Diana Paico, fiscal provincial anticorrupción, solicitó siete años de prisión para Juan José Santiváñez por presunta colusión simple con agravante. La acusación gira en torno a la contratación de Anatoly Bedriñana Córdova como consultor del FAG en 2024 y se remonta al 16 de abril de ese año, cuando Santiváñez lideraba el Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior. Según la investigación, habría coordinado irregularmente dicha incorporación y gestionado su currículum para agilizar el proceso.

Adicionalmente, el Ministerio Público pide 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pérdida de títulos honoríficos a Santiváñez, medida que también alcanza a otros exfuncionarios vinculados al caso. Para Bedriñana Córdova, se requiere cinco años de prisión efectiva sumado a 15 años de inhabilitación, mientras que contra el exviceministro Julio Díaz Zulueta la Fiscalía exige cuatro años de cárcel y diez de prohibición para ejercer.

En este contexto, los hechos denuncian una gestión cuestionada dentro del entorno ministerial que derivó en estas solicitudes penales. Cabe destacar que las penas solicitadas buscan sancionar no solo la acción concreta, sino también el ejercicio futuro de funciones públicas por parte de los implicados.

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