A mediados de julio, Gestión reportó que Perú lideraba la lista regional en arbitrajes pendientes: 22 casos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Sin embargo, ese indicador no disminuyó; por el contrario, creció con un nuevo sumando. Promigas, concesionaria del gas natural en la zona norte, acaba de llevar al país a esta instancia internacional. Aunque esta acción marca su oficialización, Gestión ya había revelado en marzo de 2025 que era la intención de la empresa.

La disputa central gira en torno a la tarifa de gas natural y se mantiene vigente. Según este diario, Promigas quedó “habilitada” para iniciar el arbitraje tras cumplir un proceso de trato directo de seis meses, lo cual ocurrió desde mayo del año en curso. No obstante, la solicitud formal ante el Ciadi no se presentó hasta la quincena de junio.

Gas natural en Piura. (Foto: Promigas)

La tarifa en discusión

Es crucial recordar que tras finalizar la vigencia de la tarifa inicial establecida por ProInversión, correspondía al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) calcular una nueva para los próximos cuatro años. Fue precisamente en este punto donde surgieron las fricciones entre el regulador y la empresa.

La dinámica del conflicto se desarrolló así: la prepublicación de la tarifa por parte de Osinergmin ocurrió el 20 de noviembre de 2024; la publicación definitiva, tras incorporar comentarios, fue el 27 de diciembre del mismo año. Finalmente, y la absolución del recurso de reconsideración (presentado por la empresa ante el organismo) fue el 5 de marzo del 2025, cerrando esta etapa administrativa antes de que se formalizara el arbitraje internacional.

Miguel Maal Pacini, gerente general de Promigas, había señalado a Gestión que existen notables diferencias entre la empresa y el regulador Osinergmin en todos los componentes tarifarios. Ahora, este diario sabe que el diálogo con el Estado sigue abierto; con un nuevo Gobierno, se espera cerrar el tema para que eventualment la compañía pueda revisar su retirada ante el Ciadi.

La clave radica en cómo se estructura la tarifa. Al analizar el recurso de reconsideración, Osinergmin reconoció una tarifa final al usuario de US$ 14.66 por millón de BTU. De este monto, US$ 8.7 corresponden a distribución y transporte virtual: US$ 7.34 para la distribución y US$ 1.37 para el transporte.

No obstante, esta cifra es inferior al US$ 12 por millón de BTU inicial pactado en el contrato de concesión. Además, según la visión empresarial, la tarifa no considera las inversiones eficientes que Promigas ha realizado hasta ahora. Este recorte financiero y la divergencia regulatoria mantienen viva la disputa que llevó a la firma a interponer recursos ante el organismo internacional.

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