Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra), advirtió que en agosto la situación rebalsó: «En vez de mermar las muertes de transportistas se ha incrementado mucho más, hay más ataques por parte de los criminales». Durante una entrevista con Canal N el 19 de agosto, el dirigente explicó que ya casi el cien por ciento de las empresas pagan cupos a organizaciones criminales y que la inseguridad afecta directamente la continuidad del servicio. Esto se suma al registro de ciento sesenta y tantos muertos en lo que va del año, según los datos de los gremios.
Frente a este panorama, el sector convoca al Gobierno para exigir respuestas frente a una ola de extorsiones, asesinatos y amenazas contra conductores y empresas. La medida tiene fecha límite: este martes 25 de agosto dejarán de circular unos 15 mil vehículos en Lima y Callao. Sin embargo, la protesta podría quedar sin efecto si el Ejecutivo logra convocar a dialogar antes de esa fecha.
Los organizadores aclaran que buscan realizar un «apagado de motores» como forma de protesta y aseguran que no pretenden generar confrontaciones. Cabe destacar que, aunque se ha convocado la paralización generalizada, otro grupo de transportistas ya adelantó que no acatará la medida.
La convocatoria llega después de varias semanas marcadas por ataques contra trabajadores del volante. Los dirigentes sostienen que el cobro de cupos se ha extendido entre las empresas y que la inseguridad impacta los costos asumidos por los usuarios, poniendo en riesgo su supervivencia económica y profesional.
El paro de transportistas programado para el martes 25 de agosto podría dejar sin servicio a miles de usuarios en Lima y Callao, según advierte Anitra. Más de 15 mil unidades quedarían fuera de circulación, afectando rutas urbanas e interprovinciales en los distintos distritos. La Unión Gremial de Lima y Callao justifica la medida tras diversos atentados contra conductores, cobradores y pasajeros ocurridos durante agosto. Entre estos casos destaca el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos.
Aunque los gremios sostienen representar a más del 80 % del servicio regular de la capital y el primer puerto con adhesión de organizaciones urbanas, el paro no cuenta con respaldo unánime. Julio Raurau, presidente del Consorcio de Empresas de Transporte (Conet Perú), afirmó que su organización no acatará la medida porque “no ha habido coordinación” con los otros frentes.
Raurau precisó que Conet Perú agrupa “entre 200 a 300 empresas de transporte” que continuarán trabajando el día del paro. Entre las compañías mencionadas figuran VIPUSA, La 50 y Nueva América.
Mientras tanto, Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, dejó abierta la posibilidad de suspender la paralización si el Gobierno atiende su pedido de diálogo. “Nosotros con el mayor gusto deponemos el paro si es que somos escuchados”, declaró a Exitosa.
La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, dirigida por Héctor Vargas, cuestionó el Plan Escudo como medida preventiva para la jornada del 25 de agosto. Según el dirigente, esta estrategia no innova en nada. “Nunca hemos conversado sobre ello. De la noche a la mañana manifestaron que estaban implementando el Plan Escudo, que a criterio nuestro es más de lo mismo”, sostuvo frente a RPP Noticias. A pesar del patrullaje policial y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, los ataques contra organizaciones dedicadas a la extorsión continúan sin control.
El líder gremial señaló una falla crítica en la respuesta estatal: “Pero ahí no vemos labor de inteligencia”, manifestó al referirse a las acciones contra el sicariato y la extorsión en terminales y patios de maniobra. Por ello, los transportistas exigen propuestas concretas para desbloquear el conflicto que paralizará a 15 mil unidades en Lima y Callao. Entre las demandas figuran el fortalecimiento de unidades policiales y fiscales especializadas en sicariato y extorsión, además del control de comunicaciones desde los penales y la presencia permanente de agentes en paraderos de alto riesgo.
Asimismo, plantean crear un fondo de apoyo económico para las familias de los conductores fallecidos y participar activamente en la elaboración de una nueva estrategia de seguridad ciudadana. Hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta formal sobre estas solicitudes. La Unión Gremial ha condicionado el levantamiento de la protesta a una reunión directa con el Ejecutivo. “El solo hecho de saber que vamos a conversar con el Ejecutivo y que nos digan cuál es su política en materia de seguridad ciudadana haría que levantáramos el paro”, señalaron desde el sector. La respuesta oficial determinará si las calles se liberan este martes o si la parálisis persiste por más tiempo.
Martín Valeriano demandó a la presidenta Keiko Fujimori que presente su plan frente a la criminalidad, argumentando: «Creemos que no hay un liderazgo que enfrente este tema de la inseguridad». La Unión Gremial ha insistido en que la medida será pacífica y que no busca perjudicar a los pasajeros. «No exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos», expresó.
Lima y Callao llegan al martes 25 de agosto con una incertidumbre que también alcanza a los usuarios. Por un lado, los gremios que impulsan el «apagado de motores» mantienen su exigencia de diálogo y soluciones; por otro, empresas que no respaldan la protesta aseguran que continuarán prestando el servicio.
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