El futuro del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre juegos o apuestas deportivas a distancia se decidirá hoy mismo en el Pleno del Congreso de la República. La sesión legislativa está en su recta final y, entre los proyectos de ley en discusión, figura una iniciativa que busca modificar directamente esta tributación específica. Esta propuesta tiene como objetivo alterar tanto la Ley del IGV como la normativa vigente sobre el ISC.

En la India, el Parlamento aprobó recientemente una legislación que veta cualquier forma de apuestas digitales. | Foto: Andina

La parte más llamativa del texto legislativo es su intención de derogar parcialmente el artículo 53. Actualmente, este precepto establece que los titulares de autorización para explotar plataformas tecnológicas de juegos o apuestas a distancia son sujetos pasivos del impuesto selectivo. La nueva redacción busca eliminar esta obligación fiscal directa.

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Otro cambio sustancial apunta al artículo 61, donde se propone borrar un párrafo que permitía aplicar tasas o montos fijos del ISC considerando siempre el mayor valor resultante de la comparación. En su lugar, el texto eliminado establecía: “las tasas y/o montos fijos [del ISC] se podrán aplicar alternativamente considerando el mayor valor que resulte de comparar el resultado obtenido de aplicar dichas tasas y/o montos”.

Hasta la fecha, tras ser aprobado en Comisión de Economía y posteriormente en el Pleno del Congreso, el Gobierno ha observado la autógrafa. Ahora, salvo un nuevo paso por la comisión mencionada, la ley está lista para que los congresistas decidan si allanarán a lo que propone el Poder Ejecutivo o insistirán en mantener las normas vigentes.

Frente a esta incertidumbre, la asociación de casas de apuestas se muestra expectante. Sin embargo, han advertido que, de no aprobarse la insistencia del texto parlamentario en el Pleno, iniciarían un proceso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. La entidad solicitó elevar el Decreto Legislativo N° 1644, el cual agregó los componentes a la Ley del IGV e ISC.

“De no aprobarse la insistencia en el Pleno del Congreso, podría iniciarse un proceso de revisión constitucional de la norma”, afirmaron en su comunicado. Para respaldar esta postura jurídica, la asociación mencionó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya emitió la resolución oficial que certifica la validez de las 5,000 firmas necesarias para que los operadores puedan presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante la Corte.

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