El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el Ministerio de Economía y Finanzas evaluará las exoneraciones tributarias vigentes. En esa línea, el jefe del Gabinete dejó abierta la puerta a eliminar o modificar esos beneficios, señalando que el ministro Elmer Cuba realizará la evaluación técnica. «Nosotros evaluaremos todo», afirmó Galarreta al ser consultado sobre el tema. Como ejemplo concreto, citó al sector agroexportador. Sin embargo, esta medida ya tiene un antecedente en el Congreso: se presentó una propuesta para retirar a las grandes empresas del régimen preferencial de la Ley 32434. La iniciativa establece que dejarán de acceder a estos beneficios aquellas compañías agrarias cuyos ingresos netos anuales superen las 2.300 UIT. El objetivo principal es recuperar recursos que el Estado ha cedido. Según los cálculos preliminares del proyecto, esta exclusión permitiría al gobierno obtener hasta S/1.755,8 millones adicionales de recaudación cada año. La iniciativa busca impactar directamente en las agroexportadoras con mayor capacidad financiera, ajustando la política tributaria para que solo permanezcan los beneficios donde sean realmente necesarios o estratégicos. El MEF ahora deberá determinar si corresponde mantener el estatus actual, reducirlo o diseñar una nueva estrategia fiscal que equilibre la competitividad empresarial con la necesidad de ingresos públicos.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha determinado qué beneficios específicos sufrirán modificaciones. Según Galarreta, la decisión debe partir de una revisión técnica del MEF sobre el costo y los objetivos de cada incentivo. La propuesta que se encuentra en el Congreso introduce un cambio concreto: limitar los beneficios tributarios agrarios a las empresas de menor escala.

El proyecto presentado por la diputada Analí Marquez considera como gran empresa agraria a aquella que registra ingresos netos superiores a 2.300 UIT. Bajo esta iniciativa, estas compañías quedarían fuera del régimen establecido por la Ley 32434. La postura sostiene que los incentivos deberían concentrarse en pequeños productores y no aplicarse de forma general a empresas con una posición consolidada.

Impacto estimado de la exclusión del beneficio del IR (Ley 32434).

Actualmente, la norma contempla una tasa de Impuesto a la Renta del 15% para las empresas comprendidas en el régimen entre 2026 y 2035, frente al 29,5% del régimen general. También existen reglas particulares para pagos a cuenta y otros mecanismos tributarios. La diferencia no es menor cuando se lleva a las cuentas fiscales: de acuerdo con los cálculos incluidos en el proyecto, las 360 empresas que quedarían fuera del beneficio tendrían una utilidad estimada de S/3.971,5 millones.

Durante el debate sobre los incentivos para agroexportadoras, el MEF ya había alertado que parte de estos beneficios se concentraba en las empresas de mayor tamaño, afectando las cuentas públicas. La iniciativa que ahora evalúa el Congreso retoma esa discusión y estima que el conjunto de beneficios tributarios de la Ley 32434 representa un costo fiscal anual de S/1.888,2 millones. Esta cifra, según sus autores, abarca el periodo entre 2025 y 2035. Al excluir a las grandes corporaciones del esquema actual, estiman que el Estado podría recuperar hasta S/1.755,8 millones al año. Es importante precisar que esta última proyección corresponde a la propuesta legislativa y no es una estimación oficial del MEF.

El planteamiento se basa en un antecedente clave: según información de la entidad citada en el proyecto, 506 contribuyentes con ingresos superiores a 1.700 UIT concentraron el 92% de los beneficios tributarios de la anterior Ley 31110. Con ese dato, los autores cuestionan que incentivos creados para promover al sector terminen beneficiando desproporcionadamente a las compañías más grandes y plantean revisar si estos estímulos siguen cumpliendo su objetivo original.

Sobre el impacto directo en la recaudación, se calculó que con una tasa del 15%, pagarían alrededor de S/595,7 millones por Impuesto a la Renta. Si se les aplicara la tasa general de 29,5%, el pago subiría a S/1.171,6 millones. Es decir, S/575,9 millones más de recaudación anual, según la estimación de la iniciativa. La propuesta busca ajustar este panorama fiscal para asegurar que los recursos destinados al sector agroexportador no se conviertan en un subsidio exclusivo para las empresas con mayor facturación.

Galarreta encargó a Elmer Cuba evaluar si otras exoneraciones tributarias conservan justificación económica o deben modificarse. La revisión no se limita a la agroexportación, un sector que ha ganado peso considerable en la economía peruana. Entre 2015 y 2025, las exportaciones agrícolas pasaron de US$5.107 millones a US$14.522 millones, mientras que los envíos de productos agropecuarios no tradicionales llegaron a US$12.610 millones. Ese crecimiento alimenta el debate actual. Quienes defienden el régimen sostienen que los incentivos ayudan a atraer inversión, generar empleo y mantener la competitividad del sector. Por su parte, quienes plantean revisarlo consideran que, tras años de expansión, no todas las empresas requieren el mismo nivel de respaldo tributario, especialmente las de mayor tamaño.

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