Aldo Bravo, legislador perteneciente a Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que busca sancionar severamente a quienes realicen "apología al delito" en escenarios de crisis política o conflictos sociales. El texto legal define como tal toda acción que "promueva", "solicite", "señale", "aliente", "justifique" o "legitime" el uso de artefactos explosivos u otras sustancias peligrosas capaces de afectar la seguridad ciudadana, así como la vida y los bienes del Estado.

Dicha normativa contempla una amplia lista de posibles infractores, abarcando desde cualquier funcionario público hasta líderes políticos, sociales o gremiales. También están incluidos los influencers, creadores de contenido digital y, crucialmente para el sector mediático, comunicadores y líderes de opinión que utilicen medios tradicionales, plataformas digitales o manifestaciones para difundir estas conductas.

Las consecuencias previstas son contundentes: quienes incuyan en esta tipificación enfrentarán una pena privativa de libertad no menor a cuatro ni mayor a cinco años. Si la persona afectada fuera un servidor público, además del tiempo de cárcel, se le aplicará una sanción de inhabilitación.

No obstante, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ha rechazado firmemente esta iniciativa legislativa. En su pronunciamiento, la entidad destacó que el principal problema radica en la notable ambigüedad del texto. El CPP cuestionó si sería posible considerar como "apología" una simple acción periodística donde un informador relata con precisión el lugar y la fecha de una protesta.

"Una norma formulada en términos tan amplios como los que propone Bravo podría llevar a que la difusión de información de interés público sea interpretada, indebidamente, como una forma de apología al delito", alertó la organización. El CPP advirtió que tal iniciativa termina restringiendo las libertades fundamentales de expresión, prensa y de información. Por ello, el organismo considera peligroso convertir actos de comunicación legítimos en delitos graves bajo este esquema legal.

El gremio advirtió que el proyecto del diputado Aldo Bravo, sobre apología al delito, podría afectar a cualquier ciudadano que comparta información en sus redes sociales durante contextos delicados. La difusión de datos de interés público podría ser interpretada, indebidamente, como una forma de apología al delito. El riesgo radica en una interpretación expansiva de la norma, lo cual expone a usuarios a sanciones penales.

El CPP indicó que el principal problema del proyecto es la ambigüedad. “Igualmente, problemática es la referencia a los períodos de 'crisis política'. ¿Qué constituye exactamente una crisis política y quién determina cuándo comienza y cuándo termina? Cuando están en juego sanciones penales, estas indefiniciones no son asuntos menores”, apuntó el organismo.

Asimismo, cuestionaron si podría considerarse apología que un periodista informe sobre el lugar y la fecha de una protesta o explique las motivaciones de quienes la convocan. El Consejo de la Prensa Peruana rechaza el proyecto de ley del diputado Aldo Bravo (@abravoq).

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