como jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP). Su postura se basa estrictamente en el marco legal vigente. Según declaró durante su presentación ante la Cámara de Diputados, "El Congreso saliente aprobó una ley que impide la remoción de un comandante general. Tiene que estar dos años." El funcionario añadió: "Yo no firmaré un documento que vaya contra la ley. El Ministerio del Interior no emitirá disposiciones fuera de la ley ni forzará una causal que no existe". Bajo esta normativa, conocida como Ley 31570 y aprobada en el gobierno anterior, la salida de Arrriola recién podría materializarse a finales de 2027.

A pesar de los rumores sobre un distanciamiento creciente entre el comandante general y los altos mandos policiales —lo que hacía ver su renuncia como cuestión de tiempo—, Astudillo aclaró que no busca respaldar la gestión actual de Arrriola. Sus comentarios llegan tras una rueda de prensa conjunta donde ambos afirmaron que la tendencia de homicidios a nivel nacional registra una baja. Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta críticas sobre esta situación. Especialistas en seguridad también cuestionan al mando policial; el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, indicó a La República que "el perfil de Arrriola no es adecuado para el puesto si es que se busca combatir la ola delincuencial".

El ministro reconoció que la nueva administración considera esta ley un obstáculo. Fuentes indicaron que existe una propuesta para modificarla, aunque aún no ha sido presentada formalmente. Astudillo dejó en claro su postura frente a la norma aprobada por el Congreso pasado: "En el estricto cumplimiento del marco legal, propondremos modificar la mencionada ley". La decisión de mantener a Arrriola responde únicamente a lo establecido legalmente; ya no es materia de debate político inmediato para el Ejecutivo. El Ministerio se compromete a no emitir ninguna disposición que contravenga la legislación vigente ni a inventar causales de remoción inexistentes, priorizando así el cumplimiento estricto del ordenamiento jurídico sobre cualquier presión interna o externa.

"Hasta el día 18 del gobierno de Keiko Fujimori, hemos visto más de 100 homicidios con armas de fuego. Es superior a otros años", apuntó César Astudillo al señalar la urgencia de un cambio en la dirigencia policial. "Si se quiere disminuir, debe cambiarse al comandante general. Él es especialista en investigación criminal y lo que necesitamos es un especialista en prevención". A nivel mundial, la tendencia es que la mayoría de efectivos se dediquen a la prevención. Prevenir permite evitar el delito; la investigación se da desde el delito para adelante. Lo que estamos viendo actualmente es que no hay capacidad, por ello la figura del comandante debe adaptarse a esta realidad crítica.

Una ley de color naranja

La Ley 31570 establece un cambio clave para la dirigencia policial y surgió durante el gobierno de Pedro Castillo. No era para menos: durante los primeros trece meses de gobierno del expresidente, cinco policías pasaron por el cargo de comandante general, lo que generó inestabilidad institucional.

Con 82 votos a favor —y posteriormente aprobada por insistencia—, la ley tuvo un amplio respaldo. La norma dispone que el jefe policial será designado por el presidente de la República y permanecerá dos años en el cargo, con posibilidad de una prórroga excepcional de un año. Además, limita su cese anticipado a causales específicas —como muerte, pase a retiro solicitado por el propio comandante, incapacidad física permanente, falta muy grave o delitos—, reduciendo la posibilidad de que sea removido discrecionalmente antes de cumplir su periodo.

David Jiménez, Alejandro Aguinaga, Mery Infantes, Rosangela Barbarán, Martha Moyano, Auristela Obando, Patricia Juárez y César Revilla son algunos de los congresistas que actualmente ocupan escaños entre el Senado y la Cámara de Diputados en representación del partido naranja y que, durante el periodo pasado, votaron a favor de la implementación de esta norma. Adicionalmente, algunos congresistas de Renovación Popular —fuerza cercana al oficialismo— también respaldaron la iniciativa. "Debemos darle a la PNP el orden y la dignidad que necesitan para continuar con esa labor tan importante que siguen en nuestro país", señaló durante el debate en el pleno el ahora senador celeste Alejandro Muñante.

El antecedente Ángulo

Con la ley ya en vigor, la expresidenta Dina Boluarte pasó al retiro a Jorge Angulo, quien en ese momento se desempeñaba como comandante general de la PNP. Este despido ocurrió en enero de 2024, marcando un precedente importante bajo el marco legal que restringe los cese anticipados discrecionales y busca estabilizar la máxima autoridad policial frente a las altas tasas de homicidio observadas al inicio del periodo anterior.

La Resolución Suprema N.° 19-2024 establece el precedente legal para cesar a un jefe policial antes del tiempo establecido. En este documento, se señala que Angulo fue removido debido a "negligencias muy graves en el control y comando de la institución policial por el actual Comandante General de la Policía Nacional del Perú", las cuales constituirían falta de idoneidad. Vale mencionar que el propio Angulo denunció que su pase al retiro fueron irregulares. Meses más tarde, el Poder Judicial dejó sin efecto dicho retiro y determinó que se había vulnerado su derecho al debido proceso. No obstante, nunca ordenó su reintegración a la comandancia. De tal manera que, aun bajo la tutela de la ley señalada por el ministro, ya existe el antecedente de un jefe policial retirado por incompetencia sin cumplir los dos años establecidos. Angulo asumió la dirigencia en marzo de 2023.

Una remoción no lo cambia todo

Aun con la posibilidad de que la remoción del general Óscar Arrriola esté en ciernes, la problemática estructural se mantiene. Los efectos de la delincuencia no terminarán de combatirse solo con un cambio administrativo; para Pérez Rocha, la falta de implementación y respaldo presupuestario deja a la PNP en una posición de debilidad. Además del déficit de implementos, fue enfático al señalar que, desde el gobierno de Keiko Fujimori, no existen planificaciones que permitan encauzar la situación. "Cada año van disminuyendo más efectivos policiales de los que egresan", apuntó.

Pérez Rocha ilustró la carencia con datos históricos: "Si uno ve el plan de gobierno de Keiko Fujimori, era que una de las acciones que realizaría en los primeros 100 días sería adquirir patrulleros. El último que compró patrulleros fue Ollanta Humala". Luego se pasó a hacer 'rating': un alquiler de vehículos comerciales, no patrulleros. Lo primero va por ahí: dotar a la Policía con equipamiento. Los vidrios y las puertas", indicó.

"Keiko Fujimori habló de un apoyo a las infraestructuras policiales. (…) A mí me parece que, como está la situación, yo dudo que esto tenga mejoría", apuntó. La falta de políticas de gobierno no solo afecta el equipamiento, sino la dotación humana. Es una lástima que no haya estrategias claras para revertir esta tendencia negativa en las instituciones policiales del país.

El análisis sugiere que sin un respaldo presupuestario adecuado y una planificación a largo plazo, cualquier cambio de mando enfrenta obstáculos inherentes al estado actual de la fuerza. La prioridad debe ser dotar adecuadamente a los agentes antes de esperar mejoras operativas significativas.

La mandataria incluyó en su plan de gobierno la emisión de decretos de urgencia para financiar la adquisición de 1.000 patrulleros inteligentes, la instalación de 10.000 cámaras interconectadas y la modernización de 200 comisarías a nivel nacional. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha sido ejecutada durante los más de 20 días iniciales de su Gobierno. Para la administración de Fujimori, que llegó al poder con la promesa de mejorar la seguridad ciudadana, la cuenta regresiva ya está en marcha.

Llueven críticas a Astudillo por mantener a Arriola en el cargo

En su presentación en el Congreso, César Astudillo no fue ajeno a las críticas por no remover del cargo al general Óscar Arrriola. Pese a su explicación, el ministro recibió cuestionamientos directos desde el pleno. La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) recordó que la gestión de Arrriola ha sido cuestionada desde diversos frentes.

"Señor ministro del Interior, no sé qué hace usted con el general de la PNP, Óscar Arriola, un general que ha sido cuestionado por los mismos militares y policías. Una persona que persiguió tres años a alguien que se burla hoy de la institución y de los peruanos", dijo Yarrow al dirigirse al titular del Ministerio.

Desde el partido Obras, Víctor Piñán consideró que insistir en la permanencia de Arrriola significa continuar con planes inadecuados para el control de la delincuencia: "Usted sigue ratificando al señor Arriola. Yo lamento eso. Creo que esto debería llevarlo a la reflexión: la demanda ciudadana es que se deben dejar las recetas que no han funcionado durante todos estos años".

Oswar Cahuaza, de Juntos por el Perú, indicó que la permanencia del general no solo es perjudicial para la lucha contra el delito, sino que también permite que la corrupción siga expandiéndose en el cuerpo policial. Su interpelación fue aún más específica y contundente frente a las denuncias locales.

"Le pido al ministro del Interior que visite in situ Pucallpa. Cuando él habla de que las municiones se cargan a más en la región Ucayali, que no le sorprenda, señor ministro; pues usted avala al comandante general Arriola, cuestionado por presuntos actos de corrupción. Ese es un producto que sigue avalando", sostuvo Cahuaza.

A pesar de las declaraciones del nuevo equipo de gobierno sobre la necesidad de modernizar la infraestructura policial y equipar a los agentes con tecnología de punta, la realidad en el terreno muestra una desconexión entre los anuncios y los hechos. Mientras se espera que los 10.000 nuevos dispositivos de seguridad estén operativos, las voces del Congreso exigen cambios drásticos en la cúpula militar para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Leer artículo completo en larepublica.pe →