Sunao Takami, de 58 años, fue ejecutado este viernes en Japón. El autor del crimen provocó un incendio mortal en 2009 dentro de una abarrotada sala recreativa conocida como 'pachinko', ubicada en la ciudad de Osaka. Según confirmó el ministro de Justicia, Hiroshi Hiraguchi, durante una rueda de prensa, la acción consistió en rociar con gasolina y desatar las llamas que causaron la muerte de cinco personas e hirieron a diez otras.

Las víctimas mortales fueron cuatro clientes del local y un empleado. Entre los heridos, varios sufrieron discapacidades permanentes. "Este caso fue un crimen extremadamente brutal, meticulosamente planeado y preparado", declaró el funcionario. Hiraguchi añadió que "un gran número de personas murieron calcinadas indiscriminadamente" mientras las llamas y el humo envolvían a muchos clientes y empleados inocentes.

Takami había sido condenado a muerte por la Justicia nipona tras el ataque. Durante el juicio, su defensa alegó que la responsabilidad del acusado era limitada debido a delirios mentales; sin embargo, los tribunales ratificaron sucesivamente su plena responsabilidad y desestimaron la reclamación de que la ejecución por ahorcamiento viola la Constitución al ser cruel e injusta.

Takami es la primera persona en ser ejecutada en Japón desde junio de 2025. Además, se trata de la primera ejecución realizada durante el mandato de la actual mandataria nipona, Sanae Takaichi. Actualmente, hay cien personas esperando su sentencia capital en el corredor de la muerte del archipiélago.

Agencia EFE "El ahorcamiento no es especialmente cruel en comparación con otros métodos", declaró el ministro de Justicia Hiraguchi, quien agregó que actualmente hay 100 personas en el corredor de la muerte. Japón, junto a Estados Unidos, es el único país democrático e industrializado que aún aplica la pena capital. Esta práctica es criticada por organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch no solo por su vigencia, sino también porque se suele avisar a los reos con pocas horas de antelación. El ministro enfatizó que el Tribunal Supremo determinó que no existen razones para considerar esta ejecución inhumana frente a otras alternativas disponibles en la actualidad del sistema penal japonés.

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