Mientras autoridades anticorrupción investigan a funcionarios cercanos al presidente Volodimir Zelensky en relación con una organización criminal, el exministro de Defensa Mykhailo Fedorov elevó la presión política sobre su gestión
Fedorov reclama que Ucrania busque urgentemente una vía legal para celebrar elecciones presidenciales, a pesar de la guerra activa con Rusia y la vigencia de la ley marcial desde el inicio del conflicto. En un video difundido, el exautoridad sostuvo que "la complejidad no significa imposibilidad" para restablecer los procedimientos democráticos, asegurando además que "Estamos luchando precisamente porque queremos seguir siendo un Estado europeo libre". Su pronunciamiento constituye uno de los cuestionamientos políticos más directos contra el funcionamiento del Estado ucraniano desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, aunque el exministro evitó mencionar expresamente al jefe de gobierno.
No obstante, las dificultades logísticas para convocar un sufragio son enormes. Cabe indicar que Ucrania mantiene vigente la ley marcial desde el inicio de la invasión rusa, una situación que impide actualmente la convocatoria electoral bajo el marco legal actual. La ex autoridad planteó que las autoridades deben diseñar un mecanismo específico que permita garantizar el voto de tres grupos críticos: los militares desplegados en el frente, los habitantes de las zonas cercanas a los combates y los ucranianos fuera del país.
Fedorov sugirió soluciones para estos casos, pero la realidad es dura. A las dificultades logísticas se suma la ocupación rusa de cerca de una quinta parte del territorio nacional. Además, más de un millón de personas están integradas en las Fuerzas Armadas, lo que complica aún más el censo electoral y los procesos de votación segura. El contexto bélico y esta nueva investigación por corrupción salpicada a la Oficina Presidencial crean una atmósfera de alta tensión política dentro del país, donde el debate sobre la legitimidad de las autoridades se intensifica en medio de la crisis humanitaria y militar.
Un desafío político para Zelensky
Detrás de sus declaraciones sobre transparencia, Fedorov, el exministro de Defensa de 35 años, se perfila como un actor clave en la política ucraniana. Aunque no confirmó una carrera presidencial ni presentó un programa electoral, su salida del Ministerio de Defensa en julio ya había detonado manifestaciones en Kiev y otros cambios en la estructura gubernamental. Durante su gestión, impulsó reformas en las Fuerzas Armadas tras haber ocupado previamente el Ministerio de Transformación Digital.
Su impacto político se refleja en cifras recientes: una encuesta del Centro de Investigación Social Socis, realizada a comienzos de agosto, lo situó tercero en una eventual primera vuelta con 13,1% de respaldo. En ese mismo ranking, el presidente Volodymyr Zelensky obtuvo 22,3%, mientras que Valerii Zaluzhnyi —actual embajador en Reino Unido y exjefe de las Fuerzas Armadas— alcanzó 21,4%. El sondeo proyecta además derrotas para Zelensky en una eventual segunda vuelta frente a estos dos candidatos.
"La gente no puede vivir indefinidamente en un Estado donde no entiende por qué se toman ciertas decisiones", cuestionó Fedorov. Su reclamo apunta a mayor transparencia y critica que la lealtad personal imponga al profesionalismo en los nombramientos públicos, una postura que resuena con el clima de debate sobre el rumbo del país.
Esa coyuntura coincide con una nueva ofensiva anticorrupción que alcanza a integrantes cercanos a Zelensky. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron una operación denominada 'Forrest Gump'. Esta investigación busca desmantelar una presunta organización criminal integrada por antiguos y actuales diputados, altos funcionarios de la Oficina del Presidente y otras personas vinculadas al entorno presidencial.
El caso 'Midas', una investigación de mayor envergadura sobre presuntos sobornos y lavado de dinero, ha desatado registros en dependencias vinculadas con Irina Mudra, quien entonces era jefa adjunta de la Oficina Presidencial. Posteriormente destituida, su nombre aparece junto al empresario y diputado Vadim Stolar, así como funcionarios del Ministerio de Justicia y representantes del sector bancario, según los investigadores.
Dentro de esta trama, una figura central es Timur Mindich, copropietario de Kvartal 95, productora que mantiene vínculos con Zelensky desde su etapa previa como humorista. Actualmente prófugo, Mindich es señalado como presunto responsable de una estructura que habría cobrado sobornos a contratistas de Energoatom, la estatal que opera las centrales nucleares ucranianas.
Las pesquisas apuntan a pagos ilícitos por unos 90 millones de euros, además de mecanismos diseñados para blanquear parte de esos fondos. Para ocultar el origen de estos recursos, se investigan el uso de empresas pantalla y operaciones inmobiliarias. La investigación también ha alcanzado al entorno político del presidente: Andri Yermak, antiguo jefe de Gabinete, fue detenido en una derivada del caso y posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza de 140 millones de grivnas.
Este nuevo escándalo llega mientras el ex ministro de Defensa exige elecciones presidenciales. La situación se complica aún más para Zelensky, quien ahora es salpicado por esta nueva denuncia que pinta con tinte oscuro a su círculo cercano y cuestiona la transparencia en los contratos estatales.
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