Fiscal de la Nación atribuye a la Policía responsabilidad de perseguir extorsionadores y sicarios: "El problema es que no identificamos, que no descubrimos a los delincuentes, ese es nuestro problema en este momento"

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha defendido la labor del Ministerio Público frente a los cuestionamientos sobre la liberación de detenidos por la Policía. Ante críticas que sugieren una contradicción operativa, el funcionario aclaró que no todas las detenciones corresponden a delitos graves que requieran prisión preventiva inmediata.

Su intervención se centró en definir roles: la Policía Nacional es responsable de las labores operativas de persecución e investigación inmediata en casos como extorsión y sicariato. Por su parte, el Ministerio Público participa en la conducción jurídica de estas investigaciones, asegurando que ambas instituciones deben trabajar coordinadas.

Gálvez sostuvo que la Fiscalía está dispuesta a brindar fiscales para acompañar las intervenciones policiales, pero identificó un obstáculo central. «El problema es que no identificamos, que no descubrimos a los delincuentes», afirmó el fiscal de la Nación al responder sobre la actuación frente al crimen organizado.

Puntualizó que ese hallazgo deficiente es el verdadero desafío actual para combatir la criminalidad. La dificultad radica en descubrir a los responsables antes de actuar, lo cual impacta directamente en las estrategias de persecución. Por ello, subrayó que la colaboración interinstitucional debe basarse primero en una identificación efectiva de los autores de los hechos.

Así, Gálvez reafirma que el Ministerio Público cumple su función jurídica mientras la Policía ejecuta lo operativo, pero sin resolver la raíz del problema: la falta de descubrimiento temprano de los culpables impide un control eficiente de la situación criminal en nuestro país.

Gálvez precisó que, respecto a la posibilidad de que el Ministerio Público vuelva a asumir directamente las investigaciones operativas de delitos como extorsión y crimen organizado, la Fiscalía mantiene la conducción jurídica de los casos. No obstante, aclaró que las labores operativas corresponden a la Policía.

Explicó que en delitos que requieren intervención criminalística y operativa inmediata, como la extorsión, la fuerza pública debe actuar directamente. Por el contrario, en investigaciones complejas que exigen un análisis jurídico especializado, tales como lavado de activos y corrupción, consideró que corresponde al Ministerio Público iniciar y conducir las diligencias.

Como ejemplo, sostuvo que de cada 100 personas detenidas, una parte importante corresponde a infracciones como conducir en estado de ebriedad. Otras son intervenidas por delitos que no tienen prevista una pena efectiva de cárcel; en esos casos, explicó, corresponde aplicar las medidas establecidas por la legislación.

El fiscal agregó que, entre los casos considerados graves, muchas veces no existen elementos probatorios suficientes para solicitar o conseguir una prisión preventiva. En esas circunstancias, dijo, los jueces pueden rechazar la medida y disponer la libertad de los investigados.

Gálvez rechazó que estas liberaciones respondan a una supuesta incapacidad o indolencia del Ministerio Público y sostuvo que obedecen al cumplimiento del orden jurídico. "El problema es que no identificamos, que no descubrimos a los delincuentes, ese es nuestro problema en este momento", afirmó.

Finalmente, Tomás Gálvez sostuvo que los delitos comunes que afectan directamente a la población deben ser investigados inicialmente por la Policía. Esta labor se realiza bajo la conducción del Ministerio Público para mejorar la respuesta del Estado frente a la criminalidad. Sin embargo, el Fiscal advirtió sobre la situación crítica actual: "El problema es que no identificamos, que no descubrimos a los delincuentes, ese es nuestro problema en este momento".

Aunque Gálvez pidió a la ONPE y al JNE evitar errores registrados durante la primera vuelta, también confirmó el pedido de detención para Corvetto. En otro contexto, Luis Galarreta anunció más operativos contra extorsión y refuerzo de la seguridad penitenciaria. Por su parte, Erick Iriarte señaló que "Instalar una oficina de Meta en Perú no garantiza agilizar pedidos de información".

Rafael Belaúnde declaró: "Si se aprueba la interpelación, iré a contestar", mientras Valeriano pidió a Keiko Fujimori presentar un plan concreto. El Ministro del Interior afirmó que altos mandos de la Policía continuarán mientras obtengan resultados contra el crimen.

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