La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió esta tarde en el Palacio de Gobierno a Carlos Víctor Guillermo Torres Morales. El encuentro se registró entre las 2:19 p. m. y las 3:10 p. m., según los datos del Despacho Presidencial. Este es el hermano del actual titular del Senado, Miguel Torres Morales, quien fue investigado por el caso Limasa.

Coincidentemente, mientras ocurría esta reunión, Fujimori Higuchi sostuvo en paralelo una sesión de trabajo con empresarios ecuatorianos y mexicanos. Entre los asistentes figuraban Darío Herrera Falconez, exministro de Obras Públicas durante la gestión del expresidente Guillermo Lasso; además estuvo Juan Manuel González Lelo de Larrea, gestor del fondo Larrea Capital.

Otro participante fue Carlos Cueva González, fundador y presidente del directorio del Grupo Difare. También asistió José Pileggi Véliz, propietario de Pileggi Construcciones C. Ltda., expresidente del Club Sport Emelec; y Roberto Salas Guzmán, presidente de Succexion y fundador en InfraMonitor.

Cerró la lista Jorge Roger Porras Zambrano, analista político autodenominado embajador global por la paz. Por su parte, el abogado Carlos Torres Morales se graduó de la Universidad de Lima. Asimismo, según su perfil de LinkedIn, se desempeña como socio principal del Estudio Torres y Torres Lara Abogados, donde lidera las áreas de derecho comercial, corporativo, societario y asociativo.

Precisamente, el vínculo de Carlos Víctor Torres Morales con la familia Fujimori es más antiguo que su aporte reciente. En abril de 2024, la Fiscalía archivó la investigación del caso Limasa, en la que el abogado figuraba como investigado junto a Kenji, Sachi e Hiro Fujimori, quienes también quedaron absueltos. «Se declara: No haber mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Kenji Gerardo Fujimori Higuchi, Hiro Alberto Fujimori Higuchi, Sachie Marcela Fujimori Higuchi, Vladimir Aleis Ortega Vidal, José Antonio Begazo Ramos, Marco Antonio Ynaba Reyna, Miguel Ángel Ramírez Huamán, Arturo Makino Miura, Carlos Víctor Guillermo Torres, Miguel Ángel Torres Morales, Marc Koenig y Daniel Scott Matson», señala la resolución del Ministerio Público. De hecho, Torres Morales fue uno de los tres letrados del bufete que aportó cerca de S/ 6600 para financiar la estrategia legal de Fuerza Popular en la segunda vuelta presidencial de 2021. Este esfuerzo se dio tras las denuncias de presunto fraude en los comicios que dieron el triunfo al hoy condenado expresidente Pedro Castillo. En la información financiera entregada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la agrupación fujimorista reportó que los pagos a trece firmas de abogados —incluido el Estudio Torres y Torres Lara— correspondieron a servicios de asesoría legal externa y a búsquedas en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Así se detalló el flujo económico que vinculó al despacho jurídico con la campaña electoral, justificando los recursos bajo la categoría de consultoría especializada.

La fiscalía determinó no procesar al abogado Carlos Víctor Guillermo Torres Morales por lavado de activos en agravio del Estado. El caso Limasa, surgido de presuntas irregularidades ocurridas entre 2014 y 2016 en la empresa homónima, fue descartado pese a que el Ministerio Público obtuvo datos financieros y declaraciones de testigos sin lograr verificar las imputaciones. Sin embargo, su perfil profesional se mantiene vigente como proveedor del Estado desde 2013. El abogado ha registrado órdenes de servicio por un monto total de S/ 65 897.57 a favor de instituciones clave. Entre sus clientes públicos figuran el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Provías Nacional, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Educación. Las consultorías brindadas por el hermano del senador Miguel Torres Morales se centraron en áreas específicas como procesos arbitrales y capacitaciones técnicas. Estas actividades tuvieron como objetivo el desarrollo de modelos jurídicos y cooperativos para asociaciones y sociedades mercantiles. A pesar del antecedente penal archivado, su relación contractual con el sector público continúa activa en diversas entidades gubernamentales que requieren servicios legales y de asesoramiento estratégico.

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