Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, presentó este jueves 20 de agosto ante la Cámara de Diputados el eje de seguridad de la Política General de Gobierno 2026-2031. Entre las principales medidas, anunció el uso temporal de cuarteles de las Fuerzas Armadas que se encuentren en desuso como espacios de reclusión para internos de menor peligrosidad. Esta propuesta forma parte de un paquete de acciones destinado a recuperar el control de los establecimientos penitenciarios y reducir el hacinamiento.

Luis Galarreta presenta el eje de seguridad

Galarreta explicó que los cuarteles serían utilizados de manera temporal mientras se construyen nuevos establecimientos penitenciarios de alta seguridad. Estos espacios recibirán a personas condenadas por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras que no representen un alto nivel de peligrosidad. El objetivo, según la exposición del premier, es descongestionar los penales actuales y concentrar a los internos de mayor peligrosidad bajo un régimen de controles reforzados. La propuesta contempla el uso de instalaciones militares mediante convenios y otros terrenos que resulten adecuados para ese propósito.

El Gobierno también anunció medidas para evitar que las cárceles sean utilizadas por organizaciones criminales como centros de operaciones. Entre ellas figuran el bloqueo efectivo de las señales de comunicación y la instalación de arcos detectores de seguridad. El Ejecutivo también plantea construir penales de alta seguridad, bloquear las señales de telefonía móvil e instalar arcos detectores para impedir el ingreso de celulares, armas y otros objetos prohibidos.

Además, se busca blindar los centros reclusivos contra la infiltración de elementos delictivos mediante tecnología avanzada. Con estas acciones, la administración estatal pretende transformar la gestión carcelaria y fortalecer la seguridad ciudadana en el país durante la próxima década, priorizando la prevención y la rehabilitación dentro de un marco institucional más eficiente.

Luis Galarreta, jefe de Gabinete, confirmó que se coordinarán, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de las Fuerzas Armadas y terrenos adecuados para instalar espacios destinados a internos por delitos menores. Esta intervención se desarrollará dentro del marco constitucional, según su declaración, donde añadió: "Se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión". Es crucial precisar que esta medida no reemplazará las funciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de la autoridad penitenciaria, sino que solicitará apoyo operativo excepcional a los establecimientos.

Como parte de la estrategia penitenciaria, el Ejecutivo anunció un régimen más estricto para internos de alta peligrosidad. Estas medidas incluyen aislamiento y controles reforzados conforme a la legislación vigente. En el ámbito legal, el Gobierno planteó revisar normas que favorecen la denominada "puerta giratoria". Entre las propuestas figura eliminar la posibilidad de aplicar mecanismos como la terminación anticipada en delitos violentos, dentro de los límites constitucionales.

Además, Galarreta adelantó que se ejecutarán más de 50 mil operativos ordinarios y extraordinarios de seguridad penitenciaria durante el periodo 2026-2031. Las intervenciones estarán orientadas a detectar e incautar teléfonos celulares, armas, drogas y otros objetos prohibidos dentro de los establecimientos. Estas acciones buscan fortalecer la vigilancia y evitar contrabandos.

Finalmente, se enfatizó que el objetivo es garantizar la seguridad interna sin alterar las competencias institucionales vigentes. La implementación de estos cambios busca optimizar recursos y mejorar las condiciones carcelarias para toda la población reclusa del país en los próximos años.

Galarreta sostiene que ciertas actividades ilícitas, como el sicariato, los delitos conexos a la extorsión y las economías ilegales, financian a organizaciones criminales. Por ello, exige una respuesta sostenida del Estado frente al crimen organizado y al tráfico de drogas. Para combatir estas amenazas, la estrategia de seguridad prioriza fortalecer la inteligencia policial y ampliar el Subsistema Especializado contra la Extorsión hasta cubrir 15 distritos judiciales con mayor incidencia delictiva.

Además, se prevé reforzar el sistema de flagrancia y dotar a la PNP de más capacidades operativas. El Ejecutivo destinará más de S/19 millones para la División de Investigación de Extorsiones. Estos recursos permitirán incorporar vehículos y motocicletas durante 2026, además de drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección.

La finalidad es mejorar las capacidades de investigación y desarticulación de bandas dedicadas a este delito. En materia tecnológica, el Gobierno anunció la implementación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS) en 15 unidades de investigación criminal y criminalística durante 2026.

También proyecta poner en funcionamiento, hacia julio de 2027, un sistema de videovigilancia inteligente con herramientas de inteligencia artificial. Galarreta asegura que estas inversiones son clave para desarticular la infraestructura delictiva y garantizar una justicia más ágil frente a los delitos menores.

Leer artículo completo en caretas.pe →