Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, compareció el jueves 20 de agosto ante la Cámara de Diputados para presentar la Política General de Gobierno que regirá en el periodo 2026-2031 bajo la administración de Keiko Fujimori. En su intervención, el premier esbozó ejes transversales como seguridad ciudadana, desarrollo social y gobernabilidad, sin embargo, Inforegión analiza aquí los planteamientos vinculados con la agenda ambiental, tanto las propuestas desarrolladas por Galarreta como aquellos temas críticos que quedaron sin metas o acciones concretas. El análisis abarca desde el Fenómeno El Niño y la gestión de recursos naturales hasta asuntos sensibles como la Amazonía, la deforestación, la biodiversidad y los pueblos indígenas.

Un punto central del discurso fue el cambio climático, definido por Galarreta con un enfoque pragmático centrado en la reducción de vulnerabilidad frente a desastres. "Vamos tarde en la prevención del FEN 2026-2027, y tenemos que reconocerlo. Pero será la última vez", reconoció el Ejecutivo al abordar el tema. Su estrategia se concentra casi exclusivamente en la respuesta ante emergencias: limpieza de cauces, descolmatación, drenaje pluvial, búsqueda y rescate, ayuda humanitaria e infraestructura preventiva. Además, propone generar empleo temporal para estas labores y apoyar actividades productivas afectadas.

Es crucial notar que, aunque el eje menciona a los ecosistemas, el discurso no establece metas específicas para su restauración, la conservación de la biodiversidad o la reducción de la pérdida de bosques. Estas líneas sí están presentes en la Política Nacional del Ambiente al 2030, documento que incluye objetivos claros sobre contaminación, gestión de residuos y fortalecimiento de la gobernanza. En contraste, el plan de gobierno actual parece omitir compromisos medibles frente a la crisis ambiental sistémica.

La respuesta más detallada del primer ministro se dirige al Fenómeno El Niño 2026-2027. Galarreta anunció que una comisión especial priorizará 536 puntos críticos para limpieza y descolmatación, iniciando el trabajo en zonas costeras expuestas y el norte del país. No obstante, el riesgo hídrico trasciende las lluvias excesivas. El propio Ejecutivo declaró emergencia por peligro inminente de déficit hídrico en 607 distritos de 16 departamentos para la temporada de lluvias, afectando regiones como Huánuco, Loreto y San Martín.

El escenario presenta otra amenaza grave: los incendios forestales. Un análisis del proyecto MAAP identificó un patrón alarmante donde los episodios intensos de El Niño son seguidos por temporadas con mayores pérdidas de bosque amazónico a causa del fuego. Distritos de Ucayali, Madre de Dios y Huánuco figuran entre los más críticos según el reporte. A ello se suma la alerta sobre los incendios forestales que Inforegión publicó hace unos días. Pese a este antecedente y al riesgo de repetición en 2027, el discurso de Galarreta no desarrolla una estrategia específica para prevenir estos incendios ni plantea metas concretas de preparación frente a la pérdida de bosque amazónico.

Así, mientras se enfoca en la gestión inmediata del agua y las emergencias costeras, la política de gobierno deja vacíos significativos sobre cómo proteger la Amazonía de los incendios que siguen al fenómeno climático. La mención a la biodiversidad queda en un plano general, sin medidas operativas para frenar la deforestación o fortalecer la institucionalidad ambiental que podría mitigar estos impactos.

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Uno de los puntos del borrador se refiere directamente a las áreas naturales protegidas. (Composición: Inforegión)

La conformación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño llama la atención. La Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM establece como integrantes permanentes a los titulares de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa, Economía y Finanzas y Vivienda, además de los jefes del Indeci y de la Autoridad Nacional del Agua. El Ministerio del Ambiente no integra permanentemente esta instancia, aunque la norma permite convocar a otros ministros y entidades. La ausencia abre una interrogante porque el Minam es precisamente el ente rector de la Política Nacional del Ambiente y de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050.

Amazonía, emisiones y pueblos indígenas: los vacíos del discurso

El otro vacío aparece entre adaptación y mitigación. Galarreta sostuvo que “adaptarnos al cambio climático también es proteger el empleo, los ingresos y la capacidad productiva de nuestras regiones”, y presentó medidas para pescadores, infraestructura y ciudades. Pero su exposición no estableció una meta de reducción de gases de efecto invernadero ni explicó cómo el nuevo Gobierno implementará la tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0). Ese compromiso, presentado por el Perú en 2025, plantea avanzar hacia cero emisiones netas al 2050, reducir progresivamente las emisiones en todos los sectores, impulsar una transición energética justa, gestionar sosteniblemente los residuos, fortalecer la economía circular y reducir la deforestación.

La Amazonía es otra de las ausencias centrales. La exposición no formula una meta propia para reducir la deforestación durante el quinquenio, tampoco desarrolla políticas específicas sobre conservación de bosques amazónicos, restauración de áreas degradadas, biodiversidad o turberas. Esto ocurre cuando el Estado ya cuenta con compromisos vigentes: la Política Nacional del Ambiente busca reducir la pérdida de bosques y degradación de ecosistemas y, apenas en junio, el Ministerio del Ambiente publicó el Paquete País del Perú: Acción Climática por los Bosques y la Naturaleza, que plantea fortalecer el control de la deforestación, promover áreas de conservación regional, conservar bosques en comunidades nativas y restaurar ecosistemas amazónicos. El documento vincula incluso la seguridad territorial con la prevención de la deforestación.

Los pueblos indígenas tampoco cuentan con un desarrollo específico dentro de la presentación pese a que varias de las materias anunciadas, minería, bosques, infraestructura, propiedad, cambio climático y gestión de conflictos, pueden incidir directamente sobre sus territorios. El discurso no explica cómo participarán en las decisiones ambientales ni aborda mecanismos como la consulta previa o la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático. La NDC 3.0 reconoce expresamente la participación indígena en la acción climática, mientras que el reciente Paquete País plantea continuar la titulación y georreferenciación de comunidades nativas para fortalecer la seguridad jurídica de sus territorios, reducir conflictos por la tierra y prevenir la deforestación.

Minería: metas de inversión precisas, control ambiental ausente

El Ministerio de Energía y Minas proyecta autorizar 240 proyectos de exploración, explotación y concesiones de beneficio durante 2026, tomando como referencia una cartera que podría superar los US$33 000 millones de inversión ejecutada al 2031. Frente a esta expansión, Galarreta afirmó que corresponde al Gobierno reducir demoras, evitar duplicidades y dar predictibilidad “sin rebajar las obligaciones ambientales y sociales”. Si bien la promesa introduce una salvaguarda explícita, no fija indicadores para fortalecer la fiscalización, acelerar la remediación de pasivos ambientales, mejorar la evaluación de impacto ambiental o garantizar recursos y capacidades para las instituciones encargadas de controlar los impactos de esa expansión. En el caso de las áreas naturales protegidas y la institucionalidad ambiental, el discurso tampoco plantea medidas específicas para fortalecer al Sernanp, OEFA o Senace, pese a que la propuesta económica del Gobierno insiste en reducir duplicidades, simplificar procedimientos y acelerar decisiones.

Galarreta tampoco fija objetivos sobre remediación de pasivos ambientales, contaminación de ríos, calidad del aire, residuos sólidos o sustancias químicas. La exposición, sin embargo, sí aborda el tema de la minería ilegal vinculándola a la seguridad ciudadana, aunque “No vamos a separar la seguridad ciudadana de las economías que financian al crimen organizado”, sostuvo. Galarreta señaló que la Policía proyecta mantener un incremento sostenido de operativos durante el periodo 2026-2031 y vinculó estas actividades con el financiamiento del crimen organizado. La minería ilegal sí fue mencionada, pero principalmente dentro del eje de seguridad ciudadana. La exposición, sin embargo, no establece objetivos ambientales asociados a esa lucha, no señala cuántas áreas degradadas pretende recuperar, qué respuesta tendrá la contaminación de ríos o el uso de mercurio, ni cómo se abordarán los impactos que esta economía ilegal genera sobre ecosistemas y territorios indígenas. En el contexto de Loreto, se ha documentado que la minería ilegal avanza por 13 ríos, concentra 704 registros de dragas en dos años y deja 868 hectáreas deforestadas en Manseriche.

Transición energética: el papel del gas natural y las renovables

En energía, el Gobierno proyecta que seis proyectos de generación incorporen 1096 megavatios de capacidad instalada hacia julio de 2027, aunque el discurso no precisa cuánto de ese incremento procederá de fuentes renovables. Galarreta reconoce la necesidad de transformar la matriz energética del transporte, pero coloca al gas natural como una “alternativa estratégica” y plantea acelerar su masificación, especialmente en el transporte público. El planteamiento abre otra cuestión sobre la política climática de largo plazo: la Política Nacional del Ambiente tiene como resultado esperado que el 64 % de la energía de la red eléctrica provenga de fuentes renovables, mientras la NDC 3.0 orienta al país hacia una transición energética justa y sostenible y la descarbonización. El discurso no precisa qué papel ocuparán las renovables dentro de los nuevos proyectos ni si el gas será considerado una fuente transitoria o una apuesta estructural.

Pesca: inversiones para emergencias sin regulación del esfuerzo

En el mar, la exposición contiene dos anuncios. El primero es una respuesta preventiva superior a S/62 millones para créditos, asistencia técnica, infraestructura y otros servicios destinados a pescadores artesanales, acuicultores y pequeñas empresas frente a emergencias. El segundo es una inversión cercana a S/190 millones para una embarcación de investigación científica que permitirá estudiar anchoveta, pota, bonito, perico, jurel y caballa. “Queremos también una actividad pesquera más productiva, sostenible y competitiva”, afirmó Galarreta. Sin embargo, la presentación no desarrolla cómo se garantizará que esa nueva evidencia científica determine cuotas, vedas y límites al esfuerzo pesquero, ni aborda temas como la pesca ilegal, la protección de las primeras cinco millas o la conservación de áreas marinas protegidas.

Balance: obras concretas frente a vacíos estratégicos

El balance ambiental del discurso muestra niveles distintos de detalle y compromiso. Frente a El Niño, la infraestructura, la minería formal, la energía y la conectividad se presentan inversiones, obras, plazos y metas concretas que permitirán evaluar el avance del Ejecutivo. En cambio, para la Amazonía, la deforestación, la biodiversidad, las áreas naturales protegidas, los pueblos indígenas, la reducción de emisiones, la contaminación y el fortalecimiento de las entidades ambientales, no aparecen objetivos con el mismo nivel de precisión. Mientras se prioriza la seguridad ciudadana como herramienta contra la minería ilegal —con una proyección operativa para 2031—, quedan sin respuesta los efectos colaterales sobre ecosistemas y territorios indígenas. La falta de metas claras en remediación, calidad del aire o residuos sólidos deja un vacío significativo en la Política General de Gobierno. Asimismo, la ausencia de precisión sobre el rol de las renovables frente al gas natural genera incertidumbre respecto a los compromisos internacionales de descarbonización. En resumen, si bien existen cifras claras para proyectos mineros y energéticos, el tratamiento de temas críticos como la conservación marina, la lucha contra la deforestación ilegal y el fortalecimiento institucional ambiental carece de indicadores medibles y plazos definidos.

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