Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, cuestionó en RPP el Plan Escudo, una estrategia del Gobierno de Keiko Fujimori diseñada para combatir la extorsión y los ataques contra el sector. Sin embargo, el dirigente afirmó que las medidas aplicadas hasta ahora no han arrojado resultados favorables, mientras el transporte atraviesa una crisis sin precedentes por la inseguridad. Sus declaraciones surgieron tras reportarse dos hechos violentos recientes: un bus de Cruz del Sur recibió disparos en San Luis y un chofer de combi informal fue asesinado en el Cercado de Lima.

Durante la "Rotativa del aire", Vargas calificó la iniciativa como «más de lo mismo», argumentando que acciones similares ya se ejecutaron el año pasado. Según explicó, aquellas intervenciones no consiguieron reducir los atentados y la situación actual mantiene al transporte bajo amenaza constante. El representante gremial señaló que desde el inicio de esta estrategia han surgido nuevos ataques en distintos días, lo cual contradice el objetivo de brindar mayor seguridad a las unidades y trabajadores.

Uno de sus principales cuestionamientos recae sobre la inteligencia policial. El dirigente recordó que antes ya existía acompañamiento de agentes en los vehículos y presencia de efectivos en terminales; no obstante, la actual estrategia incorpora a las Fuerzas Armadas para esas labores de protección. «Decimos 'más de lo mismo', porque esto ya se hizo, el resultado lo conocemos», afirmó Vargas. Añadió que desde el año pasado que se implementó esto, a la fecha no ha disminuido la cantidad de atentados; por el contrario, se han incrementado.

El gremio mantiene su postura crítica ante la falta de impacto real en la reducción de la violencia armada contra sus miembros. La continuidad de estos hechos pone en duda la eficacia del nuevo enfoque operativo propuesto por las autoridades para garantizar la seguridad vial y laboral en Lima y Callao, sectores que dependen crucialmente del transporte público informal y formal.

Gremio exige conocer las acciones del Gobierno contra la inseguridad

Hasta este miércoles, los transportistas no habían sido recibidos por las autoridades a pesar de solicitar una reunión con Keiko Fujimori y representantes del Ejecutivo. El dirigente Héctor Vargas afirmó que esta falta de respuesta ha llevado al sector a plantear un paro para el 25 de agosto, medida que podría levantarse si el Gobierno acepta dialogar y expone sus planes contra la extorsión y los ataques.

Vargas precisó que el gremio necesita conocer qué política de seguridad ciudadana aplicará el Ejecutivo en los próximos meses. Su intención es establecer una coordinación que permita definir acciones frente a los delitos que afectan al transporte público, buscando anticipar los atentados y no limitarse solo al resguardo.

En este contexto, se presenta el Plan Escudo, una estrategia destinada a reforzar la protección del transporte público frente a la delincuencia. La intervención contempla la participación de efectivos de la PNP y las Fuerzas Armadas en puntos vinculados con las operaciones de las empresas, así como presencia de personal de seguridad en patios de maniobra y otros lugares estratégicos.

También se incluye el acompañamiento de unidades y acciones de vigilancia para reforzar la protección durante el servicio. Además del despliegue operativo, el plan considera labores de inteligencia para identificar a los responsables de los ataques. Sin embargo, Vargas considera este componente insuficiente, pues sostiene que la respuesta estatal debe permitir anticipar los atentados y no limitarse al resguardo de las unidades, argumentando que se trata de «más de lo mismo».

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