El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional suspendió una audiencia clave contra el procesado Vladimir Cerrón. La nueva cita se fijó para el martes 25 de agosto, tras un revés administrativo que obligó a repetir la sesión por inasistencia.
Todo comenzó cuando la defensa técnica del fundador de Perú Libre no compareció al tribunal. Ante este incumplimiento, el juez Wilson Verástegui Gálvez ordenó notificarlo en su domicilio y le dio un plazo perentorio de 24 horas para que designara a un nuevo abogado defensor.
Dicha resolución busca salvaguardar el derecho a la defensa y garantizar la continuidad de la etapa intermedia previa al juicio oral. El magistrado advirtió explícitamente que, si no se registra una acreditación de abogado particular dentro del tiempo otorgado, procederá a asignar un defensor público para evitar dilaciones en el trámite.
Esta decisión judicial responde al proceso penal que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de afiliación a una organización terrorista y obstrucción a la justicia. La resolución emitida en octubre de 2025 comprendió el auto de enjuiciamiento sustentado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco.
El requerimiento fiscal formulado por el fiscal adjunto Carlos Juan Ponce Facundo es contundente: solicita una condena de 25 años de prisión para el imputado. La acusación del Ministerio Público sostiene que Cerrón Rojas se incorporó al denominado Militarizado Partido Comunista del Perú entre octubre y diciembre de 2017.
Más allá de la afiliación, la fiscalía le atribuye la tarea específica de fortalecer las bases del Frente Único Democrático Revolucionario del Perú. Según los informes, su objetivo era expandir la doctrina de Sendero Luminoso e impulsar la toma del poder mediante armas. El Poder Judicial dio 24 horas al procesado para nombrar defensa en el caso donde la Fiscalía pide una pena tan severa.
De acuerdo con lo informado por Diario Correo, la sesión no pudo llevarse a cabo debido a esta falta de representación legal. Ahora el juzgado espera que Vladimir Cerrón cumpla con el plazo para evitar que se le asigne un defensor oficial y continúe con el control de acusación programado.
El expediente penal detalla que los cabecillas terroristas Víctor Quispe Palomino, alias «José», y Florabel Vargas Rojas, alias «Vilma», habrían dispuesto el envío de memorias USB con material doctrinario a través de emisarios para su distribución a dirigentes políticos. El proceso incluye como coacusados a los congresistas Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ugarte por presuntos vínculos con los mismos canales de comunicación de la organización subversiva.
La segunda imputación atribuida a Vladimir Cerrón corresponde a presuntas maniobras para entorpecer las investigaciones fiscales de la carpeta N° 33-2021. La fiscalía sostiene que el procesado coordinó con el abogado Jhon Benites Tangoa el ofrecimiento de dinero en efectivo, asilo político y protección familiar al testigo Bobby Eddy Medina Villarroel a cambio de retractarse de sus declaraciones.
El informe fiscal consigna la entrega de un adelanto de S/ 1000 entregado al testigo el 20 de septiembre de 2021 en la Plaza San Martín de Lima para evitar su comparecencia ante las autoridades de Huánuco. Por estos hechos, la Procuraduría Pública solicitó el pago de reparaciones civiles solidarias de S/ 100000 por el delito de afiliación terrorista y S/ 30000 adicionales por la presunta obstrucción procesal.
En este contexto se reprograma su audiencia tras la inasistencia del defensor. La Procuraduría Pública solicitó el pago de reparaciones civiles solidarias de S/ 100000 por el delito de afiliación terrorista y S/ 30000 adicionales por la presunta obstrucción procesal.
El expediente penal detalla que los cabecillas terroristas Víctor Quispe Palomino, alias «José», y Florabel Vargas Rojas, alias «Vilma», habrían dispuesto el envío de memorias USB con material doctrinario a través de emisarios para su distribución a dirigentes políticos. El proceso incluye como coacusados a los congresistas Guillermo Bermejo Rojas y Guido Bellido Ugarte por presuntos vínculos con los mismos canales de comunicación de la organización subversiva.
La segunda imputación atribuida a Vladimir Cerrón corresponde a presuntas maniobras para entorpecer las investigaciones fiscales de la carpeta N° 33-2021. La fiscalía sostiene que el procesado coordinó con el abogado Jhon Benites Tangoa el ofrecimiento de dinero en efectivo, asilo político y protección familiar al testigo Bobby Eddy Medina Villarroel a cambio de retractarse de sus declaraciones.
El informe fiscal consigna la entrega de un adelanto de S/ 1000 entregado al testigo el 20 de septiembre de 2021 en la Plaza San Martín de Lima para evitar su comparecencia ante las autoridades de Huánuco. Por estos hechos, la Procuraduría Pública solicitó el pago de reparaciones civiles solidarias de S/ 100000 por el delito de afiliación terrorista y S/ 30000 adicionales por la presunta obstrucción procesal.
En este contexto se reprograma su audiencia tras la inasistencia del defensor. La Procuraduría Pública solicitó el pago de reparaciones civiles solidarias de S/ 100000 por el delito de afiliación terrorista y S/ 30000 adicionales por la presunta obstrucción procesal.
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