Alejandro Antonio Salas Zegarra, quien actuó como presentante ante la Mesa de Partes Electrónica, ingresó este jueves 20 de agosto un documento a las 8:45 a. m. correspondiente al expediente 00033-2020-32-5001-JR-PE-01. El expresidente Martín Vizcarra, trasladado recientemente a un hospital por un problema médico, se apersonó formalmente al proceso penal ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

Vizcarra señaló que ejerce su derecho a una defensa eficaz y solicitó el reconocimiento formal de sus nuevos representantes legales. Además, el exmandatario fijó como domicilio procesal una oficina ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión N.° 615, oficina 1307, en el distrito de Jesús María, Lima.

También precisó canales alternativos de comunicación para las notificaciones relacionadas con el proceso. El expediente versa sobre la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, por presunto agravio al Estado.

Vizcarra designa a cuatro abogados

En su presentación, el expresidente nombró como defensores a Miguel Alonso Álvarez, con registro CAL N.° 68683; Renato Luis Marquina Díaz, con registro CAL N.° 92238; y Kevin Heyen Gamio, con registro CAL N.° 100365.

Todos los abogados fueron designados junto a Salas Zegarra, quien ostenta el registro CAL N.° 32577. Uno de los principales pedidos formulados por el expresidente es que se le entregue una copia digitalizada del íntegro del expediente judicial, garantizando así acceso pleno a la información procesal.

A través de este escrito, Vizcarra asegura estar debidamente representado para continuar su defensa técnica en el marco del caso que investiga al exjefe de Estado. La medida busca asegurar que el proceso se desarrolle con las garantías constitucionales pertinentes, permitiendo una participación activa y efectiva de sus abogados en cada etapa del juicio.

El documento presentado ante la Sala Penal lleva la sumilla «Nombro Abogados Defensores, Señalo Domicilio Procesal y otros» y quedó oficialmente incorporado al expediente judicial correspondiente.

En su solicitud, Vizcarra pide que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional tenga por designada su defensa técnica, así como por fijado su domicilio procesal y precisados sus canales de comunicación alternativos. El escrito fue registrado con este objetivo específico.

La defensa sostiene que el acceso a la documentación es necesario para garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa. «Con el propósito de garantizar el ejercicio pleno y adecuado del derecho de defensa», señala el documento al fundamentar el pedido de acceso al expediente y a los registros audiovisuales de las audiencias.

Por ello, solicita que la totalidad del expediente sea remitida al correo electrónico señalado en el escrito, además de que las actuaciones posteriores que se realicen en el proceso sean comunicadas por esa vía.

La solicitud comprende también los audios y videos de todas las audiencias de juicio de primera instancia, de acuerdo con el documento presentado ante la Sala Penal. Para sustentar su pedido, el escrito invoca el artículo 138 del Código Procesal Penal, que establece la facultad de los sujetos procesales para solicitar copias simples o certificadas de las actuaciones incorporadas en los expedientes fiscal y judicial.

El documento recuerda que dichas copias pueden ser otorgadas en formato físico o digitalizado y que, en este último caso, su emisión es gratuita. Esta medida busca asegurar la transparencia del proceso y facilitar el trabajo de los abogados defensores al contar con todos los registros disponibles desde la primera instancia hasta las apelaciones actuales.

Así se formaliza la estrategia legal para blindar la posición jurídica del exmandatario ante las instancias superiores del sistema penal nacional, asegurando que cada paso del juicio sea conocido y debatido bajo estrictos parámetros de equidad procesal.

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