Galarreta promete ordenar el Estado, pero deja demasiadas preguntas en el aire en medio de largas promesas

Política

El premier Luis Galarreta llegó este jueves al Congreso con un discurso diseñado para transmitir autoridad, orden y capacidad de gestión. Desde el título de su presentación —“Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”— el Gobierno quiso instalar una idea central: el problema del Perú no sería la falta de diagnósticos, sino un Estado incapaz de ejecutar.

Galarreta fue enfático al describir la administración que recibió. Habló de “total desorden”, burocracia, improvisación, abandono, corrupción y recursos almacenados durante años. Incluso mencionó insumos sin utilizar, órdenes de servicio que requieren explicación y miles de kits de uniformes sin distribuir. Sin embargo, hay una pregunta inevitable: ¿quiénes son los responsables de ese desorden y qué mecanismos concretos utilizará el Gobierno para determinar responsabilidades? El discurso denuncia, pero no desarrolla una estrategia de rendición de cuentas sobre los hechos que atribuye a administraciones anteriores.

En su presentación ante el Congreso, el premier trazó cinco ejes para el Gobierno de Keiko Fujimori: seguridad, prevención de desastres, desarrollo social, crecimiento económico y gobernabilidad. El discurso está cargado de cifras, metas y anuncios, pero también de promesas cuya ejecución, presupuesto y responsables todavía requieren respuestas. El gran desafío no será anunciar lo que el Estado debe hacer, sino demostrar que este Gobierno puede convertir el diagnóstico en resultados.

Seguridad: más policías, tecnología y cárceles

El primer eje fue la seguridad ciudadana. Galarreta prometió enfrentar extorsión, sicariato, crimen organizado, narcotráfico y economías ilegales mediante inteligencia, tecnología y mayor presencia policial. También anunció el fortalecimiento de la investigación contra la extorsión, sistemas biométricos AFIS, videovigilancia con inteligencia artificial, más de 50 mil operativos penitenciarios y bloqueo de comunicaciones desde las cárceles.

El problema es que buena parte de estas propuestas ya forman parte del repertorio habitual de los gobiernos: más cámaras, más operativos, más inteligencia, más equipamiento. La pregunta que queda pendiente es otra: ¿qué cambiará realmente en la capacidad de investigación criminal, en la coordinación entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial y en la persecución financiera de las organizaciones criminales?

También resulta polémica la propuesta de eliminar mecanismos como la terminación anticipada en delitos violentos. Galarreta la presenta como respuesta a la llamada “puerta giratoria”, pero cualquier modificación de esta naturaleza debe demostrar que no terminará congestionando aún más el sistema penitenciario y judicial.

El Gobierno anuncia además nuevos penales, utilización de cuarteles en desuso y participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de las cárceles. La pregunta fundamental será si existe presupuesto, cronograma y capacidad institucional para ejecutar todo ello sin convertir la política de seguridad en una sucesión de anuncios.

El Fenómeno El Niño: el propio Gobierno admite que llega tarde

En prevención de desastres aparece una de las confesiones más importantes del discurso. Galarreta reconoce que el país “va tarde” en la prevención del Fenómeno El Niño 2026-2027. El Gobierno anuncia 536 puntos críticos para limpieza y descolmatación, más de S/62 millones para pesca y la ampliación de los grupos especializados de búsqueda y rescate USAR de cuatro a 16 al final del quinquenio.
El reconocimiento es positivo, pero también revela la dimensión del problema: el Gobierno sabe que la emergencia se aproxima y admite que la prevención está retrasada.

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La referencia a las lluvias del 16 de agosto en Lima Sur, que devastaron Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores, eleva el anuncio gubernamental a una cuestión de urgencia inmediata. Sin embargo, limpiar cauces y prometer nuevos drenajes no constituye todavía una política integral de adaptación climática. El Perú requiere mantenimiento permanente, planificación urbana robusta, infraestructura resistente y coordinación efectiva entre Gobierno nacional, regiones y municipios para enfrentar estos desafíos estructurales. En el tercer eje se plantean metas sociales ambiciosas: reducir la anemia y la desnutrición, fortalecer establecimientos de salud, disminuir listas de espera, mejorar aprendizajes escolares, combatir el trabajo infantil y ampliar la capacitación laboral. También se promete atención domiciliaria para adultos mayores y más de 40 mil conexiones de agua en 18 departamentos. Aquí emerge otro problema del discurso oficial: la abundancia de cifras puede producir una sensación de precisión que no necesariamente equivale a una garantía de cumplimiento. Decir que se atenderá a más de un millón de personas durante el quinquenio o que se instalarán miles de conexiones es cuantificable, pero el verdadero indicador será la calidad del servicio. En salud, por ejemplo, reducir una lista de espera no basta si persisten hospitales sin medicamentos, equipos deteriorados o falta de especialistas. El cuarto eje es probablemente el más claramente orientado hacia la inversión privada. Galarreta propone simplificación tributaria, financiamiento para MYPE, reactivación de obras de riego, nuevos proyectos energéticos, infraestructura vial, conectividad digital y seguridad jurídica para las inversiones mineras. El mensaje intenta recuperar una receta conocida: reglas claras, inversión, productividad y empleo formal. Sin embargo, el Gobierno debe demostrar que “destrabar” no significa simplemente acelerar proyectos. En minería, por ejemplo, el propio premier reconoce que la inversión privada requiere seguridad jurídica y procedimientos previsibles, pero también afirma que no se rebajarán las obligaciones ambientales y sociales. Ese equilibrio será una de las pruebas políticas más importantes de la administración Fujimori. La cartera minera superior a US$33 mil millones aparece como expectativa de inversión ejecutada hacia 2031, no como dinero que el Estado tenga bajo control. El propio discurso hace esa precisión. Y esa precisión es importante: una cartera anunciada no equivale a inversión realizada, ni inversión realizada equivale automáticamente a desarrollo para las poblaciones involucradas. El quinto eje proclama respeto por la democracia, la separación de poderes, las libertades de prensa y expresión y los derechos fundamentales. Galarreta también ofrece diálogo con fuerzas políticas, gobiernos regionales y locales, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales. Es, quizá, la parte que más tendrá que contrastarse con la práctica. Un Gobierno no demuestra respeto por la libertad de prensa porque lo declare desde el Congreso, sino por la forma en que tolera la crítica, responde a las investigaciones periodísticas y garantiza el acceso a la información pública. Galarreta también pidió al Parlamento acompañar al Ejecutivo para “destrabar” soluciones, aunque reconoció que el Congreso debe mantener su función fiscalizadora. El equilibrio es delicado: coordinar no puede convertirse en subordinar la fiscalización. Galarreta intentó anticiparse a las críticas anunciando metas concretas para diciembre de 2026, julio de 2031 y agosto de 2027. Aseguró que en seis meses el Gobierno debería poder demostrar que empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que prometió. La referencia a las lluvias del 16 de agosto en Lima Sur —que afectaron Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores— convierte el anuncio en una cuestión de urgencia. Pero limpiar cauces y anunciar drenajes no equivale todavía a construir una política integral de adaptación climática. El Perú necesita mantenimiento permanente, planificación urbana, infraestructura resistente y coordinación efectiva entre Gobierno nacional, regiones y municipios. El tercer eje ofrece metas sociales: reducir anemia y desnutrición, fortalecer establecimientos de salud, disminuir listas de espera, mejorar aprendizajes, combatir el trabajo infantil y ampliar la capacitación laboral. También se promete atención domiciliaria para adultos mayores y más de 40 mil conexiones de agua en 18 departamentos. Aquí aparece otro problema del discurso: la abundancia de cifras puede producir una sensación de precisión que no necesariamente equivale a una garantía de cumplimiento. Decir que se atenderá a más de un millón de personas durante el quinquenio o que se instalarán miles de conexiones es cuantificable. Pero el verdadero indicador será la calidad del servicio. En salud, por ejemplo, reducir una lista de espera no basta si persisten hospitales sin medicamentos, equipos deteriorados o falta de especialistas. El cuarto eje es probablemente el más claramente orientado hacia la inversión privada. Galarreta propone simplificación tributaria, financiamiento para MYPE, reactivación de obras de riego, nuevos proyectos energéticos, infraestructura vial, conectividad digital y seguridad jurídica para las inversiones mineras. El mensaje intenta recuperar una receta conocida: reglas claras, inversión, productividad y empleo formal. Sin embargo, el Gobierno debe demostrar que “destrabar” no significa simplemente acelerar proyectos. En minería, por ejemplo, el propio premier reconoce que la inversión privada requiere seguridad jurídica y procedimientos previsibles, pero también afirma que no se rebajarán las obligaciones ambientales y sociales. Ese equilibrio será una de las pruebas políticas más importantes de la administración Fujimori. La cartera minera superior a US$33 mil millones aparece como expectativa de inversión ejecutada hacia 2031, no como dinero que el Estado tenga bajo control. El propio discurso hace esa precisión. Y esa precisión es importante: una cartera anunciada no equivale a inversión realizada, ni inversión realizada equivale automáticamente a desarrollo para las poblaciones involucradas. El quinto eje proclama respeto por la democracia, la separación de poderes, las libertades de prensa y expresión y los derechos fundamentales. Galarreta también ofrece diálogo con fuerzas políticas, gobiernos regionales y locales, empresarios, trabajadores y organizaciones sociales. Es, quizá, la parte que más tendrá que contrastarse con la práctica. Un Gobierno no demuestra respeto por la libertad de prensa porque lo declare desde el Congreso, sino por la forma en que tolera la crítica, responde a las investigaciones periodísticas y garantiza el acceso a la información pública. Galarreta también pidió al Parlamento acompañar al Ejecutivo para “destrabar” soluciones, aunque reconoció que el Congreso debe mantener su función fiscalizadora. El equilibrio es delicado: coordinar no puede convertirse en subordinar la fiscalización. Galarreta intentó anticiparse a las críticas anunciando metas para diciembre de 2026, julio de 2027 y 2031. Aseguró que en seis meses el Gobierno debería poder demostrar que empezó, contrató, entregó, aprobó, destrabó o puso en funcionamiento aquello que prometió.

Ahí está precisamente la vara con la que debe medirse este Gobierno.

Galarreta cerró su intervención hablando de “menos confrontación estéril, más coordinación; menos trámites y discursos, más soluciones”. Es una frase políticamente eficaz. Pero también constituye, desde hoy, una promesa que puede ser utilizada para medir al propio Gobierno.

El riesgo es que el Gobierno termine confundiendo una agenda extensa con una capacidad real de ejecución

Porque el Perú no necesita otro catálogo de buenas intenciones. Necesita que la seguridad deje de ser una estadística, que los hospitales atiendan, que las escuelas funcionen, que el agua llegue, que las obras terminen y que el Estado llegue antes que la emergencia.

El discurso tiene diagnósticos razonables, una extensa lista de metas y una evidente voluntad de transmitir autoridad. Pero también contiene una acumulación de promesas que atraviesan prácticamente todos los problemas estructurales del país: seguridad, cárceles, salud, educación, agua, infraestructura, minería, agricultura, energía, transporte, prevención de desastres y reforma del Estado.

El discurso de Galarreta ha presentado el mapa. Ahora falta saber si el Gobierno de Keiko Fujimori tiene la capacidad política, técnica y presupuestal para recorrer el territorio. El verdadero mensaje no será el pronunciado hoy en el Congreso: serán los resultados que puedan verificarse cuando llegue la hora de rendir cuentas.

Durante la campaña la presidenta prometió mano firme, pero su ministro César Astudillo ayer respaldó la continuidad del general Óscar Arriola y soltó una frase infeliz: “El año pasado teníamos 500 muertos más”. Mientras se viene el paro de transportistas, Keiko ignora sus cartas y no los recibe para explicar su supuesto ‘plan nacional de seguridad’.

La llamada “mano dura” que Keiko Fujimori ofreció durante la campaña empieza a parecerse demasiado al viejo truco de cambiar el discurso, conservar a los mismos altos mandos y esperar que, por arte de magia la criminalidad retroceda. Aquí el problema es que las balas no entienden de discursos electorales y menos los extorsionadores.

Política

El gobierno de Keiko parece continuar la peligrosa inercia de administraciones anteriores que observaron impávidos cómo la delincuencia, el sicariato y la extorsión crecían sin que nadie se atreviera a meterle bisturí a una Policía Nacional que desde hace mucho tiempo necesita una reingeniería profunda. Pero en lugar de una reorganización total, aparecen los mismos rostros, los mismos generales y las mismas estructuras que no han conseguido resultados convincentes.

La primera señal llegó el 28 de julio pasado, cuando la presidenta designó como ministro del Interior al general EP (r) César Astudillo Salcedo. Nadie discute que fue comando de Chavín de Huántar. Pero una operación militar de esa naturaleza no convierte automáticamente a un oficial del Ejército en especialista en criminalidad común y organizada.

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Hay, además, un asunto mucho más delicado. Astudillo se encuentra en la mira de las autoridades por presuntamente haber integrado una red criminal dedicada al desvío y comercialización ilegal de combustible asignado a las Fuerzas Armadas, dentro del denominado caso “Gasolinazo”. Las investigaciones del Ministerio Público sostienen que gasolina y petróleo destinados a la operatividad institucional terminaban comercializados en grifos particulares e incluso entregados a familiares para obtener un lucro indebido. En ese escenario, su llegada al Gobierno naranja difícilmente puede venderse como una renovación contundente de la seguridad.

¿Esta es la renovación que necesita el Perú para enfrentar a las bandas que cobran cupos, amenazan empresarios y convierten la extorsión en un impuesto criminal? La respuesta parece ser un "no" rotundo si analizamos los recientes movimientos del Ministerio del Interior. Hace unos días apareció otro nombre con antecedentes cuestionables: el general César Alberto Jordán Brignole. Designado Viceministro de Orden Interno, Jordán fue asesor de seguridad de Keiko López Aliaga y postuló al Senado por Renovación Popular. Su historial incluye haber sido reducido y capturado durante el Moqueguazo, recibiendo una sentencia de 18 meses de prisión suspendida por desacatar órdenes de su comando. ¿Cómo puede alguien con este perfil liderar la lucha contra la inseguridad? La historia de estos nombramientos no termina ahí. En febrero del 2021, la Fiscalía allanó el domicilio del general EP César Astudillo, figura clave en el denominado "Gasolinazo". Ahora, Astudillo como ministro ha decidido respaldar la continuidad del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola Delgado. Su permanencia, declaró, seguirá mientras se siga obteniendo resultados. Astudillo sostuvo: «Ustedes ven a mi costado a los mismos altos mandos y al mismo comandante general que estaba cuando asumimos. Mientras sigamos trabajando y obteniendo resultados, continuarán». Luego agregó: «La gente puede decir, 'pero oye, ayer han matado a una persona'. No es que yo sea triunfalista pero la tendencia que tenemos es a bajar, los números no engañan. Si comparamos con el año pasado, estamos bien lejos. El año pasado teníamos 500 muertos más». El problema es que detrás de cada frío número hay una familia. Y decir que antes hubo «500 muertos más» puede servir para una estadística, pero resulta una respuesta indolente frente a los deudos de quienes fueron asesinados. Es una lógica que recuerda aquella desafortunada expresión del exministro de Educación del régimen fujimorista Jorge Trelles durante la campaña naranja del 2011 cuando dijo: «nosotros matamos menos». Óscar Arriola asumió la comandancia general de la PNP en octubre del 2025 y el gobierno de Keiko lo mantiene en el cargo. Si Keiko Fujimori y César Astudillo consideran que Óscar Arriola está haciendo un buen trabajo, convendría preguntar por qué los transportistas anunciaron para el próximo martes 25 de agosto un paro en Lima y Callao. Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, explicó que la movilización responde, entre otras razones, a que ya enviaron varias cartas a la presidenta Keiko Fujimori para que explique cuál es su plan de seguridad nacional. Sin embargo, hasta ahora, según sostuvo, la mandataria no responde las misivas ni los recibe, mientras los extorsionadores continúan asesinando a choferes y cobradores todos los días. Y aquí aparece el verdadero problema: ¿por qué Arriola permanece al frente de la PNP? ¿Por qué este gobierno insiste en conservar estructuras cuestionadas en vez de desmontarlas y construir una estrategia policial distinta? El reciclaje no terminó allí; parece ser una política intencional que deja demasiadas preguntas en el aire. La promesa de orden del Estado se ve difuminada por decisiones que priorizan la continuidad sobre la eficacia real. Mientras las víctimas de la violencia callejera esperan justicia, los altos mandos son protegidos bajo la excusa de la estabilidad operativa. La ciudadanía tiene derecho a saber si estos nombramientos responden a un criterio técnico o político. Si el objetivo es combatir la delincuencia organizada, mantener al frente de la fuerza pública a individuos con pasados vinculados a escándalos previos y sin respuestas claras ante las demandas sociales parece una estrategia fallida. El silencio de la mandataria ante las denuncias de los transportistas solo agrava la crisis de confianza. La pregunta final es simple: ¿qué resultados concretos justificarán esta reticencia a cambiar el rumbo? Hasta ahora, lo que se observa son promesas vacías y una gestión que parece ignorar el clamor popular por seguridad real. La ciudadanía merece más que estadísticas frías; necesita políticas públicas que protejan la vida de todos los peruanos, no solo de algunos sectores privilegiados.

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