Vladimir Cerrón Rojas, el exgobernador regional de Junín que recientemente reapareció en la vida pública tras anularse su prisión preventiva gracias a un fallo del Tribunal Constitucional, aún debe responder ante dos juicios orales pendientes. La suma de las condenas solicitadas por la Fiscalía asciende a 16 años de cárcel. Los procesos penales contra el exfuncionario comparten una característica central: en ambos se le acusa de colusión mediante concertaciones ilegales con consorcios para obras públicas.

En el caso del "Sistema eléctrico de Betania", fiscalía sostiene que Cerrón "concertó ilegalmente con el representante del Consorcio Eléctrico Perú para aprobar la prestación adicional de la obra N° 1 por un monto de S/1,236,484". Este proyecto de electrificación, que abarcaba ocho localidades de la cuenca del río Tambo, "carecía de sustento técnico y legal" según el Ministerio Público. Por ello, se pide siete años de prisión y el mismo lapso de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, la Procuraduría exige un pago solidario de S/4,158,722 por daño patrimonial y extrapatrimonial.

Por otro lado, en el primer juicio, el pedido fiscal es de nueve años de prisión e inhabilitación equivalente. Cerrón enfrenta también una reparación civil de S/3,680,241. Según la tesis fiscal, el exgobernador "concertó de forma ilícita con el consorcio Mrayan, a través de su gerente general Henry López, para defraudar patrimonialmente al Estado". Esta concertación se habría producido "al viabilizar la ejecución del proyecto de mejoramiento de la carretera Chucuró - Vista Alegre de Chicche - Ongos Alto - Huaycancha bajo la modalidad de Asociación Público Privada", indica el documento.

La audiencia más reciente de este proceso se llevó a cabo el último martes 18, donde Cerrón estuvo presente virtualmente y negó los cargos. Asimismo, también asistió ayer a la audiencia del otro juicio oral relacionado con el sistema eléctrico. Así, tras salir de prisión preventiva, el exlíder político debe enfrentar estas acusaciones que le piden más de una década en reclusión si prosperan las demandas del Ministerio Público.

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