Para que una democracia funcione, debemos concebir su política no como un simple ejercicio de poder, sino como un concurso de intereses en torno a problemas comunitarios. En una sociedad libre, los partidos canalizan estas demandas para debatirlas en espacios de representación, desde un consejo municipal hasta el parlamento. La verdadera política exige un debate donde las partes conozcan distintos puntos de vista y asuman el compromiso de revisar lo acordado. Solo mediante este proceso deliberativo se logran decisiones colectivas orientadas al bien común posible.

Sin embargo, no toda comunidad realiza esta noble función. Si bien existen fueros formales como el Congreso, la política se degrada si las soluciones responden únicamente a imposiciones de mayorías circunstanciales. En esos casos, no hay deliberación, sino la tiranía de la mayoría. El escenario empeora cuando, ante la negativa de pactar, se recurre a la posverdad y a la cancelación para desacreditar al adversario. Frente a esta patología, resulta indispensable reformar la legislación electoral y dimensionar la representación política.

La severa fragmentación parlamentaria obedece a un error conceptual: las asambleas deben integrar los grandes intereses comunes en su diversidad social, cultural y económica, en lugar de atomizarse en facciones de presión o grupos vinculados a la ilegalidad. Corregir el diseño de la representación es la condición fundamental para que la comunidad recobre la capacidad de hacer política auténtica. Dejar de ver la política como un juego de suma cero y empezar a buscar alternativas sensatas implica ceder en posiciones extremas. Es vital recordar que, sin este debate profundo, cualquier acuerdo carece de legitimidad duradera y se convierte en una imposición temporal. La salud de nuestro sistema depende de que las instituciones reflejen la complejidad de la sociedad, no sus divisiones más profundas. Solo así podremos construir un futuro donde el bien común prevalezca sobre los intereses particulares que buscan dominar la escena pública mediante tácticas destructivas o alianzas ilícitas.

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