El abogado especialista en derecho digital, Erick Iriarte, advirtió que la instalación de una oficina de Meta en Perú no garantiza automáticamente el éxito en las investigaciones contra extorsionadores y sicarios. Aunque el país cuenta desde hace cinco años con el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, un tratado internacional que facilita la cooperación entre autoridades, Iriarte considera que aún existen tareas pendientes para fortalecer estos mecanismos.
"No solamente no hay oficinas de Meta, no hay oficinas formales de Google, no hay oficinas de TikTok, no hay oficinas de X, no hay oficina de la mayoría de las compañías de tecnología que utilizamos en nuestros dispositivos móviles. Y esto porque nuestro mercado es pequeño. Somos una operación económicamente pequeña para estas grandes transnacionales", manifestó el experto.
En entrevista con Canal N, Iriarte aclaró que la ausencia de sedes locales no impide que las empresas cooperen con la policía y la fiscalía. De hecho, mencionó que faltan oficinas formales de gigantes tecnológicos como Google, TikTok y X en nuestro territorio. Según su análisis, estas corporaciones priorizan abrir sucursales únicamente en aquellos países donde tienen mayor mercado primero, así como donde existe estabilidad jurídica y cooperación efectiva.
"Y segundo, porque estas transnacionales han comenzado a colocar oficinas en aquellos países donde tienen más mercado primero, donde tienen mayor estabilidad jurídica, donde pueden seguir creciendo y donde tienen cooperación", agregó. Para el especialista, la clave no radica necesariamente en tener una presencia física de Meta en Lima para desbloquear información, sino en perfeccionar los canales de colaboración ya establecidos bajo el marco del Convenio de Budapest.
Finalmente, subrayó que Perú debe trabajar intensamente para mejorar sus propios protocolos de cooperación internacional. De lo contrario, la instalación de una oficina corporativa podría ser un gesto simbólico sin impacto real en la agilización de los pedidos de información necesarios para esclarecer casos de delitos cometidos mediante plataformas digitales.
Pide fortalecer cooperación internacional
Iriarte sostuvo que antes de exigir la instalación de oficinas en el Perú, el Estado debe ordenar su casa. "El mercado es, al final, el que rige la posibilidad", señaló el experto, quien agregó que no se trata solo de forzar a las empresas tecnológicas a establecerse aquí, sino de generar un marco lógico para su llegada.
"Tengan oficinas, es decir, no se trata solamente de colocar una oficina aquí, más hay prohibiciones en el Tratado de Libre Comercio de forzar que las empresas tengan oficinas en determinados países", sostuvo. No obstante, advirtió que esto "no quita que haya cooperación. Y esta cooperación ya se da".
Por ello, Iriarte recordó que Perú recién hace cinco años se adhirió al convenio de Budapest, un acuerdo global sobre cibercrimen que cuenta con enlaces 24-7 permanentes desde la fiscalía con contrapartes en el extranjero. "Por ejemplo, en Estados Unidos está Meta, está X, está Apple, están otras compañías", dijo.
En ese sentido, apuntó que el Congreso tiene pendiente aprobar acuerdos adicionales de cooperación reforzada en materia de ciberdelincuencia. Estos instrumentos permitirían agilizar el intercambio de información entre autoridades y las grandes tecnológicas.
Sin embargo, también cuestionó la falta de una normativa suficientemente desarrollada sobre informática forense, herramienta necesaria para fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos digitales. "Deberíamos ordenar la casa y después, ese sería el último de los pasos", concluyó.
Iriarte cuestionó que desde el Congreso se planteen iniciativas que podrían afectar la libertad de expresión o promover el uso indiscriminado de herramientas de vigilancia. Sostuvo que la respuesta frente al crimen debe buscar un equilibrio entre la eficacia de las investigaciones y la protección de los derechos fundamentales.
Pide una política nacional de ciberseguridad
A su juicio, el país necesita una política nacional de ciberseguridad, una política contra el cibercrimen y una estrategia de ciberdefensa que permitan articular el trabajo del Ejecutivo, el Congreso, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. El especialista consideró que la lucha contra la extorsión y el sicariato digital no debe centrarse únicamente en la instalación de determinadas herramientas tecnológicas.
Iriarte también se refirió a la posibilidad de que la Policía utilice herramientas como Pegasus para combatir las redes criminales. Advirtió que este tipo de tecnologías han sido cuestionadas internacionalmente por su potencial uso contra periodistas, opositores y otras personas. Remarcó que cualquier intervención de comunicaciones debe respetar las garantías constitucionales y contar con la participación de fiscales y jueces cuando corresponda.
Asimismo, diferenció las redes de comunicación, como WhatsApp y Telegram, de las redes sociales, como Facebook, TikTok, YouTube y X. Explicó que el secreto de las comunicaciones protege las conversaciones privadas y que su intervención requiere autorización judicial.
Finalmente, sobre los tiempos operativos, el especialista explicó que actualmente existen canales de cooperación que permiten a la Fiscalía y a la Policía Nacional realizar solicitudes de información. Estos mecanismos, indicó, han reducido los tiempos de respuesta, que anteriormente podían extenderse durante meses y actualmente pueden situarse, en determinados casos, entre 24 y 72 horas.
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