Nadie cree en coincidencias, así que no puede ser azar que en política peruana se den dos hechos concretos. Por un lado, la diputada Yenifer Paredes del partido Juntos por el Perú ha sido colocada al frente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja; por otro, su colega Marino Lavado, también de esa bancada, salió a cuestionar la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía en Pataz. Este último es un bastión de la extracción ilegal y del resto de la delincuencia que se mueve allí.

Estos dos puntos refuerzan la hipótesis de que Juntos por el Perú funciona como el brazo político de la minería ilegal. Cualquier eventual ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) u otro beneficio para los extractores que operan al margen de la ley, tiene que pasar obligatoriamente por ese grupo de trabajo.

El problema es grave: Paredes preside esa comisión y no tiene la más mínima idea de lo que se trata en un espacio que siempre ha sido eminentemente técnico. Pero igual de escandaloso es el comportamiento del propio Marino Lavado, quien optó por fustigar el trabajo que realizan militares y policías en Pataz desde el gobierno de Dina Boluarte.

Ese mismo legislador, perteneciente al partido de Roberto Sánchez, se convirtió en promotor de la interpelación al ministro de Defensa, Rafael Belaunde. La razón es su postura sobre la presencia de las tropas en esa zona de la sierra de la región La Libertad. Se trata de uno de los principales focos de violencia generada por la explotación de minerales al margen de la ley, un lugar donde se busca blindaje político frente a acciones reprimitivas.

Así, mientras una comisión técnica queda en manos de alguien inexperto y su propio compañero de partido ataca la labor de seguridad, se crea un entorno propicio para que la ilegalidad continúe operando sin consecuencias. La situación demuestra cómo el interés político prima sobre la justicia y la seguridad en zonas críticas del país.

Si Lavado prefiere que militares y policías se retiren para permitir que delincuentes con fusiles y explosivos hagan lo que quieran, que lo declare abiertamente. Evite andar con interpelaciones o rodeos, ni afirmar sin evidencias que las fuerzas del orden cometen abusos contra la población civil como excusa para su salida. Si esto viene sucediendo, un hecho muy grave, es momento que el legislador formule las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Ciudado con el retorno de la "Chota Nostra", alianza entre castillismo e izquierda que promueve corrupción y reparto de cargos públicos a cambio de dinero, debemos ser vigilantes. Esta dinámica incluyó el direccionamiento de obras y cooperación con economías ilegales, activa incluso desde el gabinete ministerial. ¿Recuerdan al prófugo Juan Silva y a Geiner Alvarado? Ya lo padecimos hace cinco años, y hoy parece de vuelta con un blindaje a la minería ilegal desde la Cámara de Diputados. Esta iniciativa busca operar al margen de la legalidad, replicando los errores del pasado bajo nuevas formas políticas que amenazan el orden institucional y la seguridad ciudadana en nuestra región. La historia reciente nos enseña que estas alianzas suelen traer consecuencias devastadoras para la sociedad peruana si no son detenidas a tiempo por los mecanismos constitucionales disponibles.

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