El Niño: las 12 medidas que se plantean para no repetir los errores de 2017

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha enviado al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, una propuesta con 12 medidas diseñadas para frenar el impacto económico del Fenómeno de El Niño. La iniciativa busca evitar que se repita la emergencia vivida en 2017, actuando antes de que llegue septiembre, la etapa crítica de lluvias.

"La experiencia ha demostrado que actuar después de la emergencia resulta más costoso y menos efectivo. El país necesita decisiones inmediatas que fortalezcan la prevención, protejan a la población y aseguren la continuidad de la actividad económica", señaló la CCL.

Proteger la actividad económica

Uno de los ejes centrales es evitar la pérdida de liquidez en las empresas ubicadas en zonas afectadas o interrupciones en sus cadenas de suministro. Para lograrlo, se solicita un Decreto de Urgencia que reactive financieramente a las MYPE y a las compañías en emergencia. Este mecanismo contemplaría líneas de garantía y la reprogramación de deudas.

A esto se sumarían facilidades tributarias para los contribuyentes de distritos declarados en emergencia. Estas medidas incluirían el aplazamiento del IGV y del Impuesto a la Renta, fraccionamientos especiales y la suspensión de intereses moratorios.

Otro planteamiento clave es fortalecer el FONDES como un fondo de contingencia climática plurianual con reglas estandarizadas. La propuesta establece que los recursos puedan desembolsarse en un máximo de siete días, garantizando así que el financiamiento esté disponible antes de que se produzcan los mayores daños.

"La experiencia ha demostrado que actuar después de la emergencia resulta más costoso y menos efectivo". La Cámara de Comercio de Lima presenta una propuesta que busca prevenir errores del pasado, tomando como referencia directa la experiencia de 2017. El objetivo es definir las instituciones encargadas de la recuperación antes de que ocurra la emergencia y no después de los daños. Para lograr esto, se plantea activar anticipadamente un marco institucional especial destinado a la rehabilitación y reconstrucción. En infraestructura, el esquema incluye un régimen simplificado de contratación pública de emergencia para ejecutar obras clave como descolmatación de ríos, encauzamientos, defensas ribereñas y limpieza de drenajes pluviales. Este proceso incorporaría control concurrente de la Contraloría desde el inicio de las obras. Paralelamente, se propone reforzar la transparencia mediante un tablero de ejecución en tiempo real y reportes periódicos al Congreso sobre los fondos destinados a enfrentar el Fenómeno El Niño. Otro punto crítico es la continuidad de la infraestructura logística. La propuesta plantea realizar acciones preventivas en accesos a puertos del Callao, Paita y Chancay, así como en corredores viales del norte e infraestructura aeroportuaria para reducir el riesgo de interrupciones en el traslado de mercancías. Finalmente, se plantean implementar facilidades aduaneras y tributarias para la importación de bienes de emergencia y donaciones. Esto incluiría despachos urgentes y exoneraciones puntuales y temporales que permitan acelerar el ingreso de ayuda humanitaria e insumos destinados a las zonas afectadas, asegurando una respuesta rápida ante cualquier eventualidad climática futura.

Sobre el empleo, la propuesta incluye un régimen temporal de flexibilidad laboral ágil. Esto permitiría implementar teletrabajo, modificar jornadas y horarios, o cambiar excepcionalmente el centro de labores; además, se aplicaría suspensión perfecta de labores ante paralizaciones efectivas.

Vivienda y recuperación de las familias

En cuanto a vivienda, se busca estandarizar bonos de arrendamiento temporal y reubicación para familias en riesgo. Asimismo, se establecerá un mecanismo acelerado de acceso al programa Techo Propio durante la etapa posterior de reconstrucción.

Actividades productivas

Finalmente, la CCL propone ampliar el Seguro Agrario Catastrófico y extender un seguro paramétrico a la pesca artesanal en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Para empresas ubicadas en zonas declaradas en emergencia, se contempla un régimen temporal de alivio regulatorio y simplificación administrativa. Estas medidas buscan proteger el tejido productivo y social frente a los impactos del fenómeno.

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