Pese a que esta medida ha sido planteada en ocasiones anteriores sin prosperar, ahora al menos cinco de los 36 candidatos proponen aplicar un impuesto a las grandes fortunas o a quienes posean mayores ingresos. Esta información surge tras una revisión a los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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En contraste, alrededor de 16 partidos han puesto mayor énfasis en medidas que implican expresamente reducir o aplicar exoneraciones de tributos como el Impuesto a la Renta (IR) o el Impuesto general a las ventas (IGV). Esta polarización marca el inicio del debate fiscal rumbo a las elecciones.
Las propuestas en detalle
Juntos por el Perú es uno de los partidos que plantea esta medida. Este partido propone la creación de un sistema tributario progresivo que incluya un impuesto a grandes fortunas, el cual se aplicaría específicamente en situación de crisis como estrategia para alcanzar una mayor meta de recaudación fiscal.
Por su parte, el Partido Morado también menciona este impuesto a las “grandes fortunas”, especificando la eventual aplicación de una tasa del 1% sobre patrimonios superiores a los US$ 5 millones. El llamado “impuesto solidario” se menciona como una de las fuentes para financiar su propuesta de Pensión Universal Adultos Mayores.
Asimismo, este partido propone un recargo por rentabilidad extraordinaria para grandes empresas que mantengan un ROE (Return on Equity) superior al 25% durante tres años consecutivos. Una lista más amplia se propone en el plan de la Alianza Electoral Venceremos, que busca aplicar un impuesto a las grandes fortunas para patrimonios mayores a US$ 100 millones.
Dicha alianza también contempla impuestos a bienes de lujo y un mayor impuesto a la renta para quienes perciban ingresos superiores a S/ 500,000 al año. Por su lado, Perú Libre habla de priorizar impuestos directos a grandes rentas y patrimonios para incrementar la recaudación tributaria.
En tanto, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores menciona que propiciarán una reforma donde “los que ganan más paguen más”.
Otros candidatos proponen eliminar tributos como el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles, el ITF y el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), además de reducir el IGV hasta niveles del 10%. Estas ideas surgen en medio de la reciente evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para optimizar las exoneraciones tributarias. El objetivo fiscal era reducir beneficios existentes con el fin de mejorar las finanzas públicas, dado el riesgo de incumplir la meta de déficit.
Por su parte, Renovación Popular —que lidera las encuestas— busca una reducción del IGV para incentivar la formalización. Le sigue Fuerza Popular, que apunta a incentivos y la exoneración del IR por tres años para jóvenes emprendedores.
¿Es viable poner impuestos a la “riqueza”?
Para los especialistas consultados por Gestión, las propuestas de aplicar impuestos a la riqueza o bienes de lujo —aplicados antes en España, Uruguay, Colombia y Argentina— enfrentan cuestionamientos técnicos. El tributarista Jorge Picón recordó que durante la pandemia varios países evaluaron la imposición a grandes patrimonios, pero en casi todos los casos no se recaudó mucho. En el caso peruano, indicó, el resultado podría ser aún más limitado debido a la alta informalidad. "Se ha analizado varias veces y no daría un buen resultado. Es un impuesto muy difícil de recaudar porque requiere controlar y valorar todos los inmuebles y propiedades que pueda tener una persona, lo cual es sumamente complicado y hoy la Sunat no puede ni controlar las rentas de las personas que es más sencillo", comentó Picón.Franco Pantigoso, director de la Maestría en Tributación de la UPC, advirtió que modificar normas sin antes lograr una reforma institucional es arriesgado. «Antes de cambiar reglas se requiere otorgar estabilidad y estrategia a la administración tributaria, pues solo en los últimos dos años se ha cambiado al jefe de Sunat en cinco ocasiones», señaló el especialista.
Según Pantigoso, la efectividad de un impuesto depende de la capacidad de fiscalización. «Existe el temor de que grandes patrimonios trasladen su residencia fiscal a países con menor carga tributaria, lo que reduce la inversión y genera menos puestos de trabajo», explicó. Añadió que gravar activos ya tributados viola principios económicos: «Al gravar el patrimonio que ya pagó impuestos en su origen se violaría principios de capacidad económica, siendo en ocasiones confiscatorio al superar ciertos límites de imposición a la renta».
El experto también criticó las propuestas actuales por carecer de tecnicidad. «Las propuestas a menudo carecen de tecnicidad, con cálculos de base imponible que no se ajustan por depreciación, gravando activos de subsistencia de la clase media», afirmó.
En el caso de un impuesto a los bienes de lujo, como el propuesto por Venceremos, Pantigoso alertó sobre la proliferación de mecanismos de elusión. «Hay que tener muy claro que el pago de impuestos es algo que desalienta la materia imponible. Eso quiere decir que si tú estás gravando el patrimonio, la gente va a tratar de mostrar menos patrimonio», refirió.
Por su parte, Picón coincidió en que estas medidas alteran las decisiones económicas y pueden generar fuga de capitales y desinversión. «Medidas como esta podrían generar fuga de capitales y desinversión, así como una doble imposición tributaria», complementó el analista.
Pantigoso, por su parte, plantea que antes de crear nuevos impuestos, se podría fortalecer el IR, ampliar su base, mejorar la fiscalización del IGV y simplificar los regímenes existentes. Esta simplificación del sistema, añadió, podría lograrse con una reducción de los actuales regímenes tributarios a uno para grandes empresas y otro más simple para pequeñas, lo que permitirá generar predictibilidad y seguridad jurídica.
Frente a las propuestas de reducción del IGV u otros tributos, Picon precisó que esta medida solo se podría aplicar si el Estado estuviera dispuesto a reducir gasto. Sin embargo, recordó que desde hace al menos 15 años el gasto público supera la recaudación.
En ese sentido, plantea que quien proponga reducir un impuesto debe precisar qué gasto disminuirá o cómo reemplazará esa recaudación. Además, añadió que si se buscara incorporar un nuevo tributo, uno de los pocos con mayor sustento sería el impuesto a la herencia, pues Perú es uno de los pocos países que no lo aplican.
"La excepción para impuestos termina generando algún tipo de ineficiencia. Cuando uno analiza si es que algo se debe exonerar o no, se debe hacer de manera técnica, pero ahora hablar de exonerar es más populista para tratar de ganar votos", explicó.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
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