La Cámara de Diputados instaló trece comisiones ordinarias esta semana, eligiendo a sus mesas directivas. De ese total, al menos cinco presidencias corresponden a legisladores con investigaciones o denuncias públicas, siendo los casos más graves el foco actual tras una revisión de Correo. El grupo bajo mayor lupa lo lidera Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), acompañado de Catherin Palomino (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nacion), Arturo Alegría y Eduardo Castillo, ambos de Fuerza Popular. Todos presidirán grupos con capacidad para dictaminar proyectos, fiscalizar funcionarios y marcar la agenda parlamentaria.

El caso más Escandaloso ocurre en la Comisión de Energía y Minas, la más ansiada por Juntos por el Perú (JP) debido a sus vínculos con la minería ilegal. Allí colocó a la cuñada del golpista Pedro Castillo: Yenifer Noelia Paredes Navarro. Ella llega al cargo tras una investigación fiscal originada durante su gobierno, donde el Ministerio Público la investiga por presunta organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

Este momento es clave frente a un debate sobre la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la futura Ley MAPE, diseñada para ponerle fin al proceso de registro. Del mecanismo de Reinfo se ha aprovechado la minería delictiva que asola al país, la cual mantiene cercanías evidentes con JP. La pregunta que surge es si estos líderes estarán a la altura de sus funciones en un contexto tan delicado.

La llegada de Yenifer Paredes a la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados ha generado dudas sobre los intereses reales del legisladora. César Ipenza, abogado especialista en Derecho Ambiental y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, señaló a Correo que JP parece buscar un espacio para impulsar o controlar la minería informal, más allá de su propia designación.

"En principio, Paredes no tiene ningún conocimiento en materia de minería, de ningún tipo", afirmó el experto. Ipenza advirtió que esa falta de experiencia sectorial podría derivar en la contratación de asesores que respondan a intereses subalternos. Esta situación ocurre en un contexto donde la bancada de Juntos por el Perú lidera tres comisiones parlamentarias en medio de diversos cuestionamientos.

Paredes enfrenta un pasado judicial complejo. La Fiscalía le atribuyó ser parte de una presunta estructura destinada a intervenir en procesos de contratación pública y obtener beneficios mediante obras en distintas localidades. El caso también involucró al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado; al ex alcalde de Anguía José Nenil Medina, y al empresario Hugo Espino.

La hipótesis fiscal sostuvo que la presunta organización habría intervenido en licitaciones y proyectos públicos en Anguía, Chachapoyas, Chadín y otras localidades de Cajamarca. Algunos medios denominaron el caso como la "Chota Nostra". Fue así como, en agosto de 2022, el Poder Judicial dictó treinta meses de prisión preventiva contra Paredes. Sin embargo, luego la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida.

La diputada asumió su cargo a pesar de estos antecedentes y las críticas que pesan sobre sus integrantes. Encuentra las noticias… Imagen original del tweet

"Su desconocimiento puede llevarla a rodearse de gente que nuevamente representa los intereses de la minería informal y sea el espacio para impulsar iniciativas que favorezcan a la minería informal y a la minería ilegal disfrazada de informal", afirmó Ipenza. La ex diputada exhortó a las demás bancadas a asumir su rol de fiscalización, advirtiendo que la responsabilidad no recaerá únicamente sobre Yenifer Paredes por las decisiones dentro del congreso. "Los demás partidos son corresponsables de lo que suceda en esta comisión porque de alguna manera han permitido que esto suceda", enfatizó Ipenza al señalar que la falta de control permitió el ascenso de figuras controvertidas.

Bajo la lupa también está Catherin Norma Palomino Casavilca, quien asumirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La legisladora enfrenta múltiples cuestionamientos. Primero, por sus más de 60 visitas al expresidente Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026, según registros corroborados por la prensa. Incluso, algunas visitas se produjeron durante su horario laboral en el Congreso, aunque Palomino sostuvo que acudió como abogada del exmandatario.

Además, la diputada fue denunciada por presuntamente amenazar y exigir dinero a familiares de Castillo, lo que ha generado pedidos para que la Comisión de Ética evalúe estos hechos. También enfrenta otro cuestionamiento por un taller textil instalado en su vivienda de Huancavelica sin licencia, según el dominical Cuarto Poder.

Otro presidente de comisión bajo escrutinio es José Miguel Marcelo Salazar, de Ahora Nación, quien liderará la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. Su gestión será vigilada debido al contexto político actual y a las presiones por transparencia en el manejo de recursos financieros que afectan directamente al bolsillo del peruano. Se espera que la oposición mantenga su vigilancia para evitar nuevas irregularidades.

El legislador Yenifer Paredes lidera la Cámara de Diputados tras acumular casi 20 denuncias en el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en agravio del Estado, según medios locales de Áncash. Los casos incluyen acusaciones por concusión, colusión, peculado, defraudación patrimonial, omisión, abuso de autoridad y usurpación, cuestionamientos que estarían relacionados con su paso por la administración pública durante la gestión del exalcalde de San Marcos, Christian Palacios.

Por otro lado, Arturo Alegría García presidirá la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad por Fuerza Popular (FP). Como se recuerda, el parlamentario fue denunciado ante la Comisión de Ética por un presunto 'lobby' a favor de Repsol durante las investigaciones por el derrame de petróleo en Ventanilla. La denuncia surgió después de que Alegría promoviera una cuestión previa para devolver el informe sobre el desastre ambiental. Además, también recibió cuestionamientos por su gestión anterior de la Comisión Especial Bicentenario, que gastó más de S/137 mil en 4 sesiones.

Finalmente, Eduardo Enrique Castillo Rivas, también de FP y quien asumirá la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, fue denunciado en 2022 por su entonces esposa por presunta violencia psicológica. El caso llegó hasta Ética después de que un juzgado de familia dictara medidas de protección a favor de la denunciante.

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