Política
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dr. Gaspar Moran Flores, presentó durante el seminario internacional «Estadística Pública» los resultados de los Censos Nacionales 2025. Este evento se llevó a cabo del 19 al 20 de agosto y dejó datos demográficos y sociales clave para la elaboración de políticas públicas.
Sobre las cifras nacionales, la población total alcanzó los 34,157,732 habitantes. De este total, 32,706,028 fueron efectivamente censados, con una omisión del 4.25%. El crecimiento poblacional anual fue de 1.1% entre 2017 y 2025, impulsado en parte por la inmigración venezolana.
La estructura demográfica muestra que el país es predominantemente urbano, con un 91.4% de su población viviendo en ciudades. La costa concentra el 58.7% de los habitantes, y Lima Metropolitana sigue siendo el centro poblacional más importante del país, donde se ubica San Juan de Lurigancho como el distrito más poblado, con 1,125,000 personas.
Educación: avances con rezago persistente
Aunque se han logrado ciertos progresos, la educación enfrenta brechas profundas. El censo 2025 revela que el 54.3% de los niños de 3 a 5 años tiene acceso a educación inicial, mientras que el 45.7% aún no la alcanza. En primaria (6 a 11 años), la cobertura llega al 80.1%, pero cerca del 20% de ese grupo no tiene este nivel educativo.
Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 70% cuenta con secundaria, frente a un 28% que todavía no la alcanza. Esta deuda educativa es crítica. De los jóvenes de 18 a 26 años, solo el 51.3% accede a educación superior universitaria o no universitaria; el resto se queda en niveles hasta primaria.
El analfabetismo sigue siendo una problemática que debe ser erradicada, porque desencadena pobreza, marginación y exclusión en las poblaciones más vulnerables y alejadas (García-Segura, 2017). Este fenómeno es consecuencia de la desigualdad y discriminación social y cultural latente en la sociedad peruana, debido a la inconstancia en las políticas estatales (Urquizo- Vásquez, 2023).
El analfabetismo en la población de 15 años y más, bajó a 5.1% en 2025, frente al 5.8% de 2017. Sin embargo, persisten fuertes brechas de género: la tasa en mujeres (7.4%) más que duplica la de los hombres (2.8%), y llega a 22.3% entre las mujeres de 60 años o más.
Huancavelica y Apurímac concentran las tasas departamentales más altas, y a nivel provincial destacan Pomabamba, en Áncash (25.5%), y Paucartambo, en Cusco (25%). Loreto fue el único departamento donde el analfabetismo aumentó respecto a 2017.
A pesar de que la tasa porcentual disminuyó, el número absoluto de personas analfabetas aumentó de 1 millón 262 mil a 1 millón 297 mil personas. Este incremento es resultado del crecimiento demográfico en este grupo de edad.
En el Perú, las políticas públicas orientadas a reducir y erradicar el analfabetismo han transitado desde programas centrados principalmente en la enseñanza de la lectura y escritura hacia una concepción más integral de la alfabetización. Esta nueva visión vincula la alfabetización con la inclusión educativa, la Educación Básica Alternativa (EBA), la interculturalidad, la atención de las poblaciones bilingües y el desarrollo de competencias digitales o alfabetización mediática.
Durante este contexto, la pregunta que el Minedu no puede seguir postergando es: ¿Cuál es el plan del ministro José Antonio Chang para cerrar estas brechas? Además, el analfabetismo se estanca en 5%, pese a ocho años de avance mínimo. La brecha de género se mantiene intacta y el analfabetismo golpea el doble a las mujeres, donde 22 de cada 100 adultas mayores no saben leer ni escribir.
El panorama educativo en Perú enfrenta una deuda crítica: más de 8 millones de personas no culminaron su educación básica, pero el Estado solo atenderá este año al 2.2% de ellas. Esta brecha se agrava por la falta de coordinación entre la Dirección de Educación Básica Alternativa del MINEDU, a cargo de Luis Alberto Vásquez Quispe desde el 2023, y los gobiernos regionales. A pesar de contar con modalidades presencial, semipresencial y a distancia para mayores de 14 años, cada vez menos estudiantes son matriculados en los CEBA del país.
Menos estudiantes, menos docentes en EBA
La modalidad EBA sufre una drástica reducción de personal debido al proceso de racionalización; el diagnóstico indica que faltan docentes especializados. Actualmente existen 1440 CEBA públicos, pero la falta de plazas docentes, junto con las precarias condiciones laborales y de infraestructura educativa, desalienta a los jóvenes profesionales. El promedio de edad de los docentes actuales es de 45 años, lo que evidencia que no se está atrayendo nueva sangre al sistema.
Sin embargo, persisten importantes desafíos relacionados con la asignación presupuestal del programa de alfabetización. Lo asignado en el 2026 se redujo en aproximadamente S/ 46,805 respecto al año anterior. Afectada por la falta de estrategias efectivas de identificación y atracción de nuevos estudiantes.
Son necesarios cambios profundos que incluyan políticas integrales de reducción y erradicación del analfabetismo, articuladas entre el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y locales, así como las propias comunidades. Se requiere también un cambio en los compromisos de gestión directiva para volver a poner en el centro estrategias para prevenir la deserción escolar en primaria y secundaria, además de una atención articulada entre MIDIS, MINEDU y MINAGRI.
Las políticas existentes no trajeron resultados significativos. Esperemos que la restructuración que promueve la gestión de Keiko Fujimori de los distintos sectores, incluyendo el Ministerio de Educación, permita elaborar nuevas políticas para reducir la brecha educativa.
Minedu recibe a diputados de JP y dirigentes de FENATE PERÚ para discutir pensiones de maestros ¿Diálogo o presión?
Leonardo Serrano Zapata. Docente e investigador. Cursa el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Magíster en Gestión Pública y Gerencia Social y Licenciado en educación especialidad Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Segunda especialidad profesional en Investigación y Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Tumbes además en Educación Básica Alternativa por la UNE Enrique Guzmán y Valle. Es autor de seis libros, entre ellos Tecnológico para niños del siglo XXI: Vocabulario y Caligrafía (2024).
El martes 18 de agosto, la sede central del Ministerio de Educación acogió una reunión clave entre funcionarios de alto nivel y representantes de dos actores políticos: diputados del partido Juntos por el Perú (para el periodo 2026-2031) y dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEPERÚ). Este encuentro, coordinado por Roger John Rodríguez Delgado, jefe de la Oficina de Diálogo, se desarrolló en la sala 11 desde las 9:41 a. m. hasta las 12:42 p. m., bajo el registro oficial del Minedu.
La asistencia parlamentaria estuvo encabezada por diputados de diversas regiones, entre ellos Amalia Emilia Palomino Pacheco (Arequipa), Olver Peña Córdova (San Martín), César Hugo Tito Rojas (Puno), Graciela Chipana Condori y Alejandro José Manay Pillaca (Ayacucho). Del lado sindical, seis líderes del FENATEPERÚ asistieron para tratar las urgencias del gremio: Mauro Concha Villegas, secretario general; Segundo Vásquez González; Walter Alfredo Licla Zamora; Belinda Medrano Alfaro; César Enrique Díaz Dávila y María Elena Atoche Vilca.
Del lado ministerial, la dirección de la casa rectora estuvo representada por Lorena Gavilano Iglesias, secretaria general, y Sandra Inés Ramírez Méndez, jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial. El debate giró en torno a un tema prioritario: la reglamentación de la Ley N.º 32581. Esta norma, promulgada en abril, asegura una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial para los maestros jubilados y cesantes. A pesar de su vigencia legal, el Ejecutivo aún no ha publicado el reglamento correspondiente, manteniendo al Congreso como parte activa del proceso de implementación.
Es importante contextualizar que esta reunión ocurre tras recientes declaraciones del 11 de agosto por parte del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput. En esa oportunidad, Sheput afirmó que el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) es el único interlocutor válido reconocido por el Gobierno para tratar asuntos educativos. Sin embargo, la presencia de los líderes del FENATEPERÚ en esta mesa de diálogo demuestra una dinámica institucional compleja donde múltiples actores buscan influir en las políticas educativas.
La gestión anterior del ministro José Antonio Chang también tuvo un rol relevante en este escenario, ya que fue durante su mandato que el Ministerio recibió a estos grupos para tratar estas materias. Ahora, la presión se centra en concretar los beneficios de la ley pendiente y definir quiénes tienen voz real en la toma de decisiones sobre el futuro del magisterio peruano.
El debate educativo se intensifica en un momento crítico. Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anticipó que el Colegio de Economistas de Lima elevará al Tribunal Constitucional la Ley N.º 32581, junto con la N.º 32563 sobre CTS del personal CAS. Ambos textos fueron cuestionados por comprometer recursos públicos sin el respaldo presupuestal necesario.
Dentro del gobierno de Keiko Fujimori saben que la ausencia de diálogo con los sectores sociales puede desencadenar huelgas y paros, tal como ocurrió en Ucayali. Por ello, es imperativo que el ministro Chang y sus funcionarios inicien espacios de conversación con los distintos actores del sector educación.
Se espera que estos encuentros logren acuerdos concretos que beneficien a los maestros. Es relevante recordar que, en mayo, los dirigentes del FENATEP fueron recibidos por la exministra María Esther Cuadros y previamente por José Jerí cuando este presidía el Congreso.
Tras garantizar una curul por diez años consecutivos mediante la reforma del Congreso, Norma Yarrow promueve ahora la reelección municipal y un mandato de cinco años. Este es un banquete legislativo diseñado a medida para Renovación Popular y el cálculo político destinado a perpetuar en el poder a su jefe partidario, López Aliaga.
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