El histórico fallo internacional de carácter ético llega tras décadas de derrames petroleros y conflictos en territorios indígenas de la Amazonía norperuana. Apunta a la responsabilidad de Petroperú y empresas operadoras respecto a los daños ambientales y sociales causados a tres naciones indígenas en Loreto y Amazonas.
Desde hace más de 30 años, los pueblos achuar, wampis y chapra vienen oponiéndose a la actividad petrolera ante los reiterados intentos del Gobierno peruano y de empresas privadas de poner en funcionamiento el Lote 64, un yacimiento ubicado en Morona, provincia Datem del Marañón, región Loreto.
El lote siempre atrajo a empresas que buscan explotar petróleo, pero que en el camino se han encontrado con una gran resistencia de los pueblos indígenas de la zona. Y es que la concesión se superpone con parte de los territorios de varias comunidades, un problema legalmente avalado por los gobiernos, pese a que no es aceptado por los pueblos indígenas.
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El territorio adjudicado para la explotación del lote 64 se superpone con las tierras de las comunidades indígenas y 22 de ellas conviven con la actividad petrolera. Además, nueve comunidades son afectadas por una superposición del 100 por ciento de su territorio.
"Nuestros bosques son nuestra medicina, nos da de todo, nos han salvado durante la pandemia. Luchamos contra el Covid-19, comiendo y tomando medicinas naturales", asegura el dirigente achuar, Nelton Yankur.
Por eso, las naciones Achuar, Wampis y Chapra expresaron este jueves su satisfacción ante una sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, que exige al Estado peruano no reactivar el Lote 64, superpuesto a sus territorios en Loreto y Amazonas.
La decisión internacional marca un hito crucial para proteger los ecosistemas frágiles de la selva peruana frente a intereses económicos. Sin embargo, los actores del conflicto advierten que las medidas no deben quedarse solo en el papel. Es vital garantizar que las comunidades afectadas sean parte activa en cualquier proceso de reparación o nueva gestión territorial.
Mientras tanto, se espera que el Estado peruano cumpla con la resolución emitida por el organismo global, evitando así nuevos daños irreversibles al medio ambiente y a los derechos humanos de estos pueblos originarios. La presión internacional y local sigue siendo fundamental para asegurar cambios reales en la política petrolera del país.
En el marco del XII Foro Social Panamazónico, que congrega a pueblos indígenas, comunidades locales y movimientos sociales de la cuenca amazónica, se llevó a cabo una audiencia clave en Puyo, Ecuador. Este espacio reunió a representantes locales junto con expertos internacionales para debatir sobre casos vinculados directamente a los impactos de la extracción de combustibles fósiles. El tribunal internacional, integrado por Francesco Martone, Patricia Gualinga, Natalia Greene, Mario Melo y Pablo Solon, sesionó bajo el auspicio de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza.
La jueza Tatiana Roa, en representación de la corte, anunció el reconocimiento explícito de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Durante el debate, intervino el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo. Con base en estos antecedentes, el tribunal exigió formalmente al Estado peruano suspender cualquier actuación destinada a reactivar el Lote 64 y revisar las decisiones que habilitan dicha explotación.
La sentencia dictada demanda el respeto al derecho de consulta y consentimiento previo, así como la restauración de los ecosistemas afectados. Asimismo, subraya que quienes defienden los territorios hagan su labor sin amenazas ni persecución. Dispuso además que la decisión sea remitida al sistema interamericano donde existe una petición respecto a la nulidad del lote en mención, así como a otros organismos internacionales.
Alrededor del Lote 64, parte de la ruta norte petrolera que abarca el Oleoducto Norperuano y dos refinerías de Petroperú, tres líderes indígenas presentaron ante la audiencia los graves impactos de la extracción en sus tierras. Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; Elmer Kunchim, presidente de la FENAP; y Elio Sesen, abogado de la Nación Wampis, alertaron sobre daños a fuentes hídricas, fauna y la vida comunitaria. Estas voces representan una lucha incesante durante 33 años para evitar que se extraiga crudo en sus territorios.
“Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza. Perjudica la vida de la humanidad, trae muchas enfermedades, y contamina nuestros ríos, bosques, a nuestras chacras, que son mercados, farmacias, la base de la subsistencia de nuestras comunidades”, declaró Elmer Kunchim. Por su parte, Olivia Bisa mencionó: “Hemos visto con pesar la experiencia de extracción de petróleo realizado en otros pueblos indígenas cercanos a nuestros territorios. Sus hijos tienen plomo, cadmio, metales pesados en su sangre, tienen su futuro contaminado y no queremos eso para nosotros y nuestros descendientes”. Añadió que sus naciones han sufrido derrames de crudo en 2016, 2019, 2022 y 2024 por causa del Oleoducto operado por Petroperú y el Lote 192.
La magnitud del problema está respaldada por la investigación “Las sombras de los hidrocarburos”. Entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas en el país: el 57% ocurrió en la Amazonía y el 43% en la costa. Loreto fue la región más afectada, con 707 derrames. Estos datos reflejan la gravedad de una actividad que las comunidades consideran una amenaza directa a su existencia y al futuro de sus hijos.
Durante el año 2020, Geopark retiró su operación del Lote 64 en la Amazonía, dejando a Petroperú como el único operador actual. La petrolera estatal ahora busca un nuevo socio comercial para reactivar la explotación de este bloque, pero enfrenta una prolongada crisis financiera que complica sus planes inmediatos.
No obstante, el proyecto ha estado marcado por graves conflictos legales y ambientales desde hace años. A pesar de que el Convenio 169 de la OIT rige en el país desde 1995, garantizando derechos colectivos y consentimiento previo libre e informado ante proyectos de gran impacto, estas garantías fueron vulneradas según las organizaciones indígenas.
Dichas entidades denunciaron que tanto Petroperú como sus empresas socias, incluida GEOPARK, incumplieron ambos mandatos fundamentales. Este reclamo se refuerza con el estudio de impacto ambiental presentado por Geopark en 2018, documento que recibió más de 100 observaciones.
Varias de estas alertas fueron aportadas por la FENAP y la Nación Wampis, quienes señalaron deficiencias críticas: plagios de Wikipedia, falta de reconocimiento de pasivos ambientales, gestión inadecuada de residuos e información insuficiente sobre el traslado de toneladas de crudo a través del río Morona.
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