Terremoto en Lima dejaría pérdidas por US$ 100,000 millones, ¿qué pasará con quienes se queden sin casa?

"El estimado de pérdidas ante un terremoto de gran intensidad, como uno de 8.8 en la escala de Richter, va a depender mucho de la ubicación del epicentro y la profundidad del sismo"», señaló a Gestión Martín Penagos, gerente de Líneas Comerciales de Pacífico Seguros. Explicó que, por ejemplo, un evento con epicentro en Lima y Callao y una profundidad baja o media podría dejar pérdidas catastróficas para el país con estimados que podrían estar por encima de los US$ 100,000 millones, sin contar el impacto en salud y vida de las personas. Ante un desastre de tal magnitud, el Estado necesitaría desembolsar más de US$ 2,500 millones –que excede a la reserva de contingencia asignada en el presupuesto público del 2025– solo para brindar un módulo temporal de vivienda a cada persona o familia que pierda su hogar, sin contar con alimentación y otros recursos, indicó a este diario Eduardo Morón, presidente del gremio. El problema es que, debido a la poca penetración de seguros en el país, probablemente la gran mayoría de estas pérdidas no estaría asegurada, sobre todo en los sectores más vulnerables, manifestó Penagos. Según estimados de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), más de medio millón de viviendas en Lima podrían volverse inhabitables si ocurre un sismo de grado siete o mayor. ¿Cómo se pueden analizar estas cifras? La preocupación crece al considerar que el costo de respuesta estatal superaría las reservas disponibles para contingencia fiscal, dejando a millones de familias sin techo y sin recursos inmediatos. La falta de cobertura en los sectores más pobres convierte este escenario en una amenaza financiera masiva para la nación y su estabilidad social.

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Según Apeseg, existen alrededor de 7 millones de viviendas en zonas urbanas del país, pero solo el 4.7% cuentan con seguro. En tal sentido, Eduardo Morón, presidente de la asociación, advirtió que las personas de segmentos más bajos necesitarían asistencia gubernamental, pues sus inmuebles no son asegurables.

“Un módulo de vivienda cuesta US$ 5,000, y estamos hablando de medio millón de viviendas (que podrían afectarse en Lima en caso de un terremoto), ¿de dónde vas a sacar la plata?”, cuestionó el ejecutivo. Explicó que la autoconstrucción es una realidad: en Lima, el 71% de las viviendas son autoconstruidas; este porcentaje sube al 90% en el segmento C y llega al 100% en los estratos D y E.

“Son viviendas que claramente no van a pasar un peritaje (de un seguro)”, afirmó Morón, destacando la dificultad de manejar campamentos temporales como se vio con El Niño en el norte en 2017, los cuales son superpequeños comparados con los damnificados estimados.

Aunque una vivienda autoconstruida puede formalizarse mediante estudios correspondientes, Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, advierte que esto requiere inversión del interesado. “Una revisión de un técnico obviamente implica un costo, y alguien tendría que asumirlo”, añadió. Por ello, es difícil esperar que esto suceda en la mayoría de los casos, especialmente en los estratos más bajos.

El hecho de ser autoconstruida no impide necesariamente la formalización si se pasan los estudios pertinentes, pero el costo de una revisión técnica representa una barrera significativa. Esto deja a millones de familias expuestas, ya que la inversión necesaria para asegurar sus hogares es inalcanzable para quienes más lo necesitan.

Existen alrededor de 7 millones de viviendas en zonas urbanas en el país, de las que solo 4.7% están aseguradas, según Apeseg.

El sismo de 6.1 magnitud que sacudió Lima el domingo dejó un fallecido y diversos heridos, mientras que réplicas de 4.2 y 3.7 siguieron afectando la región en las horas posteriores. Ante este escenario, el gremio asegurador estima que el 75.3% del total de inmuebles protegidos contra sismos en el país (242,215 viviendas urbanas) se concentra en Lima y Callao. Sin embargo, existe una falta de conciencia sobre el riesgo latente; Chang coincidió con Morón al señalar que no se tiene mapeado un terremoto como amenaza inminente, lo que genera poca inversión en pólizas por parte de los ciudadanos. Antes de la pandemia ya se discutió la obligatoriedad de este seguro a nivel gubernamental, pero la propuesta aún carece de definición oficial. En ese sentido, el catedrático manifestó: «Debería existir un programa un poco más agresivo de comunicación por parte también de las entidades financieras y de los municipios que deberían recomendar, dependiendo de la ubicación, la posibilidad de poder tomar este tipo de seguros». La necesidad de sensibilizar surge porque muchas personas no perciben este peligro. Es vital que las autoridades y el sector privado actúen con celeridad para evitar que los damnificados queden sin protección ante futuros movimientos sísmicos. Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

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