por Julio Cisneros

Tanto Ollanta Humala como su esposa, Nadine Heredia, enfrentan una investigación por presunto favorecimiento a la empresa brasileña Odebrecht para adjudicar una obra durante su gestión. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó ayer el pedido de ambos para archivar el caso Gasoducto Sur Peruano. La fiscalía les atribuye un delito de colusión agravada y vincula a las dos autoridades con este megaproyecto energético.

La defensa del expresidente argumentó ante la autoridad judicial que la imputación fiscal "no satisface" los elementos del tipo penal exigidos por la ley. A pesar de sostener que el hecho no constituye delito, esto no fue suficiente para que se aceptase su solicitud de archivo. Según el Ministerio Público, Humala habría coordinado con directivos de Odebrecht para otorgar irregularmente la buena pro al consorcio Gasoducto Sur durante el periodo 2011-2016.

En este proceso penal, además de las dos investigadas principales, se encuentran involucrados otros 21 personas. La representante del Ministerio Público, fiscal Geovana Morí, solicitó penas que van desde los 9 hasta los 35 años de prisión para ellos y para Humala y Nadine Heredia en caso de hallarse culpables.

Las acusaciones incluyen no solo la colusión agravada, sino también lavado de activos, obstrucción a la justicia y cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Las penas solicitadas abarcan hasta 35 años de prisión para los exmandatarios y otras figuras clave como el expresidente Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes.

También se incluye al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Simoes Barata, entre los acusados. Además del grupo humano investigado, tres empresas se encuentran actualmente en condición de terceros civilmente responsables por este proceso penal que busca esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de uno de los proyectos más grandes del país.

Julio Cisneros

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