Los resultados mensuales confirman una consolidación del registro de julio: la confianza para invertir ha alcanzado su nivel más alto en 15 años. Esta señal positiva apunta a que la inversión privada crecerá 10% o más este año, lo cual impulsaría la generación de empleo formal. Sin embargo, el Gobierno debe navegar cuatro retos clave que podrían complicar el avance de sus propuestas económicas.

¿En qué se basa esta confianza? Probablemente en que las comunicaciones y decisiones del Ejecutivo han sido percibidas, en balance, como positivas. El mensaje a la nación, la conformación del Gabinete y nombramientos clave (como los de Banco Central de Reserva del Perú, Sunat y Petroperú) transmiten una intención clara de mejorar la gestión pública.

Estas acciones demuestran comprensión sobre temas urgentes, tales como enfrentar el fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana. De hecho, el 99% de los clientes SAE considera que los anuncios del mensaje del 28 de julio estuvieron en línea con sus expectativas o las superaron, sugiriendo un fuerte respaldo a la confianza empresarial.

La conformación del Gabinete ha tenido un papel particularmente relevante: el 93% de los clientes SAE tiene una opinión positiva o muy positiva. La selección combina perfiles técnicos con políticos, reflejando que el Gobierno es consciente de sus limitaciones de capital político y busca enfoques pragmáticos.

En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ha priorizado un perfil técnico, enviando una señal contundente de seriedad. El ministro actual, Elmer Cuba, ha fijado metas en crecimiento económico (4% promedio entre 2026 y 2031), pobreza monetaria (15% de la población al 2031) e informalidad laboral (50% de los trabajadores al 2031).

Con prioridades estratégicas claras —aumentar la productividad y reducir la desigualdad social—, el equipo busca implementar reformas en inversión, finanzas e impuestos. Todo indica que la administración actual intenta construir credibilidad mediante datos concretos y objetivos medibles a largo plazo.

A pesar de las concesiones políticas necesarias para equilibrar aspectos técnicos, ciertas medidas como el aumento del salario mínimo o la conservación del número actual de feriados no favorecen directamente la productividad ni la reducción de la informalidad. No obstante, al considerarlas dentro del conjunto global, se comprenden como ajustes para mitigar impactos negativos en ciertos sectores.

Esta gestión económica muestra una mejora frente a los cinco años anteriores, estableciendo un marco para evaluar si las próximas decisiones acercan al Gobierno a sus objetivos. Para ello, cuenta con una agenda definida en el corto plazo que aborda asuntos urgentes: la alta inflación y las presiones sobre la sostenibilidad fiscal.

Dentro de este plan, se destinarán S/ 2,500 millones para financiar la respuesta ante la emergencia del FEN. Paralelamente, se implementarán subsidios a transportistas para la compra de diésel, amortiguando el efecto negativo del alza en los precios internacionales del petróleo sobre los costos empresariales y el poder adquisitivo de las familias.

Por otro lado, la administración planea presentar demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes de gasto aprobadas por el Congreso anterior. Esta acción podría evitar cerca de S/ 18 mil millones en gasto rígido adicional durante los próximos cinco años. De igual forma, respalda políticamente la reestructuración de Petroperú para mejorar su gobernanza y gestión, traduciendo esto gradualmente en resultados financieros más sólidos.

También se han comentado acciones vinculadas a temas tributarios y laborales para reducir la informalidad. Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. Como se mencionó, el Gobierno enfrentará cuatro retos clave que podrían complicar su labor.

Retos que pueden cambiar tendencia

El primer desafío será sostener el capital político inicial adquirido. Esto exigirá respuestas eficaces y rápidas a los temas más urgentes: la emergencia del FEN y la inseguridad ciudadana. Estas problemáticas ya golpean a empresas y familias, limitando el crecimiento económico en los próximos meses.

Aun así, algunas medidas, como aumentar el salario mínimo o mantener el número de feriados, no contribuyen a los objetivos de mejorar la productividad y reducir la informalidad.

En un balance favorable de los mensajes y acciones del nuevo Ejecutivo en sus primeras semanas, el sector corporativo percibe que los buenos niveles de confianza empresarial y la percepción positiva sobre el Gabinete le otorgan al Gobierno un margen inicial para gestionar una relación constructiva con el sector privado. Este espacio permite trabajar conjuntamente para enfrentar escenarios de crisis y dinamizar la economía nacional.

No obstante, ese margen es condicional y su sostenibilidad dependerá de cuatro factores críticos. Primero, el Poder Ejecutivo deberá administrar con cuidado su delicada relación política con el Congreso de la República. Según un sondeo de Apoyo Consultoría realizado a más de 40 expertos políticos en julio, existe una alta probabilidad de que el Gobierno obtenga facultades legislativas para prevenir y mitigar el FEN, luchar contra economías ilegales e impulsar la inversión privada.

Sin embargo, desafíos internos persisten. El control de la oposición sobre comisiones clave del Parlamento, como las de economía y energía, o minas, junto con la ausencia de una mayoría oficialista, podrían obligar al Ejecutivo a realizar múltiples concesiones para que se aprueben sus iniciativas. Esto podría atenuar o distorsionar los impactos esperados sobre el entorno de negocios.

Tercero, será imperativo revertir el deterioro del aparato público del quinquenio previo, ya que su deficiente estado podría ralentizar la implementación de cambios esenciales, especialmente aquellos que requieren una compleja coordinación intersectorial. Cuarto, el Ejecutivo tendrá que conseguir apoyo político regional, sobre todo en el sur donde el respaldo es más débil, para contener potenciales brotes de conflictividad social.

Aunque las elecciones municipales y regionales podrían ofrecer ese espacio necesario, hay alta incertidumbre sobre la capacidad de Fuerza Popular para ampliar su presencia territorial. En promedio, los expertos políticos asignan una probabilidad cercana al 50% a que el partido gane al menos una gobernación regional.

De la gestión acertada en estos frentes dependerá mantener el apetito del sector privado por invertir y contratar. Si el Gobierno respondiese mal o tarde al FEN y a la inseguridad ciudadana, no lograse consensos con el Congreso y las regiones, ni mejorase la calidad del aparato público, tendría graves dificultades para implementar su agenda y alcanzar las ambiciosas, pero logrables, metas del MEF.

"Las dos reconstrucciones"

Por Pablo del Águila, jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)

Hoy se vislumbra un FEN fuerte o extraordinario en los próximos meses. Las proyecciones indican lluvias intensas en la costa norte y sequías en el centro-sur, fenómenos que podrían igualar o superar a los de 1997. Ya es momento de gestionar no solo la emergencia inmediata para evitar daños mayores, sino también el proceso de reconstrucción del norte; esperar a que «caiga el cielo» sería demasiado tarde. No obstante, ningún plan se concretará si no avanza simultáneamente la otra reconstrucción: la de las capacidades del aparato público. Este problema de larga data ha empeorado drásticamente en el último quinquenio y representa un serio reto para la ejecución. El Ejecutivo debe cubrir más de mil puestos de alta dirección en los ministerios, una tarea compleja que se suma a una descentralización que no ha dado resultados tangibles. De cara a esta crisis, 25 gobernadores y 1 892 alcaldes asumirán funciones durante el peor momento del desastre climático. Sin esta primera reconstrucción administrativa, la segunda difícilmente pasará del papel y las instituciones estarán desbordadas.

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