A agosto del 2023, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) operaba con una utilización crítica: únicamente 23 operadoras de telecomunicaciones accedían a ella, lo que significaba que se estaba usando solo el 8% de su capacidad instalada. Ante esta subutilización masiva y la ineficiencia del sistema actual, Renato Delgado, director ejecutivo de Pronatel, explicó en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso que en enero de 2022 recibieron una infraestructura que no contaba con las actualizaciones técnicas necesarias por parte del concesionario Azteca Comunicaciones. Esta situación ha derivado en un conflicto legal donde el Estado ya se encuentra en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Tratamos de mejorar (la red dorsal) y ponerla a punto. Eventualmente también tenemos los mecanismos con el Decreto Legislativo N° 1560 para contratar un operador y le dé mantenimiento a la red o, en todo caso, tercerizarla temporalmente para que opere sus servicios en tanto se concesiona”, refirió Delgado.
No obstante, Walter Echevarría Alcántara, exdirector de ingeniería y operaciones de Pronatel, advirtió a Gestión que antes de proceder con una tercerización o la concesión definitiva es imperativo realizar un estudio detallado. Según su análisis, este diagnóstico debe ejecutarse en un plazo máximo de seis meses para determinar el valor real del proyecto.
Cualquiera que quiera entrar a operar va a querer saber la situación. Primero se tiene que hacer un diagnóstico, un inventario; luego de eso se realiza la concesión o tercerizas la operación. Solo así sabrás cuánto vale el proyecto y se encontrará un interesado real”, declaró.
Siguiendo este protocolo técnico, Echevarría subrayó que es viable lanzar una convocatoria el próximo año para que un operador especializado asuma el mantenimiento temporal de la red dorsal hasta que finalice el plazo contractual de Pronatel en 2027. Como se recuerda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la entidad rectora, extendió otros tres años este plazo para garantizar que un operador interino dé vida a la infraestructura. Sin embargo, el camino ha sido tortuoso: durante todo 2022 hubo tres procesos fallidos para encontrar un privado dispuesto a operar esta infraestructura. Luego, en abril del 2023 se reinició la búsqueda de un nuevo operador para la RDNFO, pero hasta la fecha no hay luces del caso.
Gonzalo Ruiz Díaz, economista Asociado de Macroconsult, advirtió que sería un error si Pronatel se convirtiera en el operador definitivo de la RDNFO. «Esa entidad solo se ha especializado en formular proyectos, pero no en operar redes», señaló al diario. Por ello, considera urgente designar a un operador temporal mientras se gestiona una solución permanente. En ese sentido, sugirió que el relanzamiento del proyecto sea entregado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Esta institución espera recibir el encargo formal del MTC, preferiblemente mediante un convenio, para estudiar un esquema que sea rentable y realmente promueva el acceso a Internet de alta velocidad. El problema principal que enfrenta la red es su costo actual. Para Pronatel, uno de los limitantes del uso de la RDNFO es el precio establecido por megabit, lo cual ha llevado a operadores privados a construir infraestructura propia y abandonar la red estatal. «En algunos momentos ya estamos llegando a la saturación y se tiene que cambiar equipos. ¿Por qué contratan? Porque necesitan redundancia en la conectividad», puntualizó el representante de Pronatel, quien reconoció que pese al alto precio existe demanda en Arequipa, Trujillo y Lima. Actualmente, gracias al acuerdo con Azteca, la tarifa se mantiene en US$ 23 por Mbps. Sin embargo, el costo real del mercado para redes de transporte oscila desde los US$ 2 por Mbps. Para corregir esta brecha, Delgado mencionó que el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para una actualización. Desde el jueves 7 de setiembre se reciben comentarios hasta por un periodo de 20 días. Aunque no dio cronogramas de lo que se espera después de cumplir ese plazo, el representante de Pronatel señaló que se busca ser competitivo en el mercado. Con la nueva propuesta, los costos bajarían drásticamente según el volumen contratado: en contrataciones de hasta 80 Mbps el pago sería de US$ 9.5 (sin IGV); entre 80 y 200 Mbps, el costo bajaría a US$ 3.5; de 200 Mbps a 1 Gbps, el valor sería de US$ 2.7; y para tráfico superior a 1 Gbps, la tarifa se fijaría en US$ 2 por megabit. Esta reducción busca incentivar nuevamente el uso de la infraestructura pública sin sacrificar la calidad del servicio.LEA TAMBIÉN: Azteca inicia arbitraje contra Perú en CIADI por red dorsal: US$ 180 millones en juego.
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El economista de Macroconsult, Ruiz Díaz, analizó las intenciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a la tarifa. Según su visión, el MTC busca equiparar los precios mensuales que se cobran por transporte de datos. “Lo que intenta el MTC es corregir un problema de diseño de la red dorsal que tiene una tarifa fija de US$ 23 para cualquier empresa que quiera contratar”, aseveró Ruiz Díaz. El experto señaló que esto ocurre porque en el mercado existen muchas redes privadas que ofrecen el mismo servicio a precios menores. Sin embargo, el analista remarcó que la propuesta actual de actualización es parcial y sugirió establecer un precio uniforme. “En aquellos mercados donde la red dorsal enfrenta competencia se fija un precio de mercado y en otras donde no hay competencia establece las tarifas más altas”, explicó Ruiz Díaz. Por ello, añadió que lo más práctico sería una tarifa plana, ya que resulta difícil identificar con precisión cuáles zonas tienen o no competencia.
Para el economista, otro tema crucial es asegurar que la red dorsal y las regionales tengan tarifas competitivas, dado que la infraestructura principal no llega directamente a los clientes finales. “¿A qué precio va a llegar la fibra óptica y la banda ancha a las escuelas, postas y comisaría? Uno de los grandes problemas que tienen los operadores es el costo de las redes regionales y eso se debe corregir”, acotó Ruiz Díaz sobre la necesidad de ajustar costos para mejorar la cobertura en servicios públicos. Coincidiendo con él, Echevarría, exdirector de ingeniería y operaciones de Pronatel, argumentó que rebajar la tarifa es un gran paso, pero no debería mantener un costo diferenciado según la ubicación geográfica del país. “Aunque esta propuesta tiene un año de retraso, si bajan los precios, las operadoras privadas dejarán de construir y utilizarán la infraestructura y no competirán con ellos”, afirmó Echevarría sobre el impacto en nuevos proyectos privados frente a la red estatal.
En cuanto al potencial técnico, Echevarría estimó que con tarifas más bajas se pueden duplicar los Gbps actuales. Según datos de Pronatel, la capacidad instalada actual es de 39 Gbps y su uso representa el 16% de dicha capacidad. “¿Cómo lo hacen? Tiene que generarse un plan de demanda con la Secretaría de Gobierno Digital y todas las operadoras verán la forma de cómo dar cobertura y se le dará mejor ancho de banda, mejores precios”, resaltó Echevarría sobre la gestión del espectro y el ancho de banda disponible.
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Lo que se viene realizando
Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, Javier Artica ha trabajado como redactor en Gestión. En el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio, ingresando previamente a formar parte del equipo de Perú21 en el 2009.
Dentro de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso, Ángel Paz, director de Ingeniería y Operaciones del Pronatel, detalló que la Red Dorsal Nacional (RDNFO) es el proyecto emblemático del sector telecomunicaciones más grande del Perú. Este esfuerzo implica tendir 13,640 kilómetros de fibra óptica para ofrecer conectividad e internet de alta velocidad a un total de 180 capitales de provincia de las 196 que tiene el país.
"Hay gran cantidad de entidades del Estado que están solicitando unirse a esta red, porque tienen el beneficio del ahorro de los US$ 23", sostuvo Paz. Explicó que, al no ser un operador comercial sino una entidad del Estado en servicio de telecomunicaciones —entregada temporalmente—, su propósito es brindar servicio a las entidades públicas y universidades.
Ya hay 148 instituciones conectadas a la Red Nacional del Estado (Rednace), entre ellas municipalidades provinciales, unidades de gestiones educativas, direcciones regionales de transportes, sedes judiciales y de la Policía Nacional del Perú. El funcionario añadió que realizaron optimización de tramos e implementación de monitoreos para determinar dónde se producen los cortes en la red dorsal.
"Recibimos muchos atentados de terceros, los cuales queman tramos de fibras o vandalizan los nodos", dijo Paz sobre las fallas técnicas. Además, el gobierno plantea que la reducción tarifaria empiece en 201 distritos asociados a 137 provincias.
La propuesta del Estado indica que estos precios se focalizarán en zonas sin presencia de operadores privados, como también en aquellas donde existe una muy alta concentración del mercado, es decir, lugares con limitada oferta del servicio de transporte de datos. La iniciativa busca rebajar tarifas para mejorar la accesibilidad digital en todo el territorio nacional.
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