Disney sostiene que las acciones buscan generar temor entre las emisoras estadounidenses y constituyen una amenaza contra la libertad de expresión.

La controversia estalló en abril cuando Brendan Carr, presidente de la FCC y aliado de Donald Trump, ordenó una inusual verificación de autorización para licencias que vencían dentro de años. Ante esto, ABC, propiedad de Walt Disney, presentó una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ante el Tribunal de Distrito de Washington.

La compañía acusa al Gobierno de emprender una campaña de represalias por su contenido editorial. El recurso judicial solicita frenar la revisión anticipada de licencias de ocho estaciones locales, las cuales pertenecen directamente a Disney y operan en mercados clave como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Según el documento, la administración “ha emprendido una campaña de represalias enfocada en ABC por una sola razón: desaprueba lo que transmite”. Esta petición sostiene que las acciones representan una amenaza a la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

Disney busca impedir que Carr continúe con la impugnación. “La intervención de este tribunal es necesaria para detener el extraordinario ataque de la Comisión Federal de Comunicaciones contra la libertad de expresión”, señala el texto presentado por Disney, quien argumenta que las medidas buscan generar temor entre las emisoras estadounidenses y constituyen un peligro directo a los derechos civiles.

La empresa argumenta que acudió a los tribunales “a regañadientes” ante una amenaza continua e inmediata. La demanda sostiene: “No existe ningún medio alternativo para eliminar estas amenazas continuas e inmediatas que no sea capitular por completo ante las exigencias del Gobierno”. Esta situación se agravó tras el chiste de Jimmy Kimmel, presentador nocturno de ABC, sobre la primera dama Melania Trump. El jefe de Estado reaccionó en redes y presionó a la cadena para despedirlo. Poco después, la FCC solicitó documentación anticipada de licencias, un paso sin precedentes. Los permisos del organismo se renuevan cada ocho años y rara vez son revocados. Hasta este año, no había emitido una orden así en décadas. La medida fue calificada por Disney como “sin precedentes”, ya que nunca antes la FCC había exigido este proceso a un grupo de estaciones de una misma cadena. Carr justificó su decisión con una investigación sobre políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), advirtiendo que la cadena podría incurrir en “discriminación ilegal por DEI”. Sin embargo, críticos consideran ese argumento un pretexto para una campaña política contra Disney. La coerción también alcanzó al programa diurno The View. La acción afirma que, desde el inicio de la investigación, el espacio se volvió “más cauteloso a la hora de invitar a candidatos políticos”. Según Disney, ningún postulante apareció en el programa desde el 2 de febrero. Así, lo que comenzó como un conflicto mediático derivado de una broma televisiva se transformó en una orden administrativa única y sin precedentes que ha llevado al Gobierno de Trump a los tribunales. La cadena ve en esta medida una represalia directa por sus contenidos, forzándola a defenderse judicialmente para evitar la pérdida total de su licencia operativa. La estación ABC decidió no emitir ciertos videos que podrían ser interpretados como apariciones directas de candidatos, una medida que la demanda atribuye a un cálculo intencional. Según el litigio, esta estrategia busca infundir temor en toda la industria de los medios del país y enviar un mensaje claro a todas las emisoras. Además, se abrió un caso específico contra el programa The View por una supuesta violación de la regla de igualdad de tiempo, una norma que ha sido aplicada con mucha rareza en años recientes. Este show suele incluir críticas abiertas al expresidente Trump. Por su parte, la FCC defendió sus acciones este martes tras recibir una respuesta de la BBC. “Todas las emisoras tienen la obligación legal de operar en interés público, incluso Disney”, reiteró el organismo. El presidente de la agencia aclaró que las solicitudes de renovación se centran estrictamente en el interés público y no constituyen represalias. Explicó que llevan más de un año revisando denuncias sobre discriminación ilegal por motivos de diversidad, equidad e inclusión, y añadió: “La FCC seguirá los hechos y la ley adondequiera que conduzcan”. Frente a estas presiones, Josh D’Amaro, CEO de Disney, defendió firmemente la postura corporativa en una entrevista con CNBC. “No vamos a permitir que nos digan cómo manejar esa parte de nuestro negocio”, afirmó, haciendo referencia directa a la integridad periodística de ABC. El conflicto también arrastra episodios previos significativos; Trump demandó con éxito a ABC News y a George Stephanopoulos por difamación en el pasado. La cadena pagó 15 millones de dólares a la fundación presidencial, más un millón adicional en honorarios legales. Este historial forma parte del contexto actual donde la agencia federal examina si sus acciones son legítimas supervisión o castigo político por los contenidos que han emitido las cadenas de televisión frente a la administración de Trump y su influencia en la regulación de los medios nacionales.

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