Casi doce años tras el trágico asesinato de cuatro líderes indígenas en Alto Tamaya-Saweto, la justicia avanza. La Policía Nacional detuvo a Hugo Soria Flores, quien enfrenta una condena de 28 años y tres meses por el homicidio de Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez. El operativo tuvo lugar el martes 18 de agosto en la avenida Aviación, Manantay; Soria, de 58 años, fue capturado tras un denso trabajo de inteligencia de la Región Policial Ucayali. La sentencia lo señala como autor mediato del crimen calificado, junto con José Carlos Estrada Huayta, quien también figura en esta lista de responsables. Por su parte, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix fueron condenados como coautores directos. Organizaciones indígenas confirmaron que Soria permaneció prófugo desde 2024 e ingresó a la categoría «Los más buscados» del Programa de Recompensas del Ministerio del Interior apenas inicios de este año. Esta captura marca un hito en el proceso penal, pero no es el único logro reciente. En poco más de tres meses, se han logrado dos capturas clave del caso Saweto. El 4 de mayo de 2026, la Policía logró apresar a José Estrada Huayta en el distrito de Campoverde, provincia de Coronel Portillo. Estrada, empresario maderero y también declarado autor mediato, había permanecido prófugo aunque su condena fuera confirmada en segunda instancia. Tras su detención, fue puesto a disposición para cumplir la pena impuesta por el tribunal. La imagen adjunta ilustra el contexto del operativo: . El caso Saweto sigue siendo una de las causas más complejas y sensibles para la región Ucayali, donde el Estado lucha por restablecer la justicia tras años de impunidad y violencia contra el tejido social indígena. La detención de Soria y Estrada demuestra que la persecución penal continúa activa, aunque muchos interrogantes sobre las dinámicas del crimen permanecen sin respuesta pública completa. El origen del caso Saweto se remonta al 1 de septiembre de 2014. Ese día, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo recorrían a pie el último tramo de un viaje desde Alto Tamaya-Saweto hacia la comunidad indígena Apiwtxa, en el estado brasileño de Acre. Allí participaban en una reunión para abordar estrategias frente a la tala ilegal, pero fueron emboscados y asesinados en la zona fronteriza de Ucayali. Antes del crimen habían denunciado reiteradamente la extracción ilegal de madera y las amenazas vinculadas con la defensa del territorio de su comunidad. Diez años después, la justicia dictó condena contra los responsables. Sin embargo, las familias y organizaciones indígenas exigieron que estas sentencias no quedaran únicamente en el papel. Ante esos reclamos, el Ministerio del Interior incorporó a Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Atachi Félix al Programa de Recompensas en febrero de 2026. Por cada uno se ofrecía una recompensa de S/50 000 a cambio de información que permitiera ubicarlos. Con Estrada detenido en mayo y Soria capturado este 18 de agosto, dos de los cuatro sentenciados ya están bajo custodia. A pesar de este avance parcial, el caso mantiene una tarea pendiente: hacer efectiva la pena contra todos los responsables condenados por la justicia. Josimar y Segundo Atachi Félix, quienes fueron condenados como coautores del asesinato, continúan sin ser capturados. La situación refleja la dificultad para cerrar completamente un proceso que tardó más de una década en llegar a este punto. Mientras se busca a los restantes fugitivos, las víctimas siguen esperando justicia plena. El Estado peruano debe demostrar que sus compromisos con el Programa de Recompensas son reales y no solo una medida formal. La captura de Soria es un hito importante, pero la paz social requiere que también se detengan a Josimar y Segundo Atachi Félix para finalizar este capítulo oscuro en la historia del conflicto agrario y territorial en Ucayali. El caso Saweto atravesó un camino judicial largo, lleno de investigaciones, fallos y apelaciones que definieron el destino de los acusados. En febrero de 2023, un juzgado condenó a Hugo Soria, José Estrada y los hermanos Atachi a 28 años y tres meses de prisión efectiva. Sin embargo, esa decisión no fue definitiva: en agosto del mismo año, la Sala de Apelaciones anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. Este proceso reabierto comenzó en noviembre de 2023 y concluyó el 11 de abril de 2024 con una nueva sentencia que volvió a imponerles exactamente la misma pena. La decisión también fue apelada nuevamente, hasta que finalmente, el 25 de agosto de 2025, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó en segunda instancia los 28 años y tres meses de prisión efectiva. La Sala ratificó a Hugo Soria y José Estrada como autores mediatos y a Segundo y Josimar Atachi como coautores. Además, elevó la reparación civil hasta S/400 000 en total, equivalente a S/100 000 para la familia de cada uno de los cuatro líderes asesinados. Tras estas determinaciones, los magistrados dispusieron entonces la ejecución de la pena y su reclusión inmediata. El proceso enfrentó un nuevo episodio este año cuando se presentó un hábeas corpus a favor de Josimar y Segundo Atachi Félix buscando cuestionar las sentencias y llevar el caso nuevamente a juicio. El 3 de junio de 2026, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ucayali confirmó que esa demanda era improcedente, ratificando la decisión que ya había adoptado en primera instancia el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo. La Sala determinó que los cuestionamientos debían discutirse dentro del proceso penal ordinario, donde aún se encuentra pendiente un recurso de casación ante la Corte Suprema, cerrando así este capítulo procesal por ahora y manteniendo firme la condena histórica contra estos responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas en la región Ucayali.

El 29 de mayo, en Pucallpa, se celebró la audiencia de apelación del hábeas corpus, donde participaron la Procuraduría Pública del Poder Judicial y las defensas de las familias víctimas. La resolución judicial descartó que este mecanismo revise decisiones mientras existan recursos ordinarios, confirmando así la vigencia de las condenas establecidas. Esta captura de Hugo Soria marca un hito en el caso Saweto, una lucha por justicia que ya dura más de una década para las comunidades indígenas y sus familiares. Aunque dos sentenciados permanecían prófugos, ahora son dos los detenidos; sin embargo, aún falta ubicar a Josimar y Segundo Atachi Félix. Por su parte, Eurico Mapes Gómez, otro acusado vinculado al crimen que no fue juzgado en la misma causa, sigue siendo buscado por la justicia.

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