El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se pronunció sobre la moción de interpelación presentada en su contra. Según el funcionario, esta solicitud forma parte del mecanismo de control político del Congreso y afirmó que está dispuesto a responder las preguntas de los diputados si el pedido es aprobado por el pleno.
"Estoy a la espera de que se programe del pleno, que se vote, si se aprueba la moción de interpelación, iré a contestar con la mejor voluntad las preguntas de la representación nacional", dijo. Belaúnde subrayó su disposición para enfrentar los cuestionamientos como parte de sus funciones institucionales.
Respecto al paro de transportistas convocado para el 25 de agosto, el titular del Ministerio de Defensa reconoció que el reclamo del sector es legítimo debido a los años de exposición al sicariato y la extorsión. No obstante, pidió considerar que el actual Gobierno lleva 18 días de gestión.
"Yo lo que creo es que la población está en una situación y con una sensación de peligro que no es. Es una situación que hemos heredado y que estamos trabajando en combatir", expresó Belaúnde al abordar la percepción ciudadana sobre la seguridad.
Aseguró que se vienen preparando medidas para enfrentar la criminalidad, destacando que el Ejecutivo trabaja en modificaciones al marco legal que permitan una actuación más decidida contra las organizaciones criminales. "El gobierno está tomando y va a tomar cartas en el asunto", sostuvo el ministro.
Parte de esa solución estará vinculada al pedido de facultades legislativas delegadas que prepara el Gobierno. "Entiendo la indignación de tantos años expuestos al sicariato y a la extorsión, nacional, pero parte de esa solución va a estar en la solicitud de facultades delegadas", añadió.
"Necesitamos también modificar el marco legal para permitir, por ejemplo, una acción mucho más decidida", concluyó Belaúnde. El funcionario enfatizó que las acciones del Ejecutivo buscan combatir la herencia de inseguridad mientras se gestan cambios legislativos que otorguen mayores herramientas a la autoridad para actuar con firmeza contra los grupos delictivos.
En este contexto, el ministro reafirmó su compromiso con la defensa nacional y la seguridad ciudadana. La gestión actual, aunque breve en comparación con periodos anteriores, ya ha iniciado un proceso de implementación de estrategias contra la violencia organizada. El gobierno busca equilibrar las demandas sociales inmediatas con reformas estructurales a largo plazo.
Belaúnde indicó que el reclamo del sector transporte se entiende porque refleja una realidad vivida por muchas familias peruanas durante años. Sin embargo, también resaltó que las instituciones gubernamentales deben responder con acciones concretas y visibles para recuperar la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para garantizar su seguridad.
La solicitud de facultades delegadas se presenta como un paso necesario dentro de este proceso. Se espera que estas nuevas atribuciones permitan agilizar las intervenciones policiales y militares cuando sea requerido, sin necesidad de esperar por aprobaciones legislativas adicionales en cada caso específico.
Rafael Belaúnde confirmó que está aguardando la programación del pleno para responder con plena disposición a las preguntas formuladas. En ese contexto, el titular de Defensa resaltó los esfuerzos de coordinación entre instituciones clave para enfrentar la inseguridad. Explicó que el Consejo de Inteligencia Nacional congregó no solo a representantes de los sistemas estatales, sino también a ministros de Justicia, Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, junto al comandante general de la Policía y otros funcionarios. Además, se han establecido directas coordinaciones con el Ministerio Público y la Policía Nacional.
No obstante, Belaúnde avanzó sobre medidas concretas para combatir la extorsión y el sicariato. Una estrategia central será reforzar el control perimetral de los establecimientos penitenciarios, tarea que asumirá la participación directa de las Fuerzas Armadas. El objetivo es impedir el ingreso de teléfonos celulares, equipos electrónicos y otros objetos prohibidos dentro de las cárceles. Para lograrlo, se implementarán sistemas de escaneo y controles militares que deberán pasar tanto por las visitas como por el personal interno.
Esta acción se complementará con un fortalecimiento de la inteligencia operativa. Según el ministro, este mecanismo permitirá identificar y desarticular a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, actividad que constituye una de las principales fuentes del sicariato. Por otro lado, Belaúnde abordó las recientes inundaciones en Villa El Salvador, donde unidades del Ejército vienen realizando labores de limpieza y recuperación de calles, veredas y viviendas afectadas.
Asimismo, señaló que 13 colegios resultaron impactados por el agua, algunos habiendo sufrido situaciones similares el año pasado. Ante esta recurrencia, consideró necesario implementar una solución estructural definitiva para evitar que la zona vuelva a inundarse nuevamente en el futuro cercano.
Rafael Belaúnde adelantó que está a la espera de que se programe el pleno para responder con la mejor voluntad las preguntas sobre su gestión. El ministro también hizo referencia a otros asuntos de coyuntura, aclarando que los conflictos entre empresas mineras y trabajadores informales corresponden al ámbito del Ministerio de Energía y Minas.
Sobre las acusaciones relacionadas con aportes realizados a su organización política, Belaúnde afirmó que estas contribuciones se produjeron cuando no existía certeza sobre el resultado de las elecciones ni sobre su posterior incorporación al gabinete ministerial. De igual forma, mencionó como alternativa la instalación de un SARE, sistema de succión y derivación de aguas utilizado en otras regiones como Piura.
Dicha obra permitiría atender las acumulaciones de agua en una zona identificada como una depresión topográfica. A continuación, se muestran algunas noticias relacionadas con el tema:
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