Durante una visita a Cañete, Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, inauguró un modelo innovador para la justicia de familia. La iniciativa se centra en el Módulo Corporativo de Familia y un Piloto de Oralidad específicamente diseñado para casos de tenencia y régimen de visitas. El objetivo principal es ordenar la gestión, concentrar actuaciones y, sobre todo, reducir los tiempos en procesos que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes.
La nueva infraestructura opera en la sede judicial Libertadores y agrupa a magistradas, magistrados, personal administrativo y equipos multidisciplinarios. Entre sus instalaciones destaca una cámara Gesell y ambientes especializados para el desarrollo de audiencias. Al respecto, Tello Gilardi señaló que este cambio permitirá modificar la dinámica procesal mediante una comunicación más directa entre jueces y partes.
"La oralidad permite fortalecer la inmediación judicial, favorecer una comunicación más directa, concentrar actuaciones y contribuir a reducir tiempos innecesarios", afirmó la titular. Su visión busca avanzar hacia una justicia de familia más próxima a los usuarios y con capacidad real de respuesta frente a sus necesidades.
Procesos que involucran a menores
La reforma adquiere particular relevancia dado el impacto que las decisiones judiciales tienen sobre la vida de los menores. La presidenta del Poder Judicial remarcó que estos casos no pueden abordarse únicamente desde la perspectiva fría de un expediente. Detrás de cada proceso existen relaciones familiares complejas y situaciones personales delicadas que requieren una respuesta oportuna.
Al incorporar la oralidad, se busca garantizar que las actuaciones sean más concentradas y efectivas. Este enfoque asegura que los expedientes no queden estancados en papeleo burocrático, sino que avancen con la urgencia que demandan los involucrados. La presencia de equipos multidisciplinarios refuerza el acompañamiento técnico necesario para resolver conflictos familiares con sensibilidad y eficiencia.
Tello Gilardi enfatizó que la modernización no es un fin en sí misma, sino una herramienta para mejorar la calidad del servicio judicial. Con esta implementación, la justicia de familia en Cañete da un paso firme hacia la modernidad, asegurando que los derechos de los niños y adolescentes sean protegidos con celeridad y equidad.
Juan Carlos Tello Gilardi, presidente del Poder Judicial, confirmó que Cañete se incorpora a un proceso de transformación de la justicia de familia. Este cambio busca combinar rapidez y eficiencia con una atención especializada y humana. Para ello, el nuevo modelo exige una mejor planificación, coordinación entre las distintas áreas, evaluación permanente de resultados y fortalecimiento de las capacidades de quienes intervienen en los procesos.
En esa misma línea se pronunció Johnny Cáceres Valencia, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sostuvo que la celeridad constituye una responsabilidad institucional cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes. Explicó que en la justicia de familia no se trabaja solamente con expedientes o códigos, sino con historias de vida.
La transformación también alcanza la gestión digital. Durante la jornada se destacó la reciente implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica para los procesos de tenencia y régimen de visitas en la Corte de Cañete.
Las herramientas permiten presentar escritos de manera electrónica y consultar la tramitación de los procesos sin necesidad de acudir físicamente a una sede judicial. El objetivo es reducir desplazamientos y costos, además de mejorar la trazabilidad y seguridad de las actuaciones. Para el Poder Judicial, la digitalización puede ser especialmente relevante en zonas donde las distancias geográficas dificultan el acceso frecuente de los usuarios a las sedes judiciales.
La visita de la presidenta del Poder Judicial incluyó también la firma de un Convenio Marco con el Gobierno Regional de Lima, representado por Óscar Barrera Morán. El acuerdo contempla mecanismos de cooperación para impulsar proyectos de infraestructura destinados a futuras sedes judiciales en la jurisdicción de Cañete.
Durante la ceremonia, el Gobierno Regional de Lima otorgó a Janet Tello Gilardi la condecoración “General Don José de San Martín”, en el grado de “Gran Libertador de la República”, bajo la categoría de “Visitante Ilustre de la Región”. El reconocimiento fue concedido por su trayectoria profesional, su labor vinculada a la administración de justicia y su contribución a la descentralización del servicio judicial. La autoridad también fue declarada “Huésped Ilustre de la provincia de Cañete” por la Municipalidad Provincial.
Tello Gilardi señaló que este tipo de acuerdos forma parte de una política de cooperación con gobiernos regionales para mejorar las condiciones en las que se administra justicia. El convenio contempla además acciones de cooperación entre ambas instituciones. El Poder Judicial precisó que el acuerdo no afecta la independencia ni la imparcialidad de los jueces en los procesos en los que eventualmente participe el Gobierno Regional de Lima.
Según lo establecido, el Poder Judicial presentará proyectos de infraestructura para que puedan ser evaluados y eventualmente ejecutados por el gobierno regional en terrenos ubicados en el distrito judicial. Posteriormente está prevista la inauguración de una Sala de Audiencias Modelo en la Corte Superior de Justicia de Cañete.
La agenda de la presidenta del Poder Judicial en Cañete contempla además una Sala Plena Ampliada con jueces de la jurisdicción y una sesión descentralizada del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El objetivo es modernizar la justicia de familia con oralidad, garantizando que las nuevas instalaciones sean eficientes y seguras para los litigantes.
Esta estrategia busca fortalecer el acceso a la justicia en zonas rurales y periurbanas, donde la falta de recursos ha sido históricamente un obstáculo. La colaboración entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional permitirá implementar proyectos que no solo mejoren las condiciones físicas de los tribunales, sino también la calidad del servicio brindado.
Es fundamental destacar que estas iniciativas se enmarcan en un esfuerzo mayor para descentralizar la administración de justicia y acercar a la ciudadanía a sus derechos fundamentales. La participación activa de autoridades regionales asegura que los proyectos respondan a las necesidades reales de cada distrito judicial, promoviendo una gestión más transparente y eficiente.
Con estas medidas, se busca consolidar un sistema judicial moderno, capaz de enfrentar los desafíos actuales y garantizar la seguridad jurídica de todos los peruanos. La colaboración interinstitucional demuestra el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra región.
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