Juan José Santiváñez: Fiscalía pide 7 años de cárcel y 23 de inhabilitación por presunta colusión

La Fiscalía Anticorrupción, a través de la fiscal Diana Paico, ha formalizado un requerimiento acusatorio contra Juan José Santiváñez, exministro del Interior y Justicia. La tesis sostiene que el funcionario cometió colusión simple con agravante al intervenir irregularmente en la contratación de Anatoly Bedriñana Córdova como consultor FAG en 2024. El caso se remonta al 16 de abril de ese año, cuando Santiváñez dirigía el Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter. Según la investigación, revelada por El Comercio, el exministro recibió a Bedriñana en su despacho oficial para coordinar clandestinamente su ingreso bajo el Fondo de Apoyo Gerencial. Además, gestionó el currículum de su allegado y lo derivó al viceministro Julio Díaz Zulueta para tramitar los términos de referencia. La fiscalía considera la investidura que ostentaba Santiváñez como una condición agravante dentro del proceso penal, pues su cargo facilitó la comisión del ilícito. Por esta presunta colusión, el Ministerio Público solicita siete años de pena privativa de la libertad para el exministro. Asimismo, se pide 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pérdida de títulos honoríficos. La acusación también incluye pedidos específicos contra los otros exfuncionarios involucrados en la contratación del Viceministerio de Seguridad Pública, quienes serán coacusados en este expediente. La fiscal provincial anticorrupción imputa al exfuncionario la presunta comisión del delito ante el Poder Judicial. La investigación se sustenta en que Santiváñez habría facilitado de manera oculta la incorporación de Bedriñana, quien luego trabajó para el Ministerio del Interior. Los hechos ocurrieron en un contexto donde el exministro tenía acceso directo a las decisiones administrativas, lo que permitió derivar al consultor de manera irregular. La fiscalía asegura que esta acción vulneró los principios de transparencia y legalidad en la gestión pública. La acusación penal presentada ante el Poder Judicial comprende requerimientos específicos contra los otros exfuncionarios involucrados en la contratación del Viceministerio de Seguridad Pública.

Juan José Santiváñez rechaza la imputación y anuncia su defensa. En declaraciones brindadas a El Comercio, el exministro negó la totalidad de las acusaciones fiscales, calificando al documento como una pieza procesal débil y carente de sustento fáctico. Su equipo técnico se prepara para exponer los errores y deficiencias de la fiscalía durante la fase de control de acusación en la etapa intermedia del proceso penal.

Santiváñez argumentó que la contratación por el sistema FAG no se encuentra sujeta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, destacó que Bedriñana contaba con 25 años de experiencia laboral previa en el sector Interior antes de ser designado como consultor.

Por otro lado, para el coacusado Anatoly Bedriñana Córdova, el Ministerio Público solicitó una condena de cinco años de prisión efectiva y 15 años de inhabilitación pública. Además, la fiscalía requirió cuatro años de pena privativa de la libertad y 10 años de inhabilitación para el exviceministro Julio Díaz Zulueta.

El informe fiscal consigna que Bedriñana formalizó su renuncia al cargo el 7 de mayo de 2024, tras registrar escasas asistencias a la sede institucional del Mininter. La investigación apunta a presunta colusión entre los funcionarios y el consultor.

La Fiscalía investiga a seis sospechosos de incendio en La Victoria. Por su parte, Amazonas investiga a dos soldados por presuntos tocamientos. En Madre de Dios se decretó prisión preventiva para 21 investigados por minería ilegal.

También se reporta una agresión de fiscal a policía en Piura que podría derivar en destitución. Asimismo, la Fiscalía recupera restos de 27 víctimas en Huanta y La Mar. Finalmente, Germán Juárez fue suspendido por seis meses como fiscal superior tras los hechos ocurridos.

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